El vocero nacional de Modatima y Premio Internacional de DDHH se refirió a la cruda situación que enfrentan miles de personas que, en medio de la pandemia, carecen de acceso a agua potable. “Éste debe ser un momento de inflexión para no volver al orden actual”, reflexionó en medio de la contingencia.
La acción judicial apunta a una omisión ilegal de la Gobernación Provincial de Petorca y la Secretaría Regional Ministerial de Salud, al no disponer de la cantidad suficiente de agua potable para abastecer a comunidades completas en las comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo, lo que pone en riesgo a la población ante la pandemia.
La iniciativa, presentada por el diputado Diego Ibáñez, busca entregarle facultades al Presidente de la República para que, en estado de excepción constitucional, asegure el uso prioritario de agua para consumo humano.
En la actualidad, algunos de los habitantes de las localidades ubicadas en la Región de Valparaíso reciben menos de 50 litros diarios por persona, que es el mínimo recomendado por la OMS.
En esa provincia de la región de Valparaíso, el 34 por ciento de la población corresponde a adultos mayores o niños y niñas, es decir, son grupo de riesgo sanitario ante la pandemia de COVID-19. “Las familias sólo cuentan con un tercio del volumen mínimo de agua recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que establece que deben ser entre 100 a 150 litros por persona al día”.
En una declaración firmada a fines de este mes, diversas organizaciones sociales exigen que se protejan las fuentes de agua y que se democratice la gestión de las mismas.
En el marco de la conmemoración del día mundial del agua, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dirigentes medioambientales, quienes hicieron un llamado a defender el agua como un derecho humano y a modificar los modelos de producción.
Como forma de paliar la crisis del agua en Petorca, dos empresas agrícolas de la zona entregarán este recurso al caudal que abastece de agua a las comunidades de la provincia. Sin embargo, desde Modatima señalaron que estas medidas son sólo un mecanismo de expiación de las industrias y que el Estado debería resolver este problema.
Una entrevista concedida a finales de enero por el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, al suplemento Pulso, develó los principales cambios que plantea el actual Gobierno para el Código de Aguas. De inmediato, dos puntos asomaron como esenciales dentro de la iniciativa: establecer de quienes son los derechos sobre el agua y definir que, otra vez, estos serán a perpetuidad.
El estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos señala que sus recomendaciones no fueron abordadas correctamente durante los últimos cuatro años. Desde el Movimiento Modatima, aseguran que “la respuesta de la autoridad ha sido completamente nula”.
Previo al lanzamiento del libro “Erosión de suelos y crisis hídrica: las sombras del modelo agroexportador de paltos”, la directora ejecutiva de Fundación Terram, detrás de la investigación, habló sobre el modelo agrícola chileno. Según señaló, Chile debiera exportar a países de la región, debiera establecer una mayor fiscalización sobre la transacción de derechos de agua y monitorear de forma más efectiva la cantidad de recursos hídricos.
Se trata de Los Andes, San Felipe, Quillota y Marga Marga.
