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Comunidades acusan irregularidades en fallo a favor de Pascua Lama

Karina Palma |Jueves 16 de marzo 2017 19:59 hrs.

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Comunidades del Valle del Huasco presentan recurso ante la Corte Suprema luego del fallo a favor de Pascua Lama que emitió el tribunal de Antofagasta. Según Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, este caso demuestra una confluencia de voluntades dentro del Estado para liberar las restricciones que el proyecto tiene para continuar.

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El martes pasado las comunidades del Valle del Huasco apelaron ante el máximo tribunal chileno, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazara un recurso de protección que solicitaba una medida cautelar para resguardar los derechos de los habitantes del lugar, que han sido vulnerados por el impacto ambiental causado por Pascua Lama.

En la actualidad, la minera se encuentra cerrada temporalmente desde el 2013 por una orden de la Superintendencia de Medioambiente, ratificada por la Corte de Copiapó. Sin embargo, las localidades cercanas siguen siendo afectadas debido a la contaminación de los ríos y suelos.

Constanza San Juan, vocera de las Comunidades del Valle del Huasco, señaló que en junio del año pasado, producto de unas avalanchas, se rompió la Planta de Tratamiento de Aguas Contaminadas que la compañía Barrick Gold utiliza para limpiar los desechos que la minera dejó y que han perjudicado gravemente al río El Estrecho.

Después, en agosto, la planta volvió a operar, pero de manera incompleta y sin las medidas que había solicitado la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). “La misma que había sido destruida comenzó a funcionar solamente con la disponibilidad de un módulo operativo y sin la planta de osmosis, que es un segundo tratamiento. Y esto ocurre justo cuando la empresa viene diciendo desde hace dos años que las aguas están tan sucias que necesitan la fase de osmosis reversa”, explicó la vocera.

San Juan comentó que los informes emanados desde la propia empresa confirman la contaminación de las aguas del lugar. “Nosotros tuvimos los análisis que hizo la compañía, que al compararlos con la línea base de la RCA del año 2006, había superado todos los parámetros de contaminación en el punto más cercano a la población. A parte de ser contaminados en junio, también lo fuimos en agosto cuando la planta se echó a andar”, enfatizó.

Desde las comunidades acusan que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta es irregular porque desconoce los argumentos que ellos presentaron. Además, advierten que el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama (SEA) aumentó arbitrariamente los índices mínimos de contaminación para que la compañía no fuera sancionada.

“La modificación de la línea base se reconstituyó el 2 de junio de 2016, justo en el momento en que se estaba desarrollando este nuevo desastre en Pascua Lama. Entonces, finalmente viene a ayudar a que la empresa no quede con otro hito de contaminación”, declaró la vocera, agregando que “el fallo se sustenta en que la empresa está cumpliendo la línea base de la nueva resolución que aplicó la RCA este año, pero si nosotros estuviésemos regidos por la RCA con la que fue aprobado el proyecto, esto habría sido un hito de contaminación como el del 2013 o más”.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), señaló que la Corte de Antofagasta no hizo un análisis concienzudo sobre lo que realmente ocurre, basándose principalmente en la información que entregaron organismos que han sido cuestionados durante el proceso de fiscalización. Según el director del OLCA, “esto demuestra una confluencia de voluntades dentro del Estado para liberar las restricciones y los problemas que tiene Pascua Lama para continuar”.

Para Cuenca, la autoridad, junto a algunos tribunales, está buscando una manera de despejarle el camino al proyecto, reduciendo al máximo las incertidumbres de modo que Barrick Gold logre no solamente volver a explotar Pascua Lama, sino también conseguir un socio para hacerlo.

El director del Observatorio agregó que mientras se mantenga una comunidad movilizada y existan actores civiles que fiscalicen lo que está ocurriendo es difícil que el proyecto vuelva a operar.

Este año las comunidades cumplirán más de 17 años luchando contra Pascua Lama y exigiendo su cierre definitivo, debido a los graves daños que ha provocado en la salud de las personas, las plantaciones de los agricultores y el hábitat de los animales. Todo esto generado principalmente por el exceso de metales en los ríos.

La anulación del cierre temporal que la Corte Suprema esgrimió a Barrick Gold

En un fallo dictado el 13 de marzo, la Corte Suprema decidió revocar el cierre temporal de Pascua Lama, decretado por el Sernageomin en 2015. No obstante, esto no significa que la compañía pueda reanudar sus faenas, pues todavía está vigente la orden de la Superintendencia de Medioambiente.

Lucio Cuenca explica que esta resolución corresponde a un juicio paralelo al que están llevando las comunidades locales. Se trata de un recurso interpuesto por la Junta de Vigilancia del Río Huasco que agrupa a los regantes, es decir, a quienes tienen derechos de agua en dicho río.

Esta organización habría firmado un trato con Barrick Gold que permitió que el proyecto se viabilizara el año 2005. En ese acuerdo, la compañía se comprometía a entregarle tres millones de dólares anuales durante veinte años.

Cuando comenzó la crisis y el proyecto fue suspendido, la empresa, para dar tranquilidad a sus accionistas, comenzó a señalar que la suspensión de las faenas correspondía a una iniciativa propia, para lo cual presentó un plan de cierre al Sernageomin que fue aprobado el 2015. Esta medida le permitió a Barrick Gold dos cosas: dejar de pagar los tres millones y no cumplir con las obligaciones que tenía con la Resolución de Calificación Ambiental. Fue por lo primero que la Junta de Vigilancia del Río Huasco se dirigió a la Corte Suprema.

Según Cuenca, con esta acción lo que la compañía buscaba era evitar que el valor de las acciones se desplomara, dado que a nivel global, durante el 2013, cayeron en orden del 40 o 50 por ciento.