La Corte Suprema de Justicia de Honduras nombró una comisión para que elabore un dictamen sobre la restitución o no del Presidente depuesto, Manuel Zelaya, en la primera sesión plenaria en que trató una solicitud del Congreso en ese sentido.
El Acuerdo Tegucigalpa-San José, suscrito el 30 de octubre entre Zelaya y el gobernante de facto de Honduras, Roberto Micheletti, para solucionar la crisis que vive el país luego del golpe de Estado del 28 de junio, establecía que sería el Congreso, en consulta con otras instancias, quien decidiría sobre la restauración de Zelaya.
La junta directiva del Legislativo se reunió el 3 de noviembre y decidió consultar al Supremo, el Ministerio Público, la Procuraduría y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, sin darles un plazo para responder como pedían los diputados afines al mandatario derrocado.
El lunes, Micheletti exigió al Parlamento definirse sobre la restitución de Zelaya "lo más pronto posible".
La Corte Suprema de Justicia de Honduras nombró una comisión para que elabore un dictamen sobre la restitución o no del Presidente depuesto, Manuel Zelaya, en la primera sesión plenaria en que trató una solicitud del Congreso en ese sentido.
El Acuerdo Tegucigalpa-San José, suscrito el 30 de octubre entre Zelaya y el gobernante de facto de Honduras, Roberto Micheletti, para solucionar la crisis que vive el país luego del golpe de Estado del 28 de junio, establecía que sería el Congreso, en consulta con otras instancias, quien decidiría sobre la restauración de Zelaya.
La junta directiva del Legislativo se reunió el 3 de noviembre y decidió consultar al Supremo, el Ministerio Público, la Procuraduría y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, sin darles un plazo para responder como pedían los diputados afines al mandatario derrocado.
El lunes, Micheletti exigió al Parlamento definirse sobre la restitución de Zelaya "lo más pronto posible".
La Corte Suprema de Justicia de Honduras nombró una comisión para que elabore un dictamen sobre la restitución o no del Presidente depuesto, Manuel Zelaya, en la primera sesión plenaria en que trató una solicitud del Congreso en ese sentido.
El Acuerdo Tegucigalpa-San José, suscrito el 30 de octubre entre Zelaya y el gobernante de facto de Honduras, Roberto Micheletti, para solucionar la crisis que vive el país luego del golpe de Estado del 28 de junio, establecía que sería el Congreso, en consulta con otras instancias, quien decidiría sobre la restauración de Zelaya.
La junta directiva del Legislativo se reunió el 3 de noviembre y decidió consultar al Supremo, el Ministerio Público, la Procuraduría y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, sin darles un plazo para responder como pedían los diputados afines al mandatario derrocado.
El lunes, Micheletti exigió al Parlamento definirse sobre la restitución de Zelaya "lo más pronto posible".
