El Gobierno presentó una serie de indicaciones al proyecto que modifica la Ley N° 17.798 de Control de Armas, y el Código Procesal Penal que se tramita desde el 13 de noviembre de 2008 y que actualmente cuenta con suma urgencia con el objetivo de aumentar y tipificar las penas por el porte ilegal de armas de fuego.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se refirió a parte de los cambios propuestos a la ley, tal como la sanción por tenencia de armas hechizas, estableciendo pena de cárcel efectiva que van desde los 5 años y 1 día hasta los 10 años. Para quienes porten cualquier armamento en la vía pública sin autorización recibirán penas que van desde los 541 días en adelante.
Otra de las modificaciones apunta a una mayor rigurosidad en el examen sicológico y de conocimientos que se exige para obtener el permiso para comprar un arma. Además, a quienes estén bajo medidas cautelares por casos de violencia intrafamiliar se les podrá requisar cualquier arma.
En lo legal, la Comisión de Constitución del Senado revisó las indicaciones planteadas por el Ejecutivo a la iniciativa que tiene suma urgencia en el Parlamento.
En tanto, un estudio de la ONG Activa y la Asociación Chilena de Municipalidades publicado a principios de este año establece que en el país circularían cerca de 2 millones de armas de fuego no inscritas, frente a las 758.593 que se encuentran registradas por la policía.
El informe, además señala que la inscripción de armas ha aumentado en un 68,5 por ciento desde el 2010 hasta la fecha, mientras que la incautación de éstas ha disminuido considerablemente, haciendo que por cada arma requisada por las policías, existan tres en el mercado negro.
Desde el ámbito legal, el abogado y académico de la Universidad de Chile Jean Pierre Matus puntualizó que: “Aumentar las penas para el control de las armas ilegales en la medida que se aplique la ley es una buena decisión, dado que al parecer existen demasiadas armas que circulan en forma ilegal. La prueba del porte ilegal de arma es mucho más sencilla y practicable para la policía que anda en la calle. Las personas van a tomar en cuenta que el porte de arma no es un asunto baladí o que se pueda llegar y hacer de cualquier manera sin tener consecuencias”.
Por su parte el presidente de la Unión Nacional de Dueños de Armas de Fuego, Manuel Vergara, criticó el proyecto, señalando que lesiona los derechos civiles de los tenedores de armas, especialmente el Derecho a la Defensa y a la Seguridad Personal, porque dijo “no resiste ningún análisis restringir a los dueños de más de 750 mil armas legalmente inscritas, mientras existen millones de armas ilegales en las calles”.
“Ha tenido muchas modificaciones, y particularmente lo que nos preocupa ahora es que se han modificado algunas reglas consideramos muy importantes. En principio, agregar por ejemplo, las armas neumáticas, las armas a balines, incluso las hondas profesionales con el mismo estatuto jurídico que las armas de fuego, lo cual nos parece que es derechamente una equivocación”, indicó Vergara.
El dirigente enfatizó que el aspecto más negativo del proyecto es que no se pronuncia sobre las armas ilegales, explicando que los delitos de grave connotación pública no se cometen con armas inscritas, sino con armas hechizas, armas que están adulteradas.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el senador Felipe Harboe (PPD), se mostró satisfecho con las modificaciones que propone el Ejecutivo, puesto que “apuntan a restringir el porte y uso de armas, que es el enfoque que más me representa y que es el que he defendido como parlamentario y ex autoridad en materia de seguridad ciudadana”.
El Gobierno presentó una serie de indicaciones al proyecto que modifica la Ley N° 17.798 de Control de Armas, y el Código Procesal Penal que se tramita desde el 13 de noviembre de 2008 y que actualmente cuenta con suma urgencia con el objetivo de aumentar y tipificar las penas por el porte ilegal de armas de fuego.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se refirió a parte de los cambios propuestos a la ley, tal como la sanción por tenencia de armas hechizas, estableciendo pena de cárcel efectiva que van desde los 5 años y 1 día hasta los 10 años. Para quienes porten cualquier armamento en la vía pública sin autorización recibirán penas que van desde los 541 días en adelante.
Otra de las modificaciones apunta a una mayor rigurosidad en el examen sicológico y de conocimientos que se exige para obtener el permiso para comprar un arma. Además, a quienes estén bajo medidas cautelares por casos de violencia intrafamiliar se les podrá requisar cualquier arma.
En lo legal, la Comisión de Constitución del Senado revisó las indicaciones planteadas por el Ejecutivo a la iniciativa que tiene suma urgencia en el Parlamento.
En tanto, un estudio de la ONG Activa y la Asociación Chilena de Municipalidades publicado a principios de este año establece que en el país circularían cerca de 2 millones de armas de fuego no inscritas, frente a las 758.593 que se encuentran registradas por la policía.
El informe, además señala que la inscripción de armas ha aumentado en un 68,5 por ciento desde el 2010 hasta la fecha, mientras que la incautación de éstas ha disminuido considerablemente, haciendo que por cada arma requisada por las policías, existan tres en el mercado negro.
Desde el ámbito legal, el abogado y académico de la Universidad de Chile Jean Pierre Matus puntualizó que: “Aumentar las penas para el control de las armas ilegales en la medida que se aplique la ley es una buena decisión, dado que al parecer existen demasiadas armas que circulan en forma ilegal. La prueba del porte ilegal de arma es mucho más sencilla y practicable para la policía que anda en la calle. Las personas van a tomar en cuenta que el porte de arma no es un asunto baladí o que se pueda llegar y hacer de cualquier manera sin tener consecuencias”.
Por su parte el presidente de la Unión Nacional de Dueños de Armas de Fuego, Manuel Vergara, criticó el proyecto, señalando que lesiona los derechos civiles de los tenedores de armas, especialmente el Derecho a la Defensa y a la Seguridad Personal, porque dijo “no resiste ningún análisis restringir a los dueños de más de 750 mil armas legalmente inscritas, mientras existen millones de armas ilegales en las calles”.
“Ha tenido muchas modificaciones, y particularmente lo que nos preocupa ahora es que se han modificado algunas reglas consideramos muy importantes. En principio, agregar por ejemplo, las armas neumáticas, las armas a balines, incluso las hondas profesionales con el mismo estatuto jurídico que las armas de fuego, lo cual nos parece que es derechamente una equivocación”, indicó Vergara.
El dirigente enfatizó que el aspecto más negativo del proyecto es que no se pronuncia sobre las armas ilegales, explicando que los delitos de grave connotación pública no se cometen con armas inscritas, sino con armas hechizas, armas que están adulteradas.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el senador Felipe Harboe (PPD), se mostró satisfecho con las modificaciones que propone el Ejecutivo, puesto que “apuntan a restringir el porte y uso de armas, que es el enfoque que más me representa y que es el que he defendido como parlamentario y ex autoridad en materia de seguridad ciudadana”.
El Gobierno presentó una serie de indicaciones al proyecto que modifica la Ley N° 17.798 de Control de Armas, y el Código Procesal Penal que se tramita desde el 13 de noviembre de 2008 y que actualmente cuenta con suma urgencia con el objetivo de aumentar y tipificar las penas por el porte ilegal de armas de fuego.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se refirió a parte de los cambios propuestos a la ley, tal como la sanción por tenencia de armas hechizas, estableciendo pena de cárcel efectiva que van desde los 5 años y 1 día hasta los 10 años. Para quienes porten cualquier armamento en la vía pública sin autorización recibirán penas que van desde los 541 días en adelante.
Otra de las modificaciones apunta a una mayor rigurosidad en el examen sicológico y de conocimientos que se exige para obtener el permiso para comprar un arma. Además, a quienes estén bajo medidas cautelares por casos de violencia intrafamiliar se les podrá requisar cualquier arma.
En lo legal, la Comisión de Constitución del Senado revisó las indicaciones planteadas por el Ejecutivo a la iniciativa que tiene suma urgencia en el Parlamento.
En tanto, un estudio de la ONG Activa y la Asociación Chilena de Municipalidades publicado a principios de este año establece que en el país circularían cerca de 2 millones de armas de fuego no inscritas, frente a las 758.593 que se encuentran registradas por la policía.
El informe, además señala que la inscripción de armas ha aumentado en un 68,5 por ciento desde el 2010 hasta la fecha, mientras que la incautación de éstas ha disminuido considerablemente, haciendo que por cada arma requisada por las policías, existan tres en el mercado negro.
Desde el ámbito legal, el abogado y académico de la Universidad de Chile Jean Pierre Matus puntualizó que: “Aumentar las penas para el control de las armas ilegales en la medida que se aplique la ley es una buena decisión, dado que al parecer existen demasiadas armas que circulan en forma ilegal. La prueba del porte ilegal de arma es mucho más sencilla y practicable para la policía que anda en la calle. Las personas van a tomar en cuenta que el porte de arma no es un asunto baladí o que se pueda llegar y hacer de cualquier manera sin tener consecuencias”.
Por su parte el presidente de la Unión Nacional de Dueños de Armas de Fuego, Manuel Vergara, criticó el proyecto, señalando que lesiona los derechos civiles de los tenedores de armas, especialmente el Derecho a la Defensa y a la Seguridad Personal, porque dijo “no resiste ningún análisis restringir a los dueños de más de 750 mil armas legalmente inscritas, mientras existen millones de armas ilegales en las calles”.
“Ha tenido muchas modificaciones, y particularmente lo que nos preocupa ahora es que se han modificado algunas reglas consideramos muy importantes. En principio, agregar por ejemplo, las armas neumáticas, las armas a balines, incluso las hondas profesionales con el mismo estatuto jurídico que las armas de fuego, lo cual nos parece que es derechamente una equivocación”, indicó Vergara.
El dirigente enfatizó que el aspecto más negativo del proyecto es que no se pronuncia sobre las armas ilegales, explicando que los delitos de grave connotación pública no se cometen con armas inscritas, sino con armas hechizas, armas que están adulteradas.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el senador Felipe Harboe (PPD), se mostró satisfecho con las modificaciones que propone el Ejecutivo, puesto que “apuntan a restringir el porte y uso de armas, que es el enfoque que más me representa y que es el que he defendido como parlamentario y ex autoridad en materia de seguridad ciudadana”.
