El Consorcio de Universidades Estatales de Chile, que agrupa a los 16 planteles de propiedad fiscal, solicitó al gobierno que en la Ley de Presupuesto para 2010 se les autorice a contratar créditos de largo plazo que les permitan mejorar su infraestructura, equipamiento y gestión financiera con tasas de interés convenientes para el patrimonio público, dada la oferta crediticia actual.
Mediante una declaración pública, los rectores de las casas de estudio aclararon que la demanda “busca remover una discriminación injusta, restricción legal que no afecta a otras instituciones de educación superior” y que “la medida no implica recursos extraordinarios al Fisco”.
Cabe señalar que las universidades estatales carecen de facultades legales para tomar créditos por un plazo mayor a un período presidencial, lo que limita gravemente sus capacidades de inversión y desarrollo, en la búsqueda de una mejor educación universitaria para sus estudiantes.
La petición argumenta que las Universidades Estatales requieren una ley de quórum calificado para renegociar sus créditos o realizar inversiones, como construir un bien raíz o equipar su propiedad. A pesar de ello, reconocen que su condición de instituciones públicas no les permite total libertad y por ello, continuarán dispuestas a que se establezcan nuevos controles públicos de ser necesarios, para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Finalmente, el organismo declaró que observa con preocupación para la gestión de las instituciones la falta de acciones concretas a las demandas que diferentes actores sociales han planteado a la educación superior estatal, en especial el reajuste del sector público, los aranceles de referencia, las ayudas estudiantiles y los fondos para investigación, desarrollo e innovación, como asimismo el compromiso con las humanidades, las ciencias sociales y las artes, materias que no están siendo incluidas satisfactoriamente en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2010 presentado al Parlamento.
El Consorcio de Universidades Estatales de Chile, que agrupa a los 16 planteles de propiedad fiscal, solicitó al gobierno que en la Ley de Presupuesto para 2010 se les autorice a contratar créditos de largo plazo que les permitan mejorar su infraestructura, equipamiento y gestión financiera con tasas de interés convenientes para el patrimonio público, dada la oferta crediticia actual.
Mediante una declaración pública, los rectores de las casas de estudio aclararon que la demanda “busca remover una discriminación injusta, restricción legal que no afecta a otras instituciones de educación superior” y que “la medida no implica recursos extraordinarios al Fisco”.
Cabe señalar que las universidades estatales carecen de facultades legales para tomar créditos por un plazo mayor a un período presidencial, lo que limita gravemente sus capacidades de inversión y desarrollo, en la búsqueda de una mejor educación universitaria para sus estudiantes.
La petición argumenta que las Universidades Estatales requieren una ley de quórum calificado para renegociar sus créditos o realizar inversiones, como construir un bien raíz o equipar su propiedad. A pesar de ello, reconocen que su condición de instituciones públicas no les permite total libertad y por ello, continuarán dispuestas a que se establezcan nuevos controles públicos de ser necesarios, para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Finalmente, el organismo declaró que observa con preocupación para la gestión de las instituciones la falta de acciones concretas a las demandas que diferentes actores sociales han planteado a la educación superior estatal, en especial el reajuste del sector público, los aranceles de referencia, las ayudas estudiantiles y los fondos para investigación, desarrollo e innovación, como asimismo el compromiso con las humanidades, las ciencias sociales y las artes, materias que no están siendo incluidas satisfactoriamente en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2010 presentado al Parlamento.
El Consorcio de Universidades Estatales de Chile, que agrupa a los 16 planteles de propiedad fiscal, solicitó al gobierno que en la Ley de Presupuesto para 2010 se les autorice a contratar créditos de largo plazo que les permitan mejorar su infraestructura, equipamiento y gestión financiera con tasas de interés convenientes para el patrimonio público, dada la oferta crediticia actual.
Mediante una declaración pública, los rectores de las casas de estudio aclararon que la demanda “busca remover una discriminación injusta, restricción legal que no afecta a otras instituciones de educación superior” y que “la medida no implica recursos extraordinarios al Fisco”.
Cabe señalar que las universidades estatales carecen de facultades legales para tomar créditos por un plazo mayor a un período presidencial, lo que limita gravemente sus capacidades de inversión y desarrollo, en la búsqueda de una mejor educación universitaria para sus estudiantes.
La petición argumenta que las Universidades Estatales requieren una ley de quórum calificado para renegociar sus créditos o realizar inversiones, como construir un bien raíz o equipar su propiedad. A pesar de ello, reconocen que su condición de instituciones públicas no les permite total libertad y por ello, continuarán dispuestas a que se establezcan nuevos controles públicos de ser necesarios, para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Finalmente, el organismo declaró que observa con preocupación para la gestión de las instituciones la falta de acciones concretas a las demandas que diferentes actores sociales han planteado a la educación superior estatal, en especial el reajuste del sector público, los aranceles de referencia, las ayudas estudiantiles y los fondos para investigación, desarrollo e innovación, como asimismo el compromiso con las humanidades, las ciencias sociales y las artes, materias que no están siendo incluidas satisfactoriamente en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2010 presentado al Parlamento.
