El gobierno de facto de Honduras redobló las medidas de seguridad en el país, principalmente en torno a los candidatos presidenciales, ante un aumento de episodios de violencia mientras la crisis política derivada del golpe de Estado sigue sin resolverse.
En los últimos días se sucedieron asesinatos a plena luz del día, así como ataques con granadas y bombas caseras, algo que no había sucedido ni siquiera en las primeras tensas semanas que siguieron al derrocamiento del Presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio.
El Congreso hondureño debe decidir por votación de los 128 diputados si restituye o no a Zelaya en base al Acuerdo Tegucigalpa-San José firmado el 30 de octubre pasado con el Mandatario de facto Roberto Micheletti.
El Poder Legislativo está consultando la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Procuraduría y Ministerio Público para decidir. El único que ha entregado su informe ha sido el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
El gobierno de facto de Honduras redobló las medidas de seguridad en el país, principalmente en torno a los candidatos presidenciales, ante un aumento de episodios de violencia mientras la crisis política derivada del golpe de Estado sigue sin resolverse.
En los últimos días se sucedieron asesinatos a plena luz del día, así como ataques con granadas y bombas caseras, algo que no había sucedido ni siquiera en las primeras tensas semanas que siguieron al derrocamiento del Presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio.
El Congreso hondureño debe decidir por votación de los 128 diputados si restituye o no a Zelaya en base al Acuerdo Tegucigalpa-San José firmado el 30 de octubre pasado con el Mandatario de facto Roberto Micheletti.
El Poder Legislativo está consultando la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Procuraduría y Ministerio Público para decidir. El único que ha entregado su informe ha sido el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
El gobierno de facto de Honduras redobló las medidas de seguridad en el país, principalmente en torno a los candidatos presidenciales, ante un aumento de episodios de violencia mientras la crisis política derivada del golpe de Estado sigue sin resolverse.
En los últimos días se sucedieron asesinatos a plena luz del día, así como ataques con granadas y bombas caseras, algo que no había sucedido ni siquiera en las primeras tensas semanas que siguieron al derrocamiento del Presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio.
El Congreso hondureño debe decidir por votación de los 128 diputados si restituye o no a Zelaya en base al Acuerdo Tegucigalpa-San José firmado el 30 de octubre pasado con el Mandatario de facto Roberto Micheletti.
El Poder Legislativo está consultando la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Procuraduría y Ministerio Público para decidir. El único que ha entregado su informe ha sido el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
