“No existe un interés real por parte del gobierno de generar y propiciar el diálogo con los mapuches, sino que el objetivo es reducir la acción especialmente policial, en ciertas comunidades para luego no dar cuenta del problema que es mucho más global” afirmó Alejandro Herrera, docente de la Universidad de la Frontera y miembro de su Instituto de Asuntos Indígenas.
Para el especialista, la respuesta del Ejecutivo es equívoca, ya que provoca daños en los integrantes de las comunidades al actuar sólo a través de la represión y no atacando el conflicto de fondo, que es la demanda territorial y política que hace el pueblo mapuche.
“El conflicto se ha trasladado hacia las comunidades. Ya no son organizaciones de alcance nacional, sino que son comunidades específicas, lo cual es grave desde el punto de vista de los efectos sobre los miembros de las mismas, a propósito del accionar policial. Es lamentable que nos encontremos en esta situación. Por eso es que algunas instituciones están haciendo un esfuerzo para tratar de recuperar alguna instancia de diálogo o para tratar de construir bases para la generación de espacios de diálogo”, indicó el académico.
El docente hace hincapié en este aspecto, que ya ha sido invocado de parte de todas las comunidades, como por ejemplo las que están reunidas en torno a la Asamblea Territorial que encabeza el lonko Juan Catrillanca de la comunidad de Temocuicui Histórica.
Pero, para el werkén de la misma comunidad, Mijael Carbone Queipul, la respuesta a este emplazamiento ha sido el despliegue de policías en la zona, cuando el interés de ellos es una demanda histórica y no provocar terror en la zona como aparece constantemente en los medios, subrayó.
“El gobierno está acostumbrado a justificarse y a realizar actos en los que después, con sus recursos, arman montajes. Dicen ‘aquí hay actos de terrorismo y los culpables son los mapuches y ellos son los que tienen que ser encarcelados’. Nosotros como pueblo-nación nos estamos organizando en lo más interior de las comunidades para decirle al Estado de Chile ‘ya basta’ ”, expresó Carbone Queipul.
El dirigente comentó que están en un proceso de diálogo con otras comunidades en la localidad de Tragún, para evaluar el camino que adoptarán, porque, según él, ya no están dispuestos a tener más represión como respuesta.
Mientras, en el Tribunal de Victoria se acusó de asociación ilícita, robo con intimidación, homicidio frustrado e incendio, todo bajo la legislación antiterrorista contra los comuneros de Temocuicui Autónomo acusados de los ataques contra dos camiones y un peaje hace casi dos semanas, cargos que fueron calificados como un montaje por el werkén Jorge Huenchullán.
“Para nosotros este es un montaje bien preparado y coordinado por ambas policías y por el Ministerio Público que sólo busca condenar a nuestros hermanos. Aquí hay un descontrol y desproporcionalidad en la aplicación de la ley hacia nuestros hermanos. Es incoherente que se puedan aplicar a mapuches humildes dentro de una comunidad y que se invoque la Ley Antiterrorista para sancionarlos de esa manera. Hay una persecución constante, brutal y genocida por parte del Estado”, aseguró el representante mapuche.
De continuar la represión, Huenchullán advirtió que va a haber un levantamiento generalizado de las comunidades, ya que están cansados de no encontrar el diálogo que tanto han convocado.
En tanto, el tribunal de Victoria decidió que Felipe Huenchullán Cayul, Víctor Hugo Queipul Millanao y José Millanao Millape fueran dejados en prisión en la cárcel de Angol mientras dura la investigación por los ataques de hace dos semanas en esa ciudad. En tanto, José Queipul Hueiquil y Camilo Tori Millanao, fueron llevados a la cárcel de Temuco en lugar de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago como pidió en su momento la fiscalía.
“No existe un interés real por parte del gobierno de generar y propiciar el diálogo con los mapuches, sino que el objetivo es reducir la acción especialmente policial, en ciertas comunidades para luego no dar cuenta del problema que es mucho más global” afirmó Alejandro Herrera, docente de la Universidad de la Frontera y miembro de su Instituto de Asuntos Indígenas.
Para el especialista, la respuesta del Ejecutivo es equívoca, ya que provoca daños en los integrantes de las comunidades al actuar sólo a través de la represión y no atacando el conflicto de fondo, que es la demanda territorial y política que hace el pueblo mapuche.
“El conflicto se ha trasladado hacia las comunidades. Ya no son organizaciones de alcance nacional, sino que son comunidades específicas, lo cual es grave desde el punto de vista de los efectos sobre los miembros de las mismas, a propósito del accionar policial. Es lamentable que nos encontremos en esta situación. Por eso es que algunas instituciones están haciendo un esfuerzo para tratar de recuperar alguna instancia de diálogo o para tratar de construir bases para la generación de espacios de diálogo”, indicó el académico.
El docente hace hincapié en este aspecto, que ya ha sido invocado de parte de todas las comunidades, como por ejemplo las que están reunidas en torno a la Asamblea Territorial que encabeza el lonko Juan Catrillanca de la comunidad de Temocuicui Histórica.
Pero, para el werkén de la misma comunidad, Mijael Carbone Queipul, la respuesta a este emplazamiento ha sido el despliegue de policías en la zona, cuando el interés de ellos es una demanda histórica y no provocar terror en la zona como aparece constantemente en los medios, subrayó.
“El gobierno está acostumbrado a justificarse y a realizar actos en los que después, con sus recursos, arman montajes. Dicen ‘aquí hay actos de terrorismo y los culpables son los mapuches y ellos son los que tienen que ser encarcelados’. Nosotros como pueblo-nación nos estamos organizando en lo más interior de las comunidades para decirle al Estado de Chile ‘ya basta’ ”, expresó Carbone Queipul.
El dirigente comentó que están en un proceso de diálogo con otras comunidades en la localidad de Tragún, para evaluar el camino que adoptarán, porque, según él, ya no están dispuestos a tener más represión como respuesta.
Mientras, en el Tribunal de Victoria se acusó de asociación ilícita, robo con intimidación, homicidio frustrado e incendio, todo bajo la legislación antiterrorista contra los comuneros de Temocuicui Autónomo acusados de los ataques contra dos camiones y un peaje hace casi dos semanas, cargos que fueron calificados como un montaje por el werkén Jorge Huenchullán.
“Para nosotros este es un montaje bien preparado y coordinado por ambas policías y por el Ministerio Público que sólo busca condenar a nuestros hermanos. Aquí hay un descontrol y desproporcionalidad en la aplicación de la ley hacia nuestros hermanos. Es incoherente que se puedan aplicar a mapuches humildes dentro de una comunidad y que se invoque la Ley Antiterrorista para sancionarlos de esa manera. Hay una persecución constante, brutal y genocida por parte del Estado”, aseguró el representante mapuche.
De continuar la represión, Huenchullán advirtió que va a haber un levantamiento generalizado de las comunidades, ya que están cansados de no encontrar el diálogo que tanto han convocado.
En tanto, el tribunal de Victoria decidió que Felipe Huenchullán Cayul, Víctor Hugo Queipul Millanao y José Millanao Millape fueran dejados en prisión en la cárcel de Angol mientras dura la investigación por los ataques de hace dos semanas en esa ciudad. En tanto, José Queipul Hueiquil y Camilo Tori Millanao, fueron llevados a la cárcel de Temuco en lugar de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago como pidió en su momento la fiscalía.
“No existe un interés real por parte del gobierno de generar y propiciar el diálogo con los mapuches, sino que el objetivo es reducir la acción especialmente policial, en ciertas comunidades para luego no dar cuenta del problema que es mucho más global” afirmó Alejandro Herrera, docente de la Universidad de la Frontera y miembro de su Instituto de Asuntos Indígenas.
Para el especialista, la respuesta del Ejecutivo es equívoca, ya que provoca daños en los integrantes de las comunidades al actuar sólo a través de la represión y no atacando el conflicto de fondo, que es la demanda territorial y política que hace el pueblo mapuche.
“El conflicto se ha trasladado hacia las comunidades. Ya no son organizaciones de alcance nacional, sino que son comunidades específicas, lo cual es grave desde el punto de vista de los efectos sobre los miembros de las mismas, a propósito del accionar policial. Es lamentable que nos encontremos en esta situación. Por eso es que algunas instituciones están haciendo un esfuerzo para tratar de recuperar alguna instancia de diálogo o para tratar de construir bases para la generación de espacios de diálogo”, indicó el académico.
El docente hace hincapié en este aspecto, que ya ha sido invocado de parte de todas las comunidades, como por ejemplo las que están reunidas en torno a la Asamblea Territorial que encabeza el lonko Juan Catrillanca de la comunidad de Temocuicui Histórica.
Pero, para el werkén de la misma comunidad, Mijael Carbone Queipul, la respuesta a este emplazamiento ha sido el despliegue de policías en la zona, cuando el interés de ellos es una demanda histórica y no provocar terror en la zona como aparece constantemente en los medios, subrayó.
“El gobierno está acostumbrado a justificarse y a realizar actos en los que después, con sus recursos, arman montajes. Dicen ‘aquí hay actos de terrorismo y los culpables son los mapuches y ellos son los que tienen que ser encarcelados’. Nosotros como pueblo-nación nos estamos organizando en lo más interior de las comunidades para decirle al Estado de Chile ‘ya basta’ ”, expresó Carbone Queipul.
El dirigente comentó que están en un proceso de diálogo con otras comunidades en la localidad de Tragún, para evaluar el camino que adoptarán, porque, según él, ya no están dispuestos a tener más represión como respuesta.
Mientras, en el Tribunal de Victoria se acusó de asociación ilícita, robo con intimidación, homicidio frustrado e incendio, todo bajo la legislación antiterrorista contra los comuneros de Temocuicui Autónomo acusados de los ataques contra dos camiones y un peaje hace casi dos semanas, cargos que fueron calificados como un montaje por el werkén Jorge Huenchullán.
“Para nosotros este es un montaje bien preparado y coordinado por ambas policías y por el Ministerio Público que sólo busca condenar a nuestros hermanos. Aquí hay un descontrol y desproporcionalidad en la aplicación de la ley hacia nuestros hermanos. Es incoherente que se puedan aplicar a mapuches humildes dentro de una comunidad y que se invoque la Ley Antiterrorista para sancionarlos de esa manera. Hay una persecución constante, brutal y genocida por parte del Estado”, aseguró el representante mapuche.
De continuar la represión, Huenchullán advirtió que va a haber un levantamiento generalizado de las comunidades, ya que están cansados de no encontrar el diálogo que tanto han convocado.
En tanto, el tribunal de Victoria decidió que Felipe Huenchullán Cayul, Víctor Hugo Queipul Millanao y José Millanao Millape fueran dejados en prisión en la cárcel de Angol mientras dura la investigación por los ataques de hace dos semanas en esa ciudad. En tanto, José Queipul Hueiquil y Camilo Tori Millanao, fueron llevados a la cárcel de Temuco en lugar de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago como pidió en su momento la fiscalía.
