La Contraloría General de la República dictaminó descontar el aumento en los sueldos de los funcionarios municipales que el mismo organismo ordenó realizar. Son más de 50 mil funcionarios que se ven afectados por la medida, los que presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para revertir el dictamen.
Dirigentes de funcionarios municipales de todo el país presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el objetivo de revertir el dictamen de la Contraloría General de la República, que les quita el incremento dictaminado por el propio organismo.
Óscar Yáñez, presidente de la Agrupación Nacional de Funcionarios Municipales, explicó que la propia Contraloría ordenó a los municipios el aumento salarial, aunque luego de recibir el primer pago se les descontó de la colilla de sueldos.
“Creemos que no debía haber cambiado el primer criterio, donde señalaba que se debía efectuar el pago, y obviamente hubo una presión muy fuerte del gobierno, a través del subsecretario de Desarrollo Regional, Francisco Aleuy, y también la Asociación de Alcaldes y Concejales del país, quienes presionaron fuertemente y obligaron prácticamente a sacar dos dictámenes y en uno de ellos solicitar la devolución del dinero”, informó.
Son unos 50 mil los funcionarios afectados de todos los municipios del país con la decisión de descontar el aumento salarial, el que tiene un costo de 33 mil millones de pesos al año para el Estado.
Esta decisión contraviene el Estado de Derecho y la propia Constitución Política, según explicó por su parte el abogado patrocinante de la presentación ante la Corte de Apelaciones, César Rojas.
“Resulta bastante grave que de parte de autoridades públicas se esté infringiendo el estado de derecho en Chile. Primero se les otorgó un incremento previsional en las remuneraciones, los trabajadores lo adquirieron de buena fe y de un mes para otro se les priva sin darles mayor explicación, o sea en su liquidación ellos aparecen sin ese monto de remuneraciones”, señaló.
El incremento significaba un diez por ciento para todos los funcionarios municipales, sector que se caracteriza por sus bajas remuneraciones, cruzados además por la crisis económica que se registra en la gran mayoría de los municipios, que incluso se han declarado en una quiebra virtual.
La Contraloría General de la República dictaminó descontar el aumento en los sueldos de los funcionarios municipales que el mismo organismo ordenó realizar. Son más de 50 mil funcionarios que se ven afectados por la medida, los que presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para revertir el dictamen.
Dirigentes de funcionarios municipales de todo el país presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el objetivo de revertir el dictamen de la Contraloría General de la República, que les quita el incremento dictaminado por el propio organismo.
Óscar Yáñez, presidente de la Agrupación Nacional de Funcionarios Municipales, explicó que la propia Contraloría ordenó a los municipios el aumento salarial, aunque luego de recibir el primer pago se les descontó de la colilla de sueldos.
“Creemos que no debía haber cambiado el primer criterio, donde señalaba que se debía efectuar el pago, y obviamente hubo una presión muy fuerte del gobierno, a través del subsecretario de Desarrollo Regional, Francisco Aleuy, y también la Asociación de Alcaldes y Concejales del país, quienes presionaron fuertemente y obligaron prácticamente a sacar dos dictámenes y en uno de ellos solicitar la devolución del dinero”, informó.
Son unos 50 mil los funcionarios afectados de todos los municipios del país con la decisión de descontar el aumento salarial, el que tiene un costo de 33 mil millones de pesos al año para el Estado.
Esta decisión contraviene el Estado de Derecho y la propia Constitución Política, según explicó por su parte el abogado patrocinante de la presentación ante la Corte de Apelaciones, César Rojas.
“Resulta bastante grave que de parte de autoridades públicas se esté infringiendo el estado de derecho en Chile. Primero se les otorgó un incremento previsional en las remuneraciones, los trabajadores lo adquirieron de buena fe y de un mes para otro se les priva sin darles mayor explicación, o sea en su liquidación ellos aparecen sin ese monto de remuneraciones”, señaló.
El incremento significaba un diez por ciento para todos los funcionarios municipales, sector que se caracteriza por sus bajas remuneraciones, cruzados además por la crisis económica que se registra en la gran mayoría de los municipios, que incluso se han declarado en una quiebra virtual.
La Contraloría General de la República dictaminó descontar el aumento en los sueldos de los funcionarios municipales que el mismo organismo ordenó realizar. Son más de 50 mil funcionarios que se ven afectados por la medida, los que presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para revertir el dictamen.
Dirigentes de funcionarios municipales de todo el país presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el objetivo de revertir el dictamen de la Contraloría General de la República, que les quita el incremento dictaminado por el propio organismo.
Óscar Yáñez, presidente de la Agrupación Nacional de Funcionarios Municipales, explicó que la propia Contraloría ordenó a los municipios el aumento salarial, aunque luego de recibir el primer pago se les descontó de la colilla de sueldos.
“Creemos que no debía haber cambiado el primer criterio, donde señalaba que se debía efectuar el pago, y obviamente hubo una presión muy fuerte del gobierno, a través del subsecretario de Desarrollo Regional, Francisco Aleuy, y también la Asociación de Alcaldes y Concejales del país, quienes presionaron fuertemente y obligaron prácticamente a sacar dos dictámenes y en uno de ellos solicitar la devolución del dinero”, informó.
Son unos 50 mil los funcionarios afectados de todos los municipios del país con la decisión de descontar el aumento salarial, el que tiene un costo de 33 mil millones de pesos al año para el Estado.
Esta decisión contraviene el Estado de Derecho y la propia Constitución Política, según explicó por su parte el abogado patrocinante de la presentación ante la Corte de Apelaciones, César Rojas.
“Resulta bastante grave que de parte de autoridades públicas se esté infringiendo el estado de derecho en Chile. Primero se les otorgó un incremento previsional en las remuneraciones, los trabajadores lo adquirieron de buena fe y de un mes para otro se les priva sin darles mayor explicación, o sea en su liquidación ellos aparecen sin ese monto de remuneraciones”, señaló.
El incremento significaba un diez por ciento para todos los funcionarios municipales, sector que se caracteriza por sus bajas remuneraciones, cruzados además por la crisis económica que se registra en la gran mayoría de los municipios, que incluso se han declarado en una quiebra virtual.
