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Año XVI, 19 de mayo de 2024


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Una veintena de  organizaciones  llegaron hasta el Ministerio de Obras Publicas para conocer los principales ejes de la reforma que impulsa el Ejecutivo en la perspectiva de regular el mercado del vital elemento. Pese a que no concuerdan con la iniciativa en su totalidad reconocen que es un avance en la dirección correcta, mientras que centros de estudio ligados a la Alianza la consideran innecesaria.
 

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Se busca catalogarla como bien nacional de uso público:

Diferencias genera proyecto que otorga rango constitucional al agua

Una veintena de  organizaciones  llegaron hasta el Ministerio de Obras Publicas para conocer los principales ejes de la reforma que impulsa el Ejecutivo en la perspectiva de regular el mercado del vital elemento. Pese a que no concuerdan con la iniciativa en su totalidad reconocen que es un avance en la dirección correcta, mientras que centros de estudio ligados a la Alianza la consideran innecesaria.
 

Juan Pablo Palacios

  Viernes 25 de septiembre 2009 1:10 hrs. 
Radio-Uchile

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Reunidos con el director general de Aguas, Rodrigo Weissner, los activistas y dirigentes conocieron los detalles de la iniciativa que actualmente se encuentra en etapa preparatoria para su próximo envío al Congreso.  

Weissner aclaró que la propuesta expresa un consenso de la mesa ministerial “hídrica” y que el texto consiste en elevar a rango constitucional el vital elemento, ya sea en su estado líquido, sólido y/o gaseoso, además de establecer que es un bien nacional de uso público.  

Respecto de las críticas formuladas por centros de estudio ligados a la Alianza que señalan que se trata de una reforma innecesaria, que genera incertidumbre, Rodrigo Weissner desestimó los comentarios y afirmó que el proyecto apunta al objetivo de regular un mercado anómalo y altamente concentrado.

“Nuestra evaluación es que ese impacto va a ser positivo. El mercado del derecho de agua que se tiene aquí en Chile es pésimo, funciona mal y de manera desigual, hay monopolio y concentración, hay asimetrías de la información, barreras de entrada, obstáculos administrativos. Todos los papers que se han escrito sobre la materia dicen que el mercado del derecho de agua en Chile, salvo un lugar muy específico en la Cuarta Región, es pésimo”, expresó.

Pero María De La Luz Domper, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, reiteró su disconformidad con la iniciativa del gobierno y señaló que los supuestos problemas del aprovechamiento de aguas deberían zanjarse con una mejor definición del derecho de propiedad.

“La supuesta concentración no se mejora a través de esta reforma constitucional. Para eso se creó la patente por no uso. Entonces creemos que la solución para que el mercado opere más eficientemente no es volver atrás, sino que es atacar el problema en su verdadera raíz. Y esa es que no está bien definido el derecho de propiedad. Eso es lo que se debiera corregir. Desde ese punto de vista es innecesaria la reforma constitucional que se está planteando”. indicó.

En tanto, las organizaciones ecológicas expresaron que aunque no concuerdan en un 100 por ciento con la propuesta de reforma, reconocen que su discusión y aprobación parlamentaria seria un avance en la dirección correcta para la recuperación del agua como patrimonio y bien común de todos los chilenos.

Así lo hizo ver la directora de la organización no gubernamental Chile Sustentable, Sara Larraín. “La verdad es que nuestra posición es de apoyo a esta idea del cambio constitucional en la medida que Chile tiene pendiente el reconocimiento del agua como un bien de todos los chilenos. Al señalarla como un bien nacional de uso público, claramente se está restituyendo el orden que hoy día está definido en el Código, pero no en la Constitución”, explicó.
La reforma constitucional pretende también darle la facultad al Estado de reservar caudales; y establecer por ley la constitución, reconocimiento, transferencia, transmisión, renuncia, extinción, caducidad y pérdida de los derechos de aguas a particulares.

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