Por mayoría, se aprobó una indicación que permitiría a las isapres bajar la deuda de US$1.180 millones a unos US$470 millones. El Gobierno y parlamentarios oficialistas hicieron reserva de constitucionalidad.
La ministra vocera de Gobierno apuntó a que retomarán negociaciones luego de que la Cámara de Diputados rechazara uno de los puntos emblemáticos en la propuesta.
En entrevista con El Mercurio, el parlamentario de Demócratas reconoció que las relaciones con el Gobierno están dañadas tras esta primera votación, aunque ve una oportunidad de mejorar una reforma que es urgente para el bienestar de la ciudadanía.
El legislador comunista si bien consideró la aprobación de la idea de legislar la iniciativa como “un triunfo del Gobierno”, reconoció las dificultades que podría presentar la tramitación en la Cámara Alta. “Es un batalla difícil”, expresó.
Los ministros del Trabajo, Jeannette Jara, y de Hacienda, Mario Marcel, se refirieron a la votación. Jara dijo que “se aprobaron algunas cosas que parecían bastante ponderadas y normales, y se rechazaron otras que son muy insólitas”.
La iniciativa fue descartada en bloque por el oficialismo, demócratas e independientes, por lo que no continuará su tramitación legislativa. “Se les estaba tratando de hacer una pena remitida a personas que no se lo merecían”, dijeron en el sector.
En lo fundamental, el proyecto “regula el beneficio y modifica el lugar de cumplimiento de la pena privativa de libertad, reemplazándola por la reclusión domiciliaria total, en los casos y condiciones que indica”.
En la Democracia Cristiana coincidió con el Gobierno respecto a los beneficios que podría conllevar la alianza público-privada. Mientras en Chile Vamos insistieron en sus reparos sobre la gestión de la estatal.
En el oficialismo si bien valoraron las indicaciones del Ejecutivo a la iniciativa, reconocieron que “sin duda falta más”. Mientras, en la oposición criticaron que con las modificaciones presentadas “no llegamos a ninguna parte”.
La exautoridad sostuvo que con el proyecto inicial de ley corta el Gobierno y los legisladores se “pudieron dar cuenta de que era insuficiente”. Así, instó a aprovechar la crisis para “dar un salto” en materia de seguridad social del sistema privado.
A la vuelta de las celebraciones de año nuevo, la instancia deberá pronunciarse sobre el numeral 13 de la iniciativa, que además contempla los plazos que tienen las aseguradoras privadas para proponer el pago de la deuda con los afiliados.
Mientras tanto, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, sostuvo que “para hablar de las oposiciones, necesitamos llevar un solo candidato presidencial en dos años más”.
