Aunque pensamos que no viviríamos para verlo, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Comunista comparten ahora un íntimo secreto: ambos son cuestionados por financiarse de manera irregular.

Uno en cada extremo (aunque probablemente todos los que se ubican entre ellos tampoco sean inocentes)  se han visto involucrados durante las últimas semanas en polémicas e investigaciones  por financiar sus campañas o actividad política a través de métodos fraudulentos y, acto seguido, tratar de justificar sus acciones reconociendo hechos tangenciales, pero desconociendo el ilícito mismo.

Es probable que el Servicio Electoral no tenga reparos o no lleve adelante investigaciones a dirigentes gremialistas por el financiamiento de sus campañas, tal como lo aseguró el presidente UDI Ernesto Silva en un acto expiatorio público. Sin embargo, lo que el diputado no mencionó fue que sería difícil que esto ocurriera ya que lo que dejó al descubierto el ahora llamado Pentagate fue, precisamente, un mecanismo para eludir el control del Servel con la entrega de boletas de honorarios a funcionarios cercanos al partido para traspasar dinero a sus campañas y, de paso, descontar impuestos como egresos de la empresa por trabajos no realizados. Con esto, se buscaba además eludir el límite de gasto de campaña y evitar trasparentar la identidad de los financistas, por lo tanto, los compromisos que los candidatos adquirieron con ellos.

Con lo que no contaba el comité político gremialista era con que a los pocos días Impuestos Internos anunciaría que va a investigar la arista política del llamado fraude al FUT. Pero los días que pasaron desde que conoció el hecho hasta que se ampliaron las diligencias se pueden interpretar también como fruto de las tratativas que probablemente se están llevando a cabo con el oficialismo para echarle tierra encima a este tema. Cabe recordar que las referencias al MOP Gate de Ricardo Lagos y las solicitudes de ampliar las diligencias judiciales a las campañas, incluso presidenciales, fueron una de las primeras defensas que afloraron. Si cae uno, caemos todos, parece la consigna.

Y esa es, precisamente, una de las mayores dificultades para enfrentar este tema. Son pocos los que quizás se atreverían a tirar la primera piedra. Como ejemplo, a la lista de las “yayitas” recordadas por estos días se suma el  bullado caso Publicam, cuando el actual senador Guido Girardi se vio involucrado en la rendición de facturas falsas de la empresa fantasma para justificar sus gastos de campaña. También alegó desconocimiento.

Mientras, en el otro lado de la capital y del espectro político, en el barrio Yungay,  la crisis de la Universidad Arcis puso sobre el tapete los supuestos desvíos que el PC hacía de los fondos de la casa de estudios a las arcas políticas, a través de fundaciones y empresas vinculadas. Caso que, además, lo investiga ahora el Ministerio de Educación por lucro en la institución de educación superior que, de paso, adeuda salarios de académicos y funcionarios.  Y aunque el presidente comunista asegura que no hay militantes del partido involucrados en la dirección de la universidad o en las instituciones por las se habría desviado el dinero, eso no necesariamente implica que no hayan tenido participación. Otra castaña caliente. Otra excusa por la tangente.

Si bien estos dos casos son de distinto origen y características, ambos apuntan a la práctica de políticos de cometer ilícitos para financiar sus campañas.

Queda poco que rescatar de la mellada confianza de la ciudadanía en la actividad política, pero lo grave de esta situación es que detrás de estas trampitas se esconde un lobby “fantasma”, que sobrepasa compadrazgos o intereses y que tiene a nuestra clase política presa de eventuales chantajes que dejen al descubierto las triquiñuelas usadas para obtener dinero.

¿Sería esperable, acaso, que algún parlamentario de la UDI se mostrara a favor de regular o cambiar las condiciones del sistema de AFP, de las Isapres, de universidades privadas o de empresas constructoras, cuando esos son solo algunos de los rubros en los que Penta tiene una importante participación en el mercado? ¿Qué tan a fondo está dispuesto a fiscalizar y prohibir el lucro en la educación el Partido Comunista si sabe de su tejado de vidrio en la Arcis?

Y por si no fuera lo suficientemente espurio y escandaloso, las caras visibles de estos grupos no tienen reparos en justificar sus acciones con intersticios legales o supuestas persecuciones ideológicas. Sonriendo ante las cámaras, sacan las castañas con la mano de la política, que tan bien saben utilizar.