Atentos están los docentes del país a la espera de la respuesta que dará el Gobierno al Congreso Nacional sobre el pago de la deuda histórica.

El 12 de agosto la Cámara de Diputados aprobó un informe que establece una fórmula de pago. Sin embargo, ya se cumplió el plazo formal de sesenta días para obtener el pronunciamiento del Ejecutivo que vence este jueves.

Según lo informado por los profesores,  a las doce del día se podría conocer la posición del gobierno en esta materia, a la que se comprometieron en la discusión presupuestaria del año pasado.

Sin embargo, las autoridades continúan reacias frente a las medidas de presión que están ejerciendo los docentes. El subsecretario de Educación, Cristián Martínez, fue enfático al señalar que, a su juicio, un nuevo paro sería “injustificado”.

“Si yo tengo demandas que son evaluadas y escuchadas en torno a las leyes y a la disponibilidad que uno tiene, esas son las respuestas que se pueden entregar razonablemente. Aquí hay un bien superior que es mantener el sistema educativo funcionando. Hay niños que están terminando su enseñanza básica y otros la media y lo único que quieren las familias es terminar en normalidad, por eso  consideramos este paro injusto”, sentenció la Martínez.

Pero los profesores no dan su brazo a torcer y ya se han acercado a representantes de la Iglesia para solicitar una intervención que ayude a conciliar este conflicto. Es así como  el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Alejandro Goic, manifestó la posibilidad de ser “un facilitador de diálogo” entre los maestros y las autoridades.

Inquietud en el Congreso

Si bien, durante la jornada del jueves el Ejecutivo deberá pronunciarse sobre los mecanismos de pago de la deuda histórica de los profesores, en el Parlamento se mostraron muy molestos ante el silencio que ha rondado entre las autoridades por el tema. Incluso desde algunos sectores amenazaron con rechazar los dineros de la partida correspondiente al ministerio de Educación para el 2010.

“Vamos a dejar en mil pesos el presupuesto de educación hasta que no haya una solución permanente al tema de la deuda histórica de los profesores y los asistentes de la educación”, afirmó Rodrigo González  del PPD.
No obstante, para otros diputados, como el DC Gabriel Silber, miembro de la comisión de Educación, no debe mezclarse la discusión presupuestaria con el tema de la deuda histórica, pues existen herramientas constitucionales para exigir al Ejecutivo que cumpla con sus compromisos, señalando que, por ejemplo, si no hay respuestas concretas pronto podría acusarse constitucionalmente a la ministra de Educación, Mónica Jiménez.

“Existen otros mecanismos constitucionales. Está la acusación constitucional, está la interpelación, está el que nosotros citemos derechamente dentro de las próximas horas, si no hay una respuesta concreta, a la ministra de Educación. Y  en ese orden de ideas, prefiero avanzar y perseverar en lo primero antes que hacer amenazas con desechar una ley que es tan importante para el país”, afirmó.

Carlos Montes del PS, miembro de la comisión de Educación y Hacienda y quien fuera presidente de la comisión de Deudas Históricas, planteó que si existe un pronunciamiento del Ejecutivo, éste debe ser respetando los términos señalados por el Congreso.

“¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el ministro de Hacienda? No tengo idea. Lo único que pido es respeto al Congreso, no sólo a los profes, sino también al Congreso, que por unanimidad les hizo un planteamiento. Por definición todas las deudas históricas están preescritas, pero eso no significa que no sean legítimas, que no tengan un fundamento”, señaló.

El informe del Congreso señala que el gobierno se debe pronunciar sobre las deudas históricas que afectan a los profesores y también a gendarmería y a los deudores habitacionales.

El documento plantea además un recorte de los ingresos por ley reservada del cobre y establecer un bono, que pueda alcanzar cerca de un 30 por ciento de lo que sería una deuda histórica. Asimismo, establece la posibilidad de implementar impuestos a las grandes fortunas o al tabaco y al alcohol, de manera extraordinaria, para poder financiar una reparación.

Hasta el momento, todos los parlamentarios han coincido en que la deuda histórica planteada por los profesores es legítima en su cobro y que Estado debe hacerse cargo. Además, plantean que el informe entregado al gobierno estipula que la deuda puede financiarse, por lo que exigen una pronta respuesta del ministerio de Educación.