Tráfico de influencias y daños al ecosistema son parte de las denuncias de los pobladores. “Aquí no se hizo consulta ciudadana y por más que demostremos las irregularidades que hubo en términos científicos, esto lo quieren aplicar sí o sí”, comentan.
Antes del segundo semestre de este año se debería aprobar en el Parlamento el proyecto de ley que busca evitar la especulación en los cambios de uso de suelo. La iniciativa que forma parte de la Agenda de Probidad y Transparencia ha tenido un avance lento en el Congreso.
Expertos y Parlamentarios llaman a los compradores de viviendas a no invertir apresuradamente en propiedades como respuesta a las campañas inmobiliarias de Compra sin IVA. Además, muestran preocupación por la desventaja que traerá la medida a la clase media.
Economistas y urbanistas calificaron la agenda de concesiones anunciada la semana pasada por la Presidenta Michelle Bachelet como “una señal para el mundo privado”. Sin embargo, existe un apoyo con moderación a que este conjunto de medidas pueda impulsar una economía que se encuentra disminuida.
Uno de los debate abiertos a partir de las revelaciones conocidas sobre el llamado caso Caval, tiene que ver con la eventual necesidad de que nuestro país se dote de una legislación que permita que el Estado, cuando se producen los cambios de uso de suelo, producto de la modificación de un plano regulador, por ejemplo, pueda acceder a una parte de la plusvalía que se genera en un determinado terreno, y que no sólo sea ganancia para los privados.
La reciente publicación del otorgamiento de un crédito para la empresa Caval, de la cual la nuera de la Presidenta Bachelet es dueña en un 50%, ha abierto el debate sobre las formas en las que los planes reguladores son modificados y los beneficios económicos que de ello obtienen privados y no el Estado. Patricio Herman presidente de la fundación Defendamos la Ciudad hace hincapié en la necesidad de promulgar una ley que permita al Estado capturar parte de esos beneficios. Por su parte autoridades de Rancagua y Machalí anunciaron que de cumplir las condiciones interpuestas por los municipios, aprobarán la modificación al Plan Regulador.
Fue acogida la petición de suspensión de los trabajos de construcción del mall Marina Arauco 2 que hizo el presidente de la fundación “Defendamos la Ciudad”, Patricio Herman, al director del Departamento de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar, Julio Ventura.
Patricio Herman, presidente de la fundación, estimó que los problemas en el norte del país y Valparaíso “no son tan graves” y aseguró que la Alianza está “enojada” porque la ministra derogó un decreto promulgado en los últimos días del gobierno anterior.
La Tercera Sala de la Corte Suprema anuló el permiso para edificar dos torres de departamentos, uno de los tantos proyectos habitacionales que complican a los vecinos del sector y que, según sostienen, genera un importante daño al santuario de la naturaleza que protege el campo dunar y sus zonas colindantes.
La decisión del ministerio de Vivienda y Urbanismo de derogar el Decreto N°1, celebrada por organizaciones ciudadanas, se suma a la permanente preocupación respecto de los planes reguladores y el poder del rubro inmobiliario para imponerse sobre los intereses patrimoniales de los barrios. Tal es el caso de la comuna de Independencia, a propósito de su nueva normativa. Desde el ámbito académico las inquietudes, además, radican en la fuerza que ha adquirido el derecho de propiedad y el tipo de relaciones con que se están construyendo las ciudades.
Vecinos de la Playa Grande de Quintay, situada en las cercanías de Valparaíso, reclaman que el Resort Santa Augusta está destruyendo el estero El Jote y la laguna que formaba variabilidades propias de los humedales ricos en biodiversidad.
Con el nuevo Plan Regulador Intercomunal de la Región de Valparaíso aprobado por la Contraloría General de la República, un instrumento que pone fin a la incertidumbre sobre el desarrollo de la zona y la planificación urbana, surgen nuevas posibilidades para los municipios, pero también diversas inquietudes sobre los impactos en la ciudadanía, así como respecto de la plusvalía e intereses inmobiliarios que se generarán a partir del cambio en el uso de suelos.
