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Año XII, 29 de febrero de 2020

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A un año de la muerte del sindicalista Juan Pablo Jiménez familiares exigen “verdad y castigo”

Luego de un año de la muerte del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, aún quedan muchas dudas que resolver en torno a las circunstancias en que recibió el confuso disparo dentro de la empresa Azeta. Familiares y cercanos buscan justicia convencidos de la intervención intencional de terceros y critican al Ministerio Público por no indagar otras hipótesis que no se refieran a la controvertida “bala loca”.

Cristián Pacheco

  Viernes 21 de febrero 2014 20:06 hrs. 



Este viernes 21 de febrero se cumplió un año de la muerte del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, quien fuera hasta su confuso fallecimiento , el presidente del sindicato n°1 de la empresa contratista Azeta, donde trabajó durante 10 años.

Cuando aún no se realizaban los funerales del trabajador, la Policía de Investigaciones (PDI) levantó con premura la hipótesis de que el disparo habría sido una “bala loca” producto de enfrentamientos en el sector de La Legua. Un mes después, un adolescente de 16 años fue detenido como presunto autor del disparo a 1 kilómetro y 35 metros de distancia.

El informe policial, entregado meses después, estableció que la bala realizó un recorrido en forma de parábola, entrando por la zona frontal izquierda de la cabeza de Jiménez, atravesando su cráneo.

Esta explicación fue ampliamente cuestionada por la familia y por la abogada querellante, quienes contrataron un peritaje independiente para desacreditar las diligencias de la PDI.

La conclusión fue contundente: Dadas las condiciones ambientales, la velocidad y el ángulo de entrada de la bala, los peritos particulares establecieron que la bala no podría haber viajado más de 719 metros. Quizás 863 máximo, manipulando las variables.

La abogada Margarita Peña señaló que el informe de la PDI es deficiente y que no se ha tomado el real peso de los antecedentes presentados, por lo que ya solicitaron un tercer informe que compare las pericias de la PDI y el particular contratado por la familia.

También en este momento se realizan nuevos interrogatorios a una docena de personas para conocer el grado de conocimiento que tenían de los hechos cuando formaron parte de los 300 entrevistados iniciales. La familia espera encontrar nuevas aristas que obliguen a fiscalía a pensar en hipótesis distintas.

El proceso ha sido lento, dijo la abogada, ya que cada nueva diligencia termina siendo reclamada en algún Juzgado de Garantía para que presione al Ministerio Público, lo que ha causado descontento y rabia entre los familiares y cercanos a Jiménez.

“Desde el 21 de febrero pasado nos prometimos dos cuestiones básicas: Verdad y castigo. Y dijimos que no creemos en la justicia, porque lo único justo sería que Juan Pablo este con vida y eso es imposible. Sin embargo, hemos encontrado resistencia de parte del Ministerio Público a investigar una hipótesis distinta a la que ellos formularon al principio de la investigación”, señaló Peña.

Por su parte, Nancy Garrido, madre del dirigente, agradeció el apoyo constante de organizaciones y vecinos, lo que ahora le permite decir “a Juan Pablo lo asesinaron”.

“La verdad es que ha pasado un año, todos piensan que es harto tiempo, pero para mí es como si hubiese sido ayer, porque no hemos vivido un duelo normal, es una lucha todos los días por saber qué pasó. Vamos a seguir hasta lleguemos a saber la verdad de lo que realmente ocurrió”, dijo la madre del dirigente.

Jimena Acevedo, viuda y madre de los dos hijos de Jiménez, expresó lo duro que ha sido este proceso en que la justicia no los ha escuchado como debiera.

“No hemos creído en ningún minuto en la teoría de la PDI”, señaló la esposa del dirigente quien asegura que sólo la presión ha permitido que este asesinato no pase desapercibido.

“Desde el minuto en que ocurrió el asesinato de Pablo, muchos despertamos. El movimiento ha despertado en Chile, lamentablemente nos costó sangre, costó que uno de los nuestros cayera y eso provocó conciencia en la gente, que muchos saliéramos a las calles. El 2013 fue un año de movilizaciones, el 2014 viene igual. Entonces se ha visto en Pablo una figura digna de seguir”, afirmó Acevedo.

En noviembre de 2013, la empresa Azeta se declaró en quiebra y despidió a los trabajadores sin pagarles indemnización alguna, lo que tampoco ha sido resuelto por Chilectra, Endesa o Enersis, empresas a las que prestaban servicios de ingeniería eléctrica.

Para el próximo jueves 27 está convocada una marcha que saldrá desde la Biblioteca Nacional para recordar a Juan Pablo Jiménez Garrido.

Todas actividades que buscan visibilizar la batalla judicial y política en torno al primer dirigente sindical asesinado en Democracia, señalaron la abogada y los familiares.