Luego de que el SII decidiera no presentar querellas contra políticos investigados por financiamiento irregular, más voces se suman a la petición de entregar atribuciones a la Fiscalía para poder perseguir penalmente los delitos de “cuello y corbata”, sin tener que esperar el accionar del cuestionado servicio.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Iván Eduardo Álvarez Díaz a 5 años de libertad vigilada por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y devoluciones de impuestos improcedentes.
La petición de la Fiscalía de España a que en Chile se investigue a Endesa por dineros pagados a campañas políticas, ha generado reacciones adversas al actuar tanto del Ministerio Público, como del SII, debido a que los antecedentes existían desde hace más de 15 meses. Parlamentarios de Chile Vamos acusaron parcialidad en el trato del SII, en tanto el abogado Mauricio Daza criticó la “inacción” de las instituciones fiscalizadoras.
La entidad presentó tres querellas, dos están relacionadas con el caso SQM, involucrando a 10 personas, y la tercera se dirige contra cinco contribuyentes anteriormente querellados en el caso Penta.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago complica el futuro de las investigaciones judiciales sobre financiamiento ilícito de la política debido a que el argumento de la prescripción puede ser utilizado por las defensas de otros inculpados.
El abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, criticó la labor que ha tenido el servicio en la investigación de casos relacionados de corrupción y advierte que los procesos pueden terminar en la impunidad.
El fiscal a cargo de la investigación, Manuel Guerra, señaló que “vamos a formalizarlo tanto por hechos respecto de los cuales hay querella del SII, como también por hechos respecto de los cuales hasta el día de hoy no tenemos querella del Servicio”.
El senador y precandidato presidencial, Manuel José Ossandón planteó que RN debe llevar un candidato directo a la presidencial, dado que Chile Vamos no ha sancionado a los militantes involucrados en financiamiento irregular de campañas. “Piñera es el candidato de Chile Vamos”, aseguró.
Preocupación ha generado la revelación de ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos que afirma haber escuchado sobre estas irregularidades. Dicho testimonio es parte de la investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Gajardo en contra del grupo económico, de propiedad de Carlos Délano y Carlos Lavín.
A lo de Orpis, se suma la querella presentada en contra del ex senador Carlos Ominami por boletas ideológicamente falsas. En tanto, el senador gremialista habría presentado su renuncia al partido, la que fue rechaza por Hernán Larraín.
Ricardo Lee, representante legal de la Sociedad Alerce Talleres Gráficos, empresa que prestó servicios a la campaña senatorial de Carlos Ominami, insiste en que fue el ex ministro de Economía quien le solicitó que las facturas fueran dirigidas a la empresa minera no metálica, por un total de 150 millones de pesos.
El Octavo Juzgado de Garantía decretó arraigo nacional y firma mensual para doce de los trece formalizados, solo Edgard Pinto, vinculado al Grupo Cruzat, quedo con la cautelar de arresto domiciliario total. En tanto, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal en contra de ocho de los imputados.