La muestra, elaborado en conjunto con la Universidad Libre de Berlín, aborda las distintas vulneraciones perpetradas en el enclave alemán. Más allá del horror, también expone la lucha de las víctimas para derribar el poder de los jerarcas.
El INDH exigió explicaciones a Justicia por no oponerse a rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores y de lesa humanidad, y se coordinará con la Defensoría de la Niñez para acompañar a víctimas
Mediante una misiva, el organismo acusa falta de información institucional, cuestiona la falta de intervención del Programa de DD.HH. en audiencias judiciales sobre beneficios penitenciarios y rechaza la interpretación restrictiva de sus funciones.
Según el reporte, al 30 de junio de 2025 la región tenía 3.289 personas privadas de libertad mientras que había 2.034 plazas disponibles, es decir, una ocupación de 161,7%. El promedio de ocupación de cárceles a nivel nacional es de 140,9%.
Entre marzo y octubre, el organismo no intervino en 29 audiencias sobre solicitudes de libertad o rebaja de penas. En otros dos casos, la acumulación de condenas permitirá adelantar la salida de prisión.
A siete años del estallido social, la formalización del alto mando de Carabineros marca un hito. Amnistía Internacional repasa su investigación sobre las violaciones a los DD.HH. y la impunidad en Chile.
En un comunicado público, los premios nacionales alertaron que la iniciativa gubernamental vulnera garantías democráticas al ignorar las recomendaciones de la comisión para concentrar todas las facultades en Santiago.
La agrupación rechazó el proyecto de ley del Ejecutivo que busca recortar el consejo directivo y eliminar la facultad de presentar querellas. Alicia Lira acusó una estrategia en favor de los agentes del Estado.
El periodista recuerda cómo el Boletín de la Vicaría de la Solidaridad hizo frente a la censura y las amenazas de la dictadura, y cómo el caso Degollados marcó a los profesionales que trabajaban bajo el alero de la Iglesia Católica.
A cuatro décadas del caso Quemados, la incorporación de las imágenes al patrimonio universitario busca preservar la memoria de la dictadura y abrir nuevas perspectivas de investigación sobre la obra del fotógrafo y la experiencia del exilio chileno.
La diputada del Frente Amplio cuestionó las rebajas de condenas otorgadas a agresores sexuales de menores y a reclusos de Punta Peuco, y emplazó al Ejecutivo a transparentar quién tomó la decisión.
La instancia académica cuestionó el proyecto del Gobierno por el control político del Consejo, el término de la facultad de querellarse y el recorte del 50% de la dotación regional del Instituto.
El pronunciamiento ocurre mientras el proceso de expropiación del sitio —decretado en 2025— fue revertido por el actual gobierno, lo que organizaciones de DD.HH. ya habían advertido ante la ONU.
El director del organismo apuntó a un “desmantelamiento” en términos físicos, de atribuciones y de autonomía. “Nos dicen ‘ustedes defienden a delincuentes’. No, defendemos a todas las personas”, enfatizó.
A través de una declaración pública, integrantes del Programa de Psicología Social de la Memoria cuestionaron la iniciativa impulsada por el Gobierno, especialmente por la eliminación de la facultad de presentar querellas y cambios a su composición.
