Luego de la reunión del Comité Político en La Moneda, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz se plegó al “realismo sin renuncia” anunciado por la Presidenta en la previa, y sostuvo que el complejo escenario económico “nos va a obligar a hacer un ejercicio de gradualización” de las reformas.
Integrantes del Comité Político de La Moneda, así como parlamentarios de la Nueva Mayoría, emplazaron al Gobierno a que en la próxima designación del reemplazante del ex ministro Jorge Insunza, se les dé el espacio para hacer sus sugerencias, y evitar la situación ocurrida con el ex diputado del PPD, sin embargo, el Ejecutivo remarcó que esta es una facultad privativa de la Presidenta Bachelet.
El senador Jaime Quintana, presidente del PPD, le dio su total respaldo a la gestión del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, durante su intervención en el cónclave de la colectividad. Además, el parlamentario expresó el apoyo de su colectividad a que la nueva Constitución sea redactada a través de una Asamblea Constituyente.
El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche confirmó que la empresa realiza una auditoría en torno de los pagos por casi 1 millón dólares en asesorías a políticos, dirigentes y empresas vinculados a la Nueva Mayoría por informes entregados a la cuprífera entre los años 1997 y 2005. El ejecutivo de la cuprífera estatal explicó que estas asesorías habrían sido “trabajos por asignación directa”, en la que su legalidad se está analizando. Mientras la comisión de Minería decidió invitar en dos miércoles más a Landerretche para que dé las explicaciones del caso.
Desde el oficialismo descartaron que los trabajos hechos por el ex director del SII, Michel Jorratt para Giorgio Martelli en 2012 se hayan enmarcado en un proceso de pre campaña presidencial de Michelle Bachelet, y señalaron que la Mandataria sólo se hará cargo de los hechos ocurridos desde que anunció oficialmente su postulación a La Moneda. En tanto, la Alianza anunció que pedirán una comisión investigadora de la Cámara para indagar en los dichos de Jorratt, y citarán a declarar al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
Desde todos los sectores políticos reaccionaron con sorpresa y críticas frente a las declaraciones realizadas por el ex director del SII Michel Jorratt, en las cuales acusó presiones de parte del Ministerio del Interior para no seguir investigando en el caso de la emisión de boletas falsas a SQM. Desde el Ejecutivo señalaron que “si un fiscal estima conveniente tomar decisiones, va a contar con toda la colaboración por parte del Gobierno”.
Erika Silva, ex jefa de gabinete de la Dirección Sociocultural de La Moneda -la cual era dirigida por Sebastián Dávalos hasta el estallido del caso Caval-, fue removida de su cargo luego de sus polémicos dichos sobre la situación generada durante las vacaciones de la Presidenta en Caburgua, en los cuales criticó el rol jugado por el ministro Rodrigo Peñailillo porque “no fue capaz de dimensionar el impacto” de esta situación.
El oficialismo, casi en su totalidad, solicitó al Ministerio Público que acote el tiempo en su investigación en el marco del caso Penta y SQM, luego de finalizar uno de los comités políticos más tensionados del último tiempo. Los presidentes del oficialismo descartaron que esto signifique una amnistía o un “perdonazo”, pero sostuvieron que es necesario que la Fiscalía actué con rapidez y así evitar que se genere una ola de rumores y un ambiente de incertidumbre en el país.
Los ministros del Interior, Segegob, Segpres, Hacienda y Educación participarán de una extensión del comité político del Ejecutivo el que tendrá como prioridad la reforma educacional sus proyectos restantes y la relevancia que esta adquirirá en la agenda del gubernamental durante el segundo semestre. El inicio de éste se encuentra marcado por la persistencia de actores como la Iglesia, que se oponen, sin especificar, a la modificación.
El rechazo de la Nueva Mayoría a uno de los artículos de la partida de Educación del Presupuesto 2014 correspondiente a adelantar el beneficio de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el anuncio hecho por el Gobierno de presentar un proyecto de ley con discusión inmediata para que se revise el tema, provocaron duros enfrentamientos verbales entre ambos sectores. Entre tanto, expertos cuestionan fuertemente el sistema de subvenciones.
