Mientras los gremios del sector salud no descarta nuevas movilizaciones, dirigentes del SAG y de la ANEF, negaron que en sus respectivas reparticiones se esté aplicando la resta salarial. Aunque se manifestaron alertas ante un posible desarrollo de sumarios.
La resolución del Gobierno de inyectar más recursos a la empresa debía haber sido anunciada antes de diciembre. Sin embargo, hasta el último minuto se espera la determinación para ser revisada por los acreedores. Finiquitos y la continuad laboral de 6.200 personas, además del servicio de buses de 800 mil pasajeros estarían en riesgo
Rodrigo Jiménez, vicepresidente del sindicato, aseguró que las acusaciones que la empresa levanta contra sus trabajadores solo buscan satanizar la huelga: “Son excusas para que fuerzas especiales se desplieguen y repriman a los movilizados”.
José Luis Ortega, señaló en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile que debido al avisaje publicitario que la empresa paga en los grandes medios de comunicación, estos se niegan a informar sobre la huelga que hace 15 días llevan a cabo los trabajadores de la empresa. “Homecenter es ‘la casa de la selección chilena’, ‘de la teletón’, la casa global como parte de la publicidad, pero no es la casa de los trabajadores hoy”.
Expertos laborales y dirigentes sociales coinciden en que el rol de la nueva titular de Trabajo será irrelevante, toda vez que la lógica bajo la cual el Ejecutivo se entiende con los trabajadores “sigue siendo la misma”, por lo que no importa quién encabece la secretaría de Estado.
Trabajadores del sector público rechazaron los dichos de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien asumió que los días paralizados serían descontados a los funcionarios aplicando algunos mecanismos compensatorios. Asimismo, hicieron un llamado a mantenerse alerta ante estas medidas que calificaron como “una estrategia de represión del Estado”.
Con una ciudadanía activa en movilizaciones, sindicatos de distintos rubros a lo largo del país han iniciado protestas por derechos laborales.
Luego de casi cuatro semanas de movilizaciones, la mesa del sector público llamó a deponer la movilización luego que el Congreso aprobara el reajuste salarial propuesto desde el Ejecutivo, Los trabajadores cuestionaron duramente el actuar del Gobierno y del Parlamento y adelantaron que no dejarán pasar otra situación igual.
La orden emanó desde la Presidenta Bachelet quien en su arribo a Chile coordinó con los ministros seguir sus negociaciones en Valparaíso.
El ex dirigente estudiantil apoyó el movimiento y criticó al Grupo Solari por no repartir sus ganancias con los trabajadores.
En ausencia de nuevas conversaciones con el Gobierno, los representantes de los trabajadores se dieron cita para estudiar los nuevos pasos del movimiento y decidieron prolongar la movilización por 48 horas más. En tanto, el Ejecutivo descarta ofrecer un incremento al 3.2 por ciento puesto sobre la mesa.
Los trabajadores precisaron que el congelamiento de los sueldos podría afectar a cerca de tres mil 500 funcionarios del sector público de los cuáles 800 serían miembros del Poder Judicial.
