Diario y Radio U Chile

Año X, 23 de octubre de 2018

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“Las respuestas de Corbalán”: un nuevo atropello a las víctimas

El libro del ex CNI condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad explica pasajes inéditos de la dictadura y emplaza a Sebastián Piñera a cumplir con los beneficios carcelarios que comprometió. Las organizaciones de DD.HH expresaron que “en un país decente este libro sería censurado y los cómplices de la presentación encarcelados por apología al genocidio”.

N.Figueroa y N. Venegas

  Miércoles 30 de mayo 2018 10:09 hrs. 
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Posiblemente se trataba de una pauta a la que debían asistir sólo algunos medios de comunicación pero que se terminó filtrando porque se sabía del revuelo que generaría. Antes de las 19:00 horas, a la salida del hotel Crowne Plaza, ya era evidente que ninguno de los ex uniformados invitados al lanzamiento del libro “Las respuestas de Corbalán” pasaría desapercibido. La Comisión Funa y las organizaciones de Derechos Humanos los esperaban para interpelarlos con pancartas y carteles en que se exhibían los rostros de los ejecutados y desaparecidos políticos. En medio de la manifestación generalizada, se escuchó un mensaje amplificado a través del megáfono: “Rechazamos enérgicamente la presentación de un libro de un condenado y confeso en el que se pretende justificar las torturas”.

En principio, los guardias del hotel autorizaron el ingreso de algunos profesionales de prensa que pudieron tomar declaraciones de los exclusivos invitados, pero la agitación que se produjo hizo que todos terminaran afuera. Los organizadores que habían convocado a la prensa ya no querían prensa. A esas alturas, el evento se calificaba como el acto de ofensa más grave desde que se hiciera el homenaje en 2011 al ex brigadier de la DINA, Miguel Krassnoff, en el Club Providencia.

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Sobre el autor: Álvaro Corbalán Castilla, teniente coronel en retiro, ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) – el servicio de inteligencia que continuó la labor represiva de la DINA a partir de 1977 -, condenado a más de 150 años por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Fue encarcelado en 1991 en un recinto castrense, luego en 2004 pasó al penal Punta Peuco y a pesar de que en 2015 lo trasladaron a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, sus abogados presentaron un recurso de protección y nuevamente volvió a la llamada “cárcel cinco estrellas”. Corbalán es responsable directo de los crímenes cometidos en la Operación Albania, el asesinato del periodista José Carrasco Tapia, el sindicalista Tucapel Jiménez y un grupo de militantes del MIR y del FPMR que fueron torturados y luego lanzados al mar en 1987.

La invitación hecha por la Coordinadora 11 de Septiembre a los medios – integrada por militares en retiro –  detallaba que en su libro, Corbalán “responde a todas y a cada una de las interrogantes del régimen militar que por más de cuarenta años se han hecho a las máximas autoridades civiles que participaron de dicho gobierno”. De entrada, hablar de Gobierno siempre será provocación, un atropello, una falta a la verdad, manifestaron los familiares de las víctimas.

No es primera vez que Corbalán escandaliza por sus salidas literarias. En 2009, lanzó el libro “Anécdotas de mi General: Las que viví y las que me contaron”, de Asesorías Comunicacionales (ACO) – hoy no figura con ninguna dirección electrónica asociada- , de 103 páginas. En ese entonces, algunos grupos que promocionaban el libro definían al autor  como alguien que fue privado de libertad por combatir el terrorismo. Tiempo después se supo que vendía otros productos de corte pinochetista en la cárcel: vasos y vinos con el rostro del dictador además de piochas. Sus familiares hacían las transacciones.

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Pero en esta nueva obra, la propia Coordinadora señaló que además de contar verdades y desclasificar antecedentes inéditos, el ex CNI le pasaría la cuenta a Sebastián Piñera por los favores que le concedió la casta militar. Según la pauta de prensa, Corbalán exhortaría a Piñera a “cumplir los compromisos de campaña presidencial en favor de la familia militar que votó mayoritariamente para que fuera el Presidente de todos los chilenos”. Una petición, se dijo, que iría acompañada por una carta de Raúl Iturriaga Neumann, ex director de la DINA y quien también hoy cumple condena por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, fue una de las primeras en llegar al lugar. Con indignación enfatizó en la demora que ha tenido la resolución de las causas de derechos humanos gracias a los pactos de silencio. Hay que recordar que durante estos últimos meses se conoció el freno del Tribunal Constitucional (TC) para arribar a una sentencia en varias de ellas. “Ni siquiera tienen un grado de humanidad para decirle a más de mil familiares en espera, para que les entreguen su cuerpo, sus restos y, sin embargo, no entregan ni dicen la verdad. Ellos reivindican el terrorismo de Estado”, comentó a la prensa y advirtió que “vayan donde vayan los vamos a perseguir. No les vamos a hacer fácil el camino a la impunidad”.

A las afueras del hotel, los gritos eran cada vez más fuertes. La rabia de los manifestantes se hacía notar cada vez que un ex general del Ejército lograba ingresar al recinto. Incluso, uno de ellos que entró custodiado por Carabineros y a quien las agrupaciones ya se habían encargado de enrostrarle su calidad de criminal, levantó la mano esbozando una sonrisa de satisfacción y saludó hacia las más de cien personas que se encontraban en el exterior manifestándose. Fue como si el dolor de aquellos que gritaban, alimentara la felicidad de los cómplices de los asesinatos y torturas durante la dictadura. Las provocaciones se sucedían una tras otra.

Casi una hora después de iniciado el evento, se especulaba que Corbalán estaría desde la comodidad de Punta Peuco tomando contacto con sus invitados  quizás por streaming. Pero más  indignante, expresaban las organizaciones, habría sido verlo llegar jactándose de sus beneficios. No es secreto que varios de los criminales encarcelados han salido a matrimonios y funerales de sus familiares pese a las condenas. El Estado resguarda a este grupo y les otorga beneficios mientras niega una salida por 48 horas a una autoridad ancestral mapuche privada de libertad en La Araucanía.

Verónica De Negri, madre de Rodrigo Rojas De Negri fotógrafo quemado por una patrulla militar, iba camino al Terminal de Buses de Santiago, pero le llegó un mensaje sobre la funa y se devolvió a protestar. “Es que es más que una falta de respeto, es una tortura psicológica, porque lo que revivimos con todo esto, son muchas cosas, son muchísimas. En el caso mío no es solo mi hijo, soy yo, son mis hermanos, son mis amigos, son mis compañeros de trabajo. Todo lo que perdimos, todo lo que nos quitaron, todo lo que nos robaron y lo que siguen robando y se lo robaron al Estado”, dijo.

“Esto no es un atropello sólo a las víctimas sino a la humanidad. Lo que puedo decir es que el fin de ellos es destruirnos a nosotros. Conmigo se equivocan y con muchos de nosotros porque toda esta gente que está aquí vino espontáneamente. Yo perdí a mi hijo que me lo mataron de una forma tan brutal y que ni siquiera supieron respetar su funeral, porque Carabineros fue a provocar, nos reprimió tremendamente, reprimió a todos los que estaban. Llevo 32 años peleando por justicia por él y Carmen Gloria Quintana, entonces ¿cómo no nos va a hacer daño esto?”, manifestó.

Las reacciones se explicaban en un mensaje: “En un país decente este libro sería censurado y los cómplices de la presentación encarcelados por apología al genocidio”.

Texto de Natalia Figueroa y Nicole Venegas.
Fotografía referencial: Natalia Figueroa.