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Año X, 18 de noviembre de 2018

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Vecinos de Los Molles exigen revertir cambio del Plan Regulador

Los vecinos de Los Molles acusan que en el sector se vive un proceso de especulación y negociación inmobiliaria peor que el caso Caval en Machalí. Se trata del cambio de uso de suelo que se pretende hacer en la zona y que desprotegería a un sitio prioritario de conservación, poniendo en riesgo especies únicas en el mundo. Hasta el momento la medida, aprobada por el Consejo Regional, está detenida en Contraloría que debe zanjar los datos técnicos, a lo que se le suman antecedentes de una posible asociación ilícita para la aprobación del Plano Regulador Intercomunal

Paula Correa

  Domingo 19 de abril 2015 19:26 hrs. 
Los Molles

No es un tema nuevo, pero se reinstaló en la agenda pública cuando en la pasada celebración se Semana Santa los vecinos de Los Molles realizaron un corte de rutas que retrasó aún más el lento regreso de los santiaguinos luego del fin de semana largo.

En marzo del 2014 se aprobó el llamado “Plano Intercomunal de Valparaíso – Satélite Borde Costero Norte”, que regula la superficie desde Concón hasta Los Molles y que se venía trabajando del 2008. El plan básicamente reduce una zona de conservación ecológica que hay en el sector facultando los terrenos para expansión urbana.

Inexplicable cambio

El plan cambia de zona ZRI3 (zona de protección ecológica) a ZU4 (zona de extensión urbana) un total de mil 400 hectáreas en primera línea al mar, las que quedan sin limitación de construcción.

Además establece la posibilidad de que habiten 30 personas por hectárea, permitiendo casi 42 mil ciudadanos cuando en Los Molles habitan entre 600 y mil personas, y en las temporadas estivales la zona alcanza entre cinco mil y ocho mil personas, y donde ya se registran problemas de acceso al agua.

El impacto llegaría principalmente al sitio Prioritario Los Molles-Pichidangui donde existe un pequeño parque privado alrededor de un sector llamado “El Pukén”, una formación geológica que provoca un especial fenómeno conocido como el “soplido de ballena” en la costa.

El resto del ecosistema no forma parte de ningún Parque o Reserva Nacional, es decir, está fuera del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). De hecho, desde la dictadura militar está en manos de privados, la familia Schmutzer y, en menor medida, de la familia Droppermann.

En la zona existe una flora y fauna de alto valor endémico que incluye a 136 especies en peligro, dentro de las que se contemplan flores de origen gondwánico, es decir, prehistóricas, además de una de las 100 especies más amenazadas del mundo según la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza; el cactus “chilenito”, con lo que sitúa el conflicto en la mira de los organismos de protección ambiental de todo el mundo. A estos e suma que es una importante zona arqueología y paleontología del país.

Además, existe también un cerro de características valdivianas con un bosque de olivillo llamado “Cerro Santa Inés”, propiedad que adquirió Minera Los Pelambres del grupo económico que lidera el empresario Andrónico Lucksic. Según indicó la firma, se construirá un santuario de la naturaleza, proyecto que se enmarca en el plan de compensaciones ambientales que deriva de sus operaciones mineras y los impactos que ellas suponen varios kilómetros más al norte.

Dado todo este patrimonio ambiental y su importancia, Conaf y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) solicitaron la revisión de algunos puntos del plan regulador al momento de su análisis. Sobre esto se refirió Esteban Vergara, uno de los voceros de la Red Protege Los Molles quien cuestionó la aprobación por parte de los Consejeros Regionales, a los que tildó como “el ente político”.

“El ente técnico dijo esta es una zona especial, no la pueden tocar, todos los entes técnicos optaron por proteger la zona y una vez que el ente político tomó el tema metieron a 42 mil personas en una zona de protección ecológica relevante de esta región”, afirmó el ambientalista y presidente de la junta de vecinos.

Los Molles corresponde a la municipalidad del la Ligua. En conversación con Radio Universidad de Chile el alcalde, Raúl Sánchez, afirmó que nunca ha estado de acuerdo con el cambio del plano regulador, el que le parece ”inexplicable”. Más aún cuando que fue votado por el Consejo Regional el año pasado y con el apoyo de una parte importante de la ciudadanía, afirmó.

Para el jefe comunal dicha votación se realizó marcada por una fuerte desinformación de las partes, ya que, según sostuvo, muchos habrían pensado que las hectáreas que la empresa prometió para ser parque, quedarían dentro de la comunidad y no cómo área privada. En ese sentido advirtió que “la gente no se dio cuenta de que habían otros intereses en juego”.

Según Sánchez, este plan como no ofrece equidad territorial, no se observa lo que dicen las localidades y no hay una mesa de discusión que integre todas las visiones a los intereses comunales, y añadió que la municipalidad presentó un oficio a contraloría y judicializó el caso.

A esto, según indicaron los vecinos, prontamente se sumará una acción legal “muy parecida a la presentada en fiscalía por el caso Caval”, la que será interpuesta por la ciudadanía y sus abogados.

Posible Asociación Ilícita

La situación se complica cuando los vecinos denuncian que hubo irregularidades en el proceso de aprobación del Plan Regulador e incidencia directa de privados.

De partida Álvaro Eraso, arquitecto y vecino de Los Molles sostuvo que esta nueva cartografía debió haber ingresado con un estudio de impacto ambiental, no sólo una declaración como en este caso.

Pero una de las principales preocupaciones es que quienes se verán directamente beneficiados con el cambio son la familia Schmutzer, específicamente Alfredo y Mónica Schmutzer, dueños de un 80 por ciento del sector.

Sobre esto se refirió Eraso, arquitecto asesor de la red formada por diversas organizaciones sociales quien sostuvo que hay influencia, no solamente en que los privados sepan desde antes que el Plan Regulador va a cambiar: “Estamos diciendo que el privado influyó en decisiones del instrumento público. Ya está descubierto que la propietaria de los terrenos tiene relación comercial directa con Pablo Jordán, quien desarrolló el plan regulador para el Minvu”.

Esto porque ambos integraron del Consejo de la empresa de fondos de inversiones inmobiliarios Independencia SA, según señaló su propio portal electrónico, en el que, en la actualidad, se eliminó el nombre de la empresaria.

Hace pocos días Alfredo Shmutzer fue consultado por Televisión Nacional si a su familia le interesa desarrollar algún proyecto en el sector y su respuesta fue “quizás, eventualmente, pero que también tome en cuenta la conservación del predio”.

También se defendió Jordán quien afirmó que su empresa URBE no tuvo ninguna participación en la fase aprobatoria y añadió que su propuesta “fue entregada al Gobierno a través de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y tenía que ver con un espíritu muy conservacionista y preservacioncita de la zona”. Además indicó que “se cumplieron con todas las instancias, los estamentos y los requisitos de la participación ciudadana”.

URBE, la empresa de Jordán, habría sido contratada por el ex seremi de Vivienda de Valparaíso de la época Matías Avsolomovich, quien señaló que “si hubieran existido vínculos no tiene ninguna importancia porque el plan regulador que desarrolló URBE no es el plan que fue aprobado”.

Sin embargo, los cambios al diseño del plano no son de fondo. En esa línea, el actual Seremi de Vivienda de Valparaíso, Mauricio Candia, reconoció que, de acuerdo a la información que se le entregó, el 2008 no existían los antecedentes vínculos o no se tenían a la vista.

Fuentes cercanas al organismo señalaron a Radio Universidad de Chile que este desconocimiento quedó claro en Contraloría, la que subsanó los reparos correspondientes. Además, indicaron que los únicos que tienen herramientas para impedir que se construya en una zona determinada, arguyendo que es espacio protegido, es el Ministerio de Bienes Nacionales, en este caso la Seremi de Valparaíso.

Desde este organismo la respuesta fue clara: “en la zona no existe dominio fiscal cuya administración pueda ser cargo de esta Secretaría Regional Ministerial”. Esto dado que la propiedad sobre el lugar pertenece a privados, por lo que “el Ministerio no cuenta con potestades sobre el predio, y cualquier extensión en la superficie objeto de la protección corresponde a los servicios con competencia ambiental”. Además, según sostuvieron, a la fecha tampoco se ha informado a esta repartición pública acerca de la modificación al “Plan Intercomunal Valparaíso-Satélite Borde Costero Norte”.

Cabe señalar que la Intendencia y la Gobernación no respondieron nuestra solicitud de información, pero que el Gobernador, Mario Fuentes, había indicado a medios locales que: “Hay que esperar lo que decida la Contraloría respecto a este punto, ya que es un órgano fiscalizador que está por sobre al Gobierno de turno”.

Siguientes pasos

Para la ciudadanía las respuestas de los entes involucrados son completamente insuficientes, ya que no hay un organismo que se haga cargo del problema.

Por lo mismo, expresaron su desconfianza al señalar “que la autoridad nunca se las va a jugar en contra de un privado” y que, considerando lo tibio de las respuestas y la poca acción de los parlamentarios, senadores y diputados de la zona, temen que haya algún elemento que no estén considerando. ¿Quién está metido?, ¿a quién están blindando?, se preguntan.

Por lo mismo no descartan seguir movilizados y llaman a los medios de comunicación a indagar en este tema. Además están trabajando directamente con la Consejera Regional, Teresa Cerda. La militante RN sostuvo que el tema se votó antes de que asumiera el cargo, por lo que ahora ha comenzado una campaña para explicar la situación.

Para la CORE el tema es urgente, porque sus impactos son irreversibles. En esa línea afirmó que está trabajando para que esto llegue a conocimiento de todo el Consejo Regional, porque, sostuvo, “en esos momentos unos pocos Cores sabían cuál era realmente el problema”, y añadió que “el único que puede retirar este documento de Contraloría es el Intendente, quien debe tomar conocimiento de la gravedad del asunto a través del Consejo regional que votó este tema. Eso es lo que necesitamos”, dijo.

Contraloría no tiene plazos para pronunciarse, por lo que la apuesta de los ciudadanos es revertir la toma de decisiones que se realizó a inicios del 2014 para votar nuevamente el plan, asegurándose de que esta vez sí se proteja el patrimonio ambiental de Los Molles.