En menos de 24 horas el comité técnico de la comisión de Medio Ambiente del Senado dio el visto bueno al proyecto que crea el ministerio del ramo, el cual se pretende esté listo antes del término del gobierno de Michelle Bachelet.
La aprobación se pudo lograr luego del acuerdo alcanzado por la directora de la Corporación Nacional del Medioambiente, Ana Lya Uriarte, junto a los parlamentarios de la oposición en el comité parlamentario que encabeza Pablo Longueira.
Para Claudia Sepúlveda, representante del movimiento Acción por los Cisnes, el compromiso le quita el poder que requiere una nueva autoridad en esta materia, cuando en el país se debaten importantes proyectos que pueden afectar irreversiblemente el medio ambiente.
“Básicamente lo que hace es aceptar las exigencias de la derecha, para hacer menos duras las sanciones a las empresas y a las personas que cometan infracciones ambientales. El proyecto de ley crea una superintendencia, la derecha lo que pide es que se creen además tribunales ambientales que van a tener la atribución de revisar los dictámenes y eventualmente prolongarlos indefinidamente, sin ninguna resolución y ese es el tema que ellos están pidiendo y que la ministra acogió cien por ciento”, declaró la ecologista.
Sepúlveda agregó además que en la Cámara de Diputados se generaron avances significativos, como por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental, así como el establecimiento de espacios de participación ciudadana, lo que con el acuerdo entre Uriarte y los parlamentarios de la oposición quedaron en nada.
Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, precisó que hay un importante trabajo de las organizaciones ciudadanas, así como de los propios parlamentarios que hicieron más de mil indicaciones, lo que será guardado en un cajón porque finalmente no será discutido en el debate del Senado.
“Las mil 350 indicaciones que tuvo este proyecto, que fueron presentadas por más de once senadores no pueden ser discutidas, porque hay un acuerdo político, por lo tanto, las entidades que canalizamos estas demandas, que tuvimos reuniones con legisladores, que es la gente que trabajó en regiones, hizo talleres, o sea, acá hay un trabajo detrás infinito de las ong`s para llegar al Congreso a poner sus demandas. Eso no fue discutido porque había un acuerdo político entre la ministra de Medio Ambiente, la UDI, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista”, denunció Liberona.
Hay una serie de aspectos que el proyecto no aborda, como la intención de dividir el estudio de impacto ambiental para las represas que se pretenden construir en Aysén. La empresa aboga por el estudio a través un carril de las líneas de transmisión, mientras que por otra parte intenta que se analice la construcción propiamente tal.
Si bien la constitución del Ministerio del Medioambiente es un anhelo para las organizaciones preocupadas por este tema, no se puede analizar con la rapidez que se pretende por parte del gobierno ahora en la instancia legislativa, ya que son muchos los problemas que tiene el país en esta materia, comentó por su parte Patricio Rodrigo de Chile Ambiente.
“El país está gravemente afectado por problemas ambientales, en el norte, en el centro, en el sur, en contaminación, en destrucción de recursos naturales, recursos hidrobiologicos y suelos bosques, en fin, y necesitamos una institucionalidad que se haga cargo de buena forma. La ministra ha transado cosas que son muy sentidas por la comunidad ambientalista y la ciudadanía, como es la participación efectiva en los estudios y declaraciones de impacto ambiental”, señaló Rodrigo.
Para los representantes de estas organizaciones es necesario que los senadores escuchen sus observaciones al proyecto que crea el Ministerio del Medioambiente y no se deje para el futuro una nueva institucionalidad que no dará cuenta de los problemas que presenta el país en esta materia.
En menos de 24 horas el comité técnico de la comisión de Medio Ambiente del Senado dio el visto bueno al proyecto que crea el ministerio del ramo, el cual se pretende esté listo antes del término del gobierno de Michelle Bachelet.
La aprobación se pudo lograr luego del acuerdo alcanzado por la directora de la Corporación Nacional del Medioambiente, Ana Lya Uriarte, junto a los parlamentarios de la oposición en el comité parlamentario que encabeza Pablo Longueira.
Para Claudia Sepúlveda, representante del movimiento Acción por los Cisnes, el compromiso le quita el poder que requiere una nueva autoridad en esta materia, cuando en el país se debaten importantes proyectos que pueden afectar irreversiblemente el medio ambiente.
“Básicamente lo que hace es aceptar las exigencias de la derecha, para hacer menos duras las sanciones a las empresas y a las personas que cometan infracciones ambientales. El proyecto de ley crea una superintendencia, la derecha lo que pide es que se creen además tribunales ambientales que van a tener la atribución de revisar los dictámenes y eventualmente prolongarlos indefinidamente, sin ninguna resolución y ese es el tema que ellos están pidiendo y que la ministra acogió cien por ciento”, declaró la ecologista.
Sepúlveda agregó además que en la Cámara de Diputados se generaron avances significativos, como por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental, así como el establecimiento de espacios de participación ciudadana, lo que con el acuerdo entre Uriarte y los parlamentarios de la oposición quedaron en nada.
Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, precisó que hay un importante trabajo de las organizaciones ciudadanas, así como de los propios parlamentarios que hicieron más de mil indicaciones, lo que será guardado en un cajón porque finalmente no será discutido en el debate del Senado.
“Las mil 350 indicaciones que tuvo este proyecto, que fueron presentadas por más de once senadores no pueden ser discutidas, porque hay un acuerdo político, por lo tanto, las entidades que canalizamos estas demandas, que tuvimos reuniones con legisladores, que es la gente que trabajó en regiones, hizo talleres, o sea, acá hay un trabajo detrás infinito de las ong`s para llegar al Congreso a poner sus demandas. Eso no fue discutido porque había un acuerdo político entre la ministra de Medio Ambiente, la UDI, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista”, denunció Liberona.
Hay una serie de aspectos que el proyecto no aborda, como la intención de dividir el estudio de impacto ambiental para las represas que se pretenden construir en Aysén. La empresa aboga por el estudio a través un carril de las líneas de transmisión, mientras que por otra parte intenta que se analice la construcción propiamente tal.
Si bien la constitución del Ministerio del Medioambiente es un anhelo para las organizaciones preocupadas por este tema, no se puede analizar con la rapidez que se pretende por parte del gobierno ahora en la instancia legislativa, ya que son muchos los problemas que tiene el país en esta materia, comentó por su parte Patricio Rodrigo de Chile Ambiente.
“El país está gravemente afectado por problemas ambientales, en el norte, en el centro, en el sur, en contaminación, en destrucción de recursos naturales, recursos hidrobiologicos y suelos bosques, en fin, y necesitamos una institucionalidad que se haga cargo de buena forma. La ministra ha transado cosas que son muy sentidas por la comunidad ambientalista y la ciudadanía, como es la participación efectiva en los estudios y declaraciones de impacto ambiental”, señaló Rodrigo.
Para los representantes de estas organizaciones es necesario que los senadores escuchen sus observaciones al proyecto que crea el Ministerio del Medioambiente y no se deje para el futuro una nueva institucionalidad que no dará cuenta de los problemas que presenta el país en esta materia.
En menos de 24 horas el comité técnico de la comisión de Medio Ambiente del Senado dio el visto bueno al proyecto que crea el ministerio del ramo, el cual se pretende esté listo antes del término del gobierno de Michelle Bachelet.
La aprobación se pudo lograr luego del acuerdo alcanzado por la directora de la Corporación Nacional del Medioambiente, Ana Lya Uriarte, junto a los parlamentarios de la oposición en el comité parlamentario que encabeza Pablo Longueira.
Para Claudia Sepúlveda, representante del movimiento Acción por los Cisnes, el compromiso le quita el poder que requiere una nueva autoridad en esta materia, cuando en el país se debaten importantes proyectos que pueden afectar irreversiblemente el medio ambiente.
“Básicamente lo que hace es aceptar las exigencias de la derecha, para hacer menos duras las sanciones a las empresas y a las personas que cometan infracciones ambientales. El proyecto de ley crea una superintendencia, la derecha lo que pide es que se creen además tribunales ambientales que van a tener la atribución de revisar los dictámenes y eventualmente prolongarlos indefinidamente, sin ninguna resolución y ese es el tema que ellos están pidiendo y que la ministra acogió cien por ciento”, declaró la ecologista.
Sepúlveda agregó además que en la Cámara de Diputados se generaron avances significativos, como por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental, así como el establecimiento de espacios de participación ciudadana, lo que con el acuerdo entre Uriarte y los parlamentarios de la oposición quedaron en nada.
Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, precisó que hay un importante trabajo de las organizaciones ciudadanas, así como de los propios parlamentarios que hicieron más de mil indicaciones, lo que será guardado en un cajón porque finalmente no será discutido en el debate del Senado.
“Las mil 350 indicaciones que tuvo este proyecto, que fueron presentadas por más de once senadores no pueden ser discutidas, porque hay un acuerdo político, por lo tanto, las entidades que canalizamos estas demandas, que tuvimos reuniones con legisladores, que es la gente que trabajó en regiones, hizo talleres, o sea, acá hay un trabajo detrás infinito de las ong`s para llegar al Congreso a poner sus demandas. Eso no fue discutido porque había un acuerdo político entre la ministra de Medio Ambiente, la UDI, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista”, denunció Liberona.
Hay una serie de aspectos que el proyecto no aborda, como la intención de dividir el estudio de impacto ambiental para las represas que se pretenden construir en Aysén. La empresa aboga por el estudio a través un carril de las líneas de transmisión, mientras que por otra parte intenta que se analice la construcción propiamente tal.
Si bien la constitución del Ministerio del Medioambiente es un anhelo para las organizaciones preocupadas por este tema, no se puede analizar con la rapidez que se pretende por parte del gobierno ahora en la instancia legislativa, ya que son muchos los problemas que tiene el país en esta materia, comentó por su parte Patricio Rodrigo de Chile Ambiente.
“El país está gravemente afectado por problemas ambientales, en el norte, en el centro, en el sur, en contaminación, en destrucción de recursos naturales, recursos hidrobiologicos y suelos bosques, en fin, y necesitamos una institucionalidad que se haga cargo de buena forma. La ministra ha transado cosas que son muy sentidas por la comunidad ambientalista y la ciudadanía, como es la participación efectiva en los estudios y declaraciones de impacto ambiental”, señaló Rodrigo.
Para los representantes de estas organizaciones es necesario que los senadores escuchen sus observaciones al proyecto que crea el Ministerio del Medioambiente y no se deje para el futuro una nueva institucionalidad que no dará cuenta de los problemas que presenta el país en esta materia.
