Aunque el gobierno reiteró la defensa del nombramiento del general Juan Miguel Fuente – Alba como nuevo Comandante en Jefe del Ejército, organizaciones de derechos humanos exigieron que se deje sin valor su nombramiento, el cual calificaron como “un insulto y una vergüenza”.
Y si bien existen ciertos avances en materia de Derechos Humanos, las actuales señales emanadas desde el gobierno perecieran ir en dirección contraria. Esto, porque nuevamente La Moneda defendió la designación del general Juan Miguel Fuente-Alba como Comandante en Jefe del Ejército.
Las acusaciones apuntan a que en octubre de 1973, Fuente-Alba estuvo presente como subteniente en Calama, cuando pasó la Caravana de la Muerte liderada por el coronel Sergio Arellano Stark, dejando 26 prisioneros muertos. Fuente-Alba ha sostenido que ese día estaba en Chuquicamata.
En esta oportunidad fue el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien aseguró que las críticas de agrupaciones de Derechos Humanos son infundadas.
“Me parece que es una persona muy competente, que ha tenido una larga trayectoria en el Ejercito y creo que muchas de las críticas que se han hecho se han prorrogado respecto de Comandantes en Jefes anteriores, y en general esas críticas han sido bastantes infundadas”, señaló Viera Gallo.
En tanto, desde las organizaciones de Derechos Humanos insisten en exigir explicaciones a la Presidenta Bachelet, quien decidió nombrar al cuestionado militar como Comandante en Jefe.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, exigió que se deje sin valor el nombramiento de Fuente-Alba, calificando su designación como un insulto y una vergüenza. Además afirmó que se debe dejar en el cargo a una persona que no tenga la más mínima vinculación con crímenes de la dictadura, así tengan que salir muchos de retiro.
Pizarro, quien pidió al Gobierno no relativizar una situación tan delicada, enfatizó que nadie puede asegurar que el General Fuente-Alba no sabía lo que ocurría en Calama.
“¿Tenemos la certeza que él no participó aunque sea en el menor grado de lo que allí sucedió? También recordar que quienes reprocharon y rechazaron el paso de la Caravana de la Muerte por el norte, fueron algunos de aquellos uniformados encarcelados y otros que nunca más tuvieron carrera militar”, enfatizó Pizarro.
Por su parte el diputado Tucapel Jiménez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, dijo que si bien cree en la presunción de inocencia, él habría sido más cauteloso al momento de hacer la designación.
El actual jefe de Estado Mayor del Ejército asumirá la Comandancia en Jefe de la institución el próximo 9 de marzo.
Durante esta semana, se espera que organizaciones de Derechos Humanos soliciten formalmente al juez Víctor Montiglio, quien lleva esta causa, aclare la participación del actual comandante en jefe en la Caravana de la Muerte.
Aunque el gobierno reiteró la defensa del nombramiento del general Juan Miguel Fuente – Alba como nuevo Comandante en Jefe del Ejército, organizaciones de derechos humanos exigieron que se deje sin valor su nombramiento, el cual calificaron como “un insulto y una vergüenza”.
Y si bien existen ciertos avances en materia de Derechos Humanos, las actuales señales emanadas desde el gobierno perecieran ir en dirección contraria. Esto, porque nuevamente La Moneda defendió la designación del general Juan Miguel Fuente-Alba como Comandante en Jefe del Ejército.
Las acusaciones apuntan a que en octubre de 1973, Fuente-Alba estuvo presente como subteniente en Calama, cuando pasó la Caravana de la Muerte liderada por el coronel Sergio Arellano Stark, dejando 26 prisioneros muertos. Fuente-Alba ha sostenido que ese día estaba en Chuquicamata.
En esta oportunidad fue el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien aseguró que las críticas de agrupaciones de Derechos Humanos son infundadas.
“Me parece que es una persona muy competente, que ha tenido una larga trayectoria en el Ejercito y creo que muchas de las críticas que se han hecho se han prorrogado respecto de Comandantes en Jefes anteriores, y en general esas críticas han sido bastantes infundadas”, señaló Viera Gallo.
En tanto, desde las organizaciones de Derechos Humanos insisten en exigir explicaciones a la Presidenta Bachelet, quien decidió nombrar al cuestionado militar como Comandante en Jefe.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, exigió que se deje sin valor el nombramiento de Fuente-Alba, calificando su designación como un insulto y una vergüenza. Además afirmó que se debe dejar en el cargo a una persona que no tenga la más mínima vinculación con crímenes de la dictadura, así tengan que salir muchos de retiro.
Pizarro, quien pidió al Gobierno no relativizar una situación tan delicada, enfatizó que nadie puede asegurar que el General Fuente-Alba no sabía lo que ocurría en Calama.
“¿Tenemos la certeza que él no participó aunque sea en el menor grado de lo que allí sucedió? También recordar que quienes reprocharon y rechazaron el paso de la Caravana de la Muerte por el norte, fueron algunos de aquellos uniformados encarcelados y otros que nunca más tuvieron carrera militar”, enfatizó Pizarro.
Por su parte el diputado Tucapel Jiménez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, dijo que si bien cree en la presunción de inocencia, él habría sido más cauteloso al momento de hacer la designación.
El actual jefe de Estado Mayor del Ejército asumirá la Comandancia en Jefe de la institución el próximo 9 de marzo.
Durante esta semana, se espera que organizaciones de Derechos Humanos soliciten formalmente al juez Víctor Montiglio, quien lleva esta causa, aclare la participación del actual comandante en jefe en la Caravana de la Muerte.
Aunque el gobierno reiteró la defensa del nombramiento del general Juan Miguel Fuente – Alba como nuevo Comandante en Jefe del Ejército, organizaciones de derechos humanos exigieron que se deje sin valor su nombramiento, el cual calificaron como “un insulto y una vergüenza”.
Y si bien existen ciertos avances en materia de Derechos Humanos, las actuales señales emanadas desde el gobierno perecieran ir en dirección contraria. Esto, porque nuevamente La Moneda defendió la designación del general Juan Miguel Fuente-Alba como Comandante en Jefe del Ejército.
Las acusaciones apuntan a que en octubre de 1973, Fuente-Alba estuvo presente como subteniente en Calama, cuando pasó la Caravana de la Muerte liderada por el coronel Sergio Arellano Stark, dejando 26 prisioneros muertos. Fuente-Alba ha sostenido que ese día estaba en Chuquicamata.
En esta oportunidad fue el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien aseguró que las críticas de agrupaciones de Derechos Humanos son infundadas.
“Me parece que es una persona muy competente, que ha tenido una larga trayectoria en el Ejercito y creo que muchas de las críticas que se han hecho se han prorrogado respecto de Comandantes en Jefes anteriores, y en general esas críticas han sido bastantes infundadas”, señaló Viera Gallo.
En tanto, desde las organizaciones de Derechos Humanos insisten en exigir explicaciones a la Presidenta Bachelet, quien decidió nombrar al cuestionado militar como Comandante en Jefe.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, exigió que se deje sin valor el nombramiento de Fuente-Alba, calificando su designación como un insulto y una vergüenza. Además afirmó que se debe dejar en el cargo a una persona que no tenga la más mínima vinculación con crímenes de la dictadura, así tengan que salir muchos de retiro.
Pizarro, quien pidió al Gobierno no relativizar una situación tan delicada, enfatizó que nadie puede asegurar que el General Fuente-Alba no sabía lo que ocurría en Calama.
“¿Tenemos la certeza que él no participó aunque sea en el menor grado de lo que allí sucedió? También recordar que quienes reprocharon y rechazaron el paso de la Caravana de la Muerte por el norte, fueron algunos de aquellos uniformados encarcelados y otros que nunca más tuvieron carrera militar”, enfatizó Pizarro.
Por su parte el diputado Tucapel Jiménez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, dijo que si bien cree en la presunción de inocencia, él habría sido más cauteloso al momento de hacer la designación.
El actual jefe de Estado Mayor del Ejército asumirá la Comandancia en Jefe de la institución el próximo 9 de marzo.
Durante esta semana, se espera que organizaciones de Derechos Humanos soliciten formalmente al juez Víctor Montiglio, quien lleva esta causa, aclare la participación del actual comandante en jefe en la Caravana de la Muerte.
