La ONG Greenpeace denunció que los desastres ambientales protagonizados por la empresa en el país del norte, podrían replicarse en a pocos kilómetros de la Laguna San Rafael.
El petitorio tiene como contexto la actual crisis social, productiva, económica, sanitaria, ambiental y moral, consecuencia de más de tres décadas de imposición en el archipiélago de Chiloé de un modelo extractivista, productivista, exportador, que ha saqueado y destruido nuestro territorio y maritorio”, se lee en el comunicado difundido por las organizaciones sociales.
La información fue recogida después de años de litigio judicial con la industria, ya que ha sido negada constantemente por las compañías.
Peter Hartmann, director del Comité Nacional pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff) de Aysén, explicó que actualmente, al interior del área marina protegida Pitipalena-Añihué, existen ocho salmoneras, de las cuales siete tienen problemas de enfermedades hidrotransmisibles y tres están funcionando fuera de las áreas concesionadas de forma ilegal.
Desde Greenpeace critican la medida: “Si la idea prospera, sería como las visitas que se hacen a Chernobyl como ejemplo de destrucción del medioambiente”, dijo su director, Matías Asún.
A ocho meses del vertimiento de salmones descompuestos en las aguas de Ancud, los pobladores de Chiloé acusan a las autoridades de estar coludidos con las empresas de salmones. No conocen el real impacto de la contaminación en sus aguas y aseguran que hay trato discriminatorio en el proceso judicial que emprenden contra los funcionarios públicos y las empresas.
Entre las empresas que presentan mayor número de casos de caducidad prescrita según la Ley General de Pesca y Acuicultura, figuran Marine Harvest y su filial Salmones Tecmar, así como Multiexport y Los Fiordos.
Por la disminución de enfermedades, Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva interina de Oceana, espera que las industrias salmoneras acojan el fallo de la Corte de Apelaciones que las obliga a entregar información sobre uso de antibióticos.
Los dirigentes manifestaron su molestia con el Ejecutivo, mientras en otras zonas comienza a retomarse la normalidad, luego del acuerdo firmado el sábado.
El sacerdote se refirió a la crisis que vive la comunidad de Chiloé producto de la contaminación que afecta a las costas de la región de Los Lagos y de la que se responsabiliza a la industria salmonera. “Estas empresas han desaparecido la pesca artesanal”, señaló.
28 demandas que incluyen aspectos como la condonación de las deudas bancarias de los pescadores y la entrega de un bono permanente a los afectados por la presencia de la marea roja presentaron los integrantes de la mesa negociadora de Chiloé que se mantiene movilizada a la espera de las respuestas del Ejecutivo. Esto en media de la agudización del conflicto que mantiene paralizado el archipiélago desde hace una semana.
Apelar a la austeridad fiscal ante esta tragedia es un chiste de mal gusto. Sobre todo cuando el país conoce detalles de cómo el Ejército malgastó millones de dólares del erario público en fiestas y enriquecimiento ilícito. Lo que diferencia al movimiento social de Chiloé no es la movilización en sí misma, sino que el contexto histórico en el que se manifiesta.
