Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto de reforma constitucional vuelve a la Cámara de Diputadas y Diputados para su revisión en tercer trámite legislativo, votación que se llevará a cabo en una sesión especial citada para este viernes.
Desde el sindicato internacional respaldaron las movilizaciones impulsadas por la Unión Portuaria de Chile en contra de la decisión del Gobierno de acudir al TC para frenar el retiro provisional. “Los trabajadores portuarios del mundo miramos con preocupación la situación política y económica chilena”, advirtieron en un comunicado.
El caso de la joven violada por un isleño que pidió aplicación de la llamada Ley Pascua que prescribe una rebaja en la condena y que la mayor parte de ésta pueda ser cumplida en libertad, fue conocido desde junio pasado por el TC. Para la abogada de la Universidad de Chile, el fallo dado a conocer el viernes recién pasado representa un avance pues se redactó con perspectiva de género.
Los diputados Juan Antonio Coloma y Renzo Trisotti se encargaron de coordinar los apoyos de la bancada gremialista al texto del requerimiento ante el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes. La presentación fue asesorada por la Fundación Jaime Guzmán.
La senadora por región de Atacama analizó lo sucedido el jueves en el Senado y levantó duras críticas al proceder del Gobierno en materia de retiro de fondos desde las AFP, pero también respecto de la actitud general del Ejecutivo durante toda la crisis social y sanitaria. “Un gobierno aspira que su pueblo lo quiera cuando gobierna para el pueblo, pero si lo hace para las grandes empresas, entonces busca que ellas lo quieran”, sentenció la congresista.
“Error político, una decisión inentendible o apagar fuego con bencina” fueron algunas de las declaraciones de parlamentarios de oposición y oficialistas respecto de la resolución del Gobierno de recurrir al TC para impugnar el proyecto de reforma constitucional que habilitaría un segundo retiro. En contraste desde la UDI y un sector de RN manifestaron su apoyo a la resolución del Ejecutivo señalando que “era necesaria”.
El parlamentario es uno de los que recurrieron ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie respecto de la prenormativa. “No avalo ni justifico las violaciones a los derechos humanos, pero no me parece correcto que en una sociedad democrática un periodo de nuestra historia como ese deba circunscribirse a una visión establecida por ley y cuya transgresión significa una sanción penal”, aseguró.
Fueron 57 los diputados y diputadas del oficialismo los que firmaron el requerimiento de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional, acusando que la que tipifica el delito de negacionismo “es una ley fascista” y que significaría “coartar la libertad de expresión”.
El Gobierno presentó los documentos para la promulgación de la ley el miércoles, solo horas después que el Parlamento la despachara y, en tanto, el día jueves recién hizo pública su promulgación.
Dos fallos emanados de distintos órganos han planteado la pregunta. Mientras el Tribunal Constitucional da entender que familia solo es aquella que se da como fruto de un matrimonio heterosexual, el Segundo Juzgado de Familia de Santiago señala que el concepto estará determinado por la existencia de vínculos afectivos, lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos, independientemente del sexo de quienes la conformen.
La acción judicial fue interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra de contra todos quienes resulten responsables en los delitos de cohecho y prevaricación judicial.
Lejos de sorprender, los dichos de la actual presidenta del TC y de la diputada Carmen Hertz no han hecho más que evidenciar irregularidades. Problemas que se vienen denunciando desde hace años y que apuntan principalmente a una persona: el ministro y ex presidente del organismo, Iván Aróstica.
