El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la apelación que el ministerio de Salud hizo ante la Corte Suprema.
Esto, por el fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó al Hospital San Juan de Dios a costear el tratamiento contra el cáncer renal terminal que aqueja a Virginia Marcell, una pensionada de 57 años.
El pleno del tribunal analizará este jueves la apelación y deliberará al respecto, por lo que a más tardar el próximo lunes se podría conocer la resolución de la máxima instancia judicial.
Por lo mismo, la afectada protestó en el frontis del edificio corporativo del ministerio de Salud y manifestó su desazón ante la decisión del organismo.
“Es horrible, no sé de qué otra forma calificarlo. En Chile no existe la sentencia de muerte, pero con eso me están condenando tal como si fuera un criminal”, aseveró.
Según el abogado de Virginia Marcell, Lorenzo Soto, en este caso se han agregado nuevos actores pero la línea argumental de las autoridades de salud sigue siendo cuestionable.
Según el Ministerio, la paciente es terminal, por lo que el tratamiento que podría recibir no es curativo, sino paliativo. Además, esgrimieron falta de recursos económicos para pagar las ocho dosis del medicamento Sutent de 50 milígramos que extendería la vida de Virginia por otros cinco años.
Aún así, el abogado confía en que la Corte Suprema ratificará el fallo unánime del tribunal de alzada.
“Aunque el tratamiento no fuera de carácter curativo da lo mismo, porque aquí estamos hablando de disponer de todos los medios suficientes para proveerle a cualquier chileno de las mejores condiciones de vida posible. Confiamos en que la Corte Suprema confirme el fallo que ha condenado al Estado de Chile a tener que proveer y suministrar el tratamiento completo”, señaló el jurista.
En tanto, el ministro de Salud, Álvaro Erazo, afirmó que está dispuesto a recibir a Virginia y escuchar su demanda, aunque aseguró que durante esta semana se debería solucionar su caso.
Además, indicó que el ministerio no está actuando en contra de la vida de las personas y aclaró que el Consejo de Defensa del Estado también estará al lado de la paciente.
“El CDE va a estar al lado del ministerio de Salud y también de la persona. Creo que es una mala conclusión decir que aquí se está actuando en contra del afectado”, aseguró el secretario de Estado.
Erazo puntualizó que el Consejo de Defensa del Estado actuó "en virtud de salvaguardar el servicio público y reiteró el llamado a no judicializar los casos médicos.
El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la apelación que el ministerio de Salud hizo ante la Corte Suprema.
Esto, por el fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó al Hospital San Juan de Dios a costear el tratamiento contra el cáncer renal terminal que aqueja a Virginia Marcell, una pensionada de 57 años.
El pleno del tribunal analizará este jueves la apelación y deliberará al respecto, por lo que a más tardar el próximo lunes se podría conocer la resolución de la máxima instancia judicial.
Por lo mismo, la afectada protestó en el frontis del edificio corporativo del ministerio de Salud y manifestó su desazón ante la decisión del organismo.
“Es horrible, no sé de qué otra forma calificarlo. En Chile no existe la sentencia de muerte, pero con eso me están condenando tal como si fuera un criminal”, aseveró.
Según el abogado de Virginia Marcell, Lorenzo Soto, en este caso se han agregado nuevos actores pero la línea argumental de las autoridades de salud sigue siendo cuestionable.
Según el Ministerio, la paciente es terminal, por lo que el tratamiento que podría recibir no es curativo, sino paliativo. Además, esgrimieron falta de recursos económicos para pagar las ocho dosis del medicamento Sutent de 50 milígramos que extendería la vida de Virginia por otros cinco años.
Aún así, el abogado confía en que la Corte Suprema ratificará el fallo unánime del tribunal de alzada.
“Aunque el tratamiento no fuera de carácter curativo da lo mismo, porque aquí estamos hablando de disponer de todos los medios suficientes para proveerle a cualquier chileno de las mejores condiciones de vida posible. Confiamos en que la Corte Suprema confirme el fallo que ha condenado al Estado de Chile a tener que proveer y suministrar el tratamiento completo”, señaló el jurista.
En tanto, el ministro de Salud, Álvaro Erazo, afirmó que está dispuesto a recibir a Virginia y escuchar su demanda, aunque aseguró que durante esta semana se debería solucionar su caso.
Además, indicó que el ministerio no está actuando en contra de la vida de las personas y aclaró que el Consejo de Defensa del Estado también estará al lado de la paciente.
“El CDE va a estar al lado del ministerio de Salud y también de la persona. Creo que es una mala conclusión decir que aquí se está actuando en contra del afectado”, aseguró el secretario de Estado.
Erazo puntualizó que el Consejo de Defensa del Estado actuó "en virtud de salvaguardar el servicio público y reiteró el llamado a no judicializar los casos médicos.
El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la apelación que el ministerio de Salud hizo ante la Corte Suprema.
Esto, por el fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó al Hospital San Juan de Dios a costear el tratamiento contra el cáncer renal terminal que aqueja a Virginia Marcell, una pensionada de 57 años.
El pleno del tribunal analizará este jueves la apelación y deliberará al respecto, por lo que a más tardar el próximo lunes se podría conocer la resolución de la máxima instancia judicial.
Por lo mismo, la afectada protestó en el frontis del edificio corporativo del ministerio de Salud y manifestó su desazón ante la decisión del organismo.
“Es horrible, no sé de qué otra forma calificarlo. En Chile no existe la sentencia de muerte, pero con eso me están condenando tal como si fuera un criminal”, aseveró.
Según el abogado de Virginia Marcell, Lorenzo Soto, en este caso se han agregado nuevos actores pero la línea argumental de las autoridades de salud sigue siendo cuestionable.
Según el Ministerio, la paciente es terminal, por lo que el tratamiento que podría recibir no es curativo, sino paliativo. Además, esgrimieron falta de recursos económicos para pagar las ocho dosis del medicamento Sutent de 50 milígramos que extendería la vida de Virginia por otros cinco años.
Aún así, el abogado confía en que la Corte Suprema ratificará el fallo unánime del tribunal de alzada.
“Aunque el tratamiento no fuera de carácter curativo da lo mismo, porque aquí estamos hablando de disponer de todos los medios suficientes para proveerle a cualquier chileno de las mejores condiciones de vida posible. Confiamos en que la Corte Suprema confirme el fallo que ha condenado al Estado de Chile a tener que proveer y suministrar el tratamiento completo”, señaló el jurista.
En tanto, el ministro de Salud, Álvaro Erazo, afirmó que está dispuesto a recibir a Virginia y escuchar su demanda, aunque aseguró que durante esta semana se debería solucionar su caso.
Además, indicó que el ministerio no está actuando en contra de la vida de las personas y aclaró que el Consejo de Defensa del Estado también estará al lado de la paciente.
“El CDE va a estar al lado del ministerio de Salud y también de la persona. Creo que es una mala conclusión decir que aquí se está actuando en contra del afectado”, aseguró el secretario de Estado.
Erazo puntualizó que el Consejo de Defensa del Estado actuó "en virtud de salvaguardar el servicio público y reiteró el llamado a no judicializar los casos médicos.
