Las superintendencias de Seguridad Social y Salud desestimaron las críticas del presidente del Colegio Médico, quien afirmó que la investigación que denunció a un total de 83 facultativos fue poco acuciosa y se conoció cuando ya había un daño hecho. Además, descartaron que las Isapres suban los precios de los planes de salud, producto del escándalo.

La polémica por la denuncia de los nuevos 67 médicos que extendieron licencias médicas irregulares, continúa luego que el presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, calificara la investigación como “poco acuciosa” y señalara que las acusaciones corresponden a un pequeño número de profesionales, por lo que no se puede poner en tela de juicio a todos los médicos del país.

Incluso, Rodríguez emplazó a la Superintendencia de Seguridad Social a hacer mejor su trabajo, pues según indicó, su labor es “prevenir este tipo de situaciones en forma oportuna”, no cuando ya hay un daño efectivo.  El presidente del Colegio Médico, llamó además a la institución a dar  a conocer los nombres del total de los 83 médicos involucrados.

El superintendente de Seguridad Social, Álvaro Elizalde, no quiso entrar en discusión directa con el Colegio Médico, sino que reiteró que la denuncia pretende proteger a los trabajadores del país.

“Como Superintendencia de Seguridad Social no vamos a entrar al área chica de las descalificaciones, si el presidente del Colegio Médico quiere pelear, que pelee solo. Esto no es una denuncia contra los médicos, esta es una denuncia en favor de los trabajadores, por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en la minucia de descalificaciones más, descalificaciones menos. Nuestro llamado es actuar con atura de miras y asumir el gran desafío que implica erradicar este fraude, que por lo además constituye un secreto a voces conocido por todos los chilenos”, señaló.

Para reforzar la validez de las denuncias, el superintendente de Salud, Manuel Inostroza, defendió el trabajo de su par Elizalde y argumentó que después de un año de asumir el cargo, ya denunció una situación gravemente irregular.

Inostroza además señaló la gravedad de los montos involucrados, pues entre las más de quinientas mil licencias médicas fraudulentas, hay un pérdida de 42 mil millones de pesos, de las cuales 33 mil millones corresponden a pérdidas para el sector público de salud por las prestaciones cubiertas por Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

“Hay que respaldar con absoluto compromiso este rol de proteger y cautelar los derechos de las personas y el  buen uso de sus beneficios. En el caso de Fonasa, los 33 mil millones de pesos  en los que están involucrados solo los 83 médicos con mayor número de licencias médicas que están bajo investigación y que fueron denunciados al Ministerio Público, ese dinero equivale al cien  por ciento de la inversión presupuestaria para la construcción de más hospitales y consultorios en el sistema público de salud”, denunció.

Inostroza además señaló que pese al escándalo mediático que provocaron estas irregularidades, las Isapres no tendrán base para subir los precios de los planes de salud. Por ello,  recordó que en 2003 la misma Superintendencia de Seguridad Social inició un fuerte proceso de fiscalización a propósito de las licencias médicas fraudulentas que vendía la doctora María Luisa Cordero, delito por el cual fue procesada.

Otro argumento que podría ser utilizado por las Isapres para subir los costos de los planes de salud, dice relación con la presencia de la pandemia de influenza humana, pero según las cifras entregadas por la Superintendencia de Salud, esa causa de otorgamiento de licencias médicas, apenas tuvo un incremento de un 1,9 por ciento durante el primer semestre de 2009.

“El impacto en el gasto de licencias médicas por enfermedades de invierno o por la gripe N1H1 no fue mas del 1 por ciento en el incremento de los costos. Esto genera una condición base para que el próximo año las Isapres no tengan excusa ni tengan presiones para incrementar los planes de salud. Recordemos que este año el incremento de precios fue 0,9 por ciento, menos del 1 por ciento se incrementaron los precios. El próximo año se podría mantener es a misma política de precios o menor, gracias a esta política de control y fiscalización”, afirmó.

Inostroza y Elizalde además coincidieron en la preocupación porque no se dé impulso al proyecto de ley sobre licencia médica electrónica, que aceleraría el trámite de pago que muchas veces supera los 90 días, mientras que la ley establece un plazo de 30 días.

Además, aseguraron que los protocolos y guías referenciales son la manera moderna en que los profesionales protocolizan sus tratamientos y terapias para que sean aplicados al otorgamiento de licencias médicas. Según indicaron, el proyecto de ley está entrampado en la subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud.