El presidente del Perú, Pedro Castillo, manifestó su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional que deja sin efecto la sentencia de la Corte Suprema que había anulado el indulto humanitario al condenado Alberto Fujimori y señaló que esta decisión es un reflejo de la “crisis institucional” a la que se refirió en su mensaje en el Congreso. Una crisis institucional en la cual el mismo Castillo está envuelto por estos días.
Senadores del sector cuestionaron que diputados de la derecha sigan mirando este tema como un asunto delictual. Asimismo, defendieron la constitucionalidad de la iniciativa que busca aplicar esta medida a los denominados presos del estallido social.
Ximena Rincón indicó que tal como está la iniciativa presentada por el Gobierno, se estima que no alcanzará a ser tramitada antes del 31 de enero. La parlamentaria indicó que se debe evaluar el mecanismo de financiamiento antes de llegar a un acuerdo para sacar la normativa.
El abogado que firmó entre otros 15 constituyentes la propuesta de norma que suprime al Tribunal Constitucional explicó que la medida contempla la creación de un Consejo Supremo de Justicia cuya forma de integración contempla paridad, plurinacionalidad y descentralización dejando un margen mínimo para las designaciones políticas.
La norma fue presentada por integrantes de la comisión de Sistemas de Justicia y propone que el control de la Ley recaiga en la Corte Suprema, organismo donde los ministros son elegidos por sus méritos, poseen formación de jueces y no son designados por ideologías y compromisos políticos.
La diputada Karol Cariola indicó que la iniciativa busca que se sancione expresiones como las vertidas por el diputado electo Johannes Kaiser. Además, adelantó que pedirán al Tribunal Constitucional que se evalúe cesar del cargo al futuro parlamentario luego de conocer declaraciones que planteaban entregar una medalla a quien viola a “mujeres feas”.
Debe existir certeza a nivel constitucional de las garantías de los servicios básicos, sabiendo el esfuerzo de tantas familias por generar recursos y que solo ahora, con medidas sanitarias menos restrictivas, han retomado sus puestos de trabajo o reactivado sus emprendimientos.
La acción que si bien fue defendida por el oficialismo, es mirada con cautela. Mientras en la oposición y abogados constitucionalistas consideran puede tener fuertes costos políticos, en especial para la candidatura presidencial de Sebastián Sichel y la propia supervivencia del TC en la discusión de la nueva Carta Fundamental.
La petición hecha al Tribunal Constitucional se basa en la respuesta entregada por el organismo electoral que señaló que no puede incluir al dirigente político en el padrón electoral ya que por ley queda cerrado 140 días antes de una elección.
Luego que el Tribunal Constitucional oficiara al ente electoral para que devuelva al líder del PRO sus derechos políticos, durante esta jornada el director Raúl García, contestó que esto sólo podrá hacerse luego de la elección de noviembre.
Este jueves, el Tribunal Constitucional acogió los recursos presentados por un grupo de parlamentarios de Chile Vamos en contra de tres artículos. Al respecto, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas aseguró que dicha arremetida del sector más conservador del oficialismo es también una muestra de la disconformidad que existió en el bloque por la apertura de Sebastián Piñera al matrimonio igualitario.
Los legisladores buscan impugnar la normativa aprobada en el Parlamento por considerar que contraviene el derecho de los padres sobre los menores. Patricia Muñoz rechazó además el veto Presidencial anunciado por el Gobierno sobre este articulado.