El abogado abordó la problemática que existe detrás de la ley del indulto a los ‘presos de la revuelta’, mientras espera que este debate “sirva para sensibilizar la gran relevancia que tiene el tema y podamos optar por unas medidas estructurales que permitan hacer cambios de verdad”.
El abogado de la Defensoría Popular afirma además que se ha hecho uso abusivo de la prisión preventiva como una “condena anticipada”.
“Esta es una noticia que nos golpea bien duro a mí y a mi familia”, sostuvo el propio Gustavo Gatica.
La defensa del otrora alcalde , encabezada por Eduardo Lagos, su representante legal, acudió a la Corte de Apelaciones de San Miguel argumentando que la medida de prisión preventiva es “desproporcionada”.
De esta manera, Aguilera se transforma en el segundo imputado en esta causa sobre corrupción que debe cumplir la medida cautelar de privación de libertad. El plazo para la investigación quedó fijado hasta el 27 de septiembre, aunque Fiscalía podría pedir una ampliación.
En la protesta exigieron que se revise a la brevedad el proyecto de indulto que se discute desde diciembre de 2020 en el Parlamento. Diputado Boris Barrera señaló que esta dilación es a propósito.
En una Carta Pública que suma la adhesión de casi un centenar de organizaciones, dirigentes sindicales e individualidades, la FENAFUCH exige la liberación de las y los presos políticos de la revuelta social.
La concurrencia a Santiago 1 tuvo como objetivo conocer la situación sanitaria y humanitaria en que se encuentran quienes están privados de libertad.
Los internos de diversas cárceles además acusan que en medio de la pandemia se les ha restringido la posibilidad de las visitas y de comunicación con sus familias. Según lo informado por la agrupación de apoyo a los presos, luego de la entrevista televisada de Mauricio Hernández Norambuena, Gendarmería ha implementado un protocolo de comunicación que prácticamente les imposibilita el tener contacto con sus cercanos.
Recordemos que la prisión preventiva ha estado fuertemente en la palestra a raíz de los llamados “presos de la revuelta”, quienes se encuentren cumpliendo esta medida, en muchos casos, sin tener pruebas concretas que la justifiquen, de hecho, gran parte de ellos han quedado, finalmente, libres.
De forma unánime, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió la solicitud que presentó la Fiscalía de La Araucanía, en contra de Carlos Alarcón, Raúl Avila y Braulio Valenzuela.
En entrevista con nuestro medio, el abogado y ex Fiscal Nacional del Ministerio Público descartó la existencia de presos políticos producto del estallido y criticó la “inconsecuencia” de un gobierno que no ha sabido reconocer explícitamente los graves atropellos a los derechos humanos ocurridos en Chile.
