Gracias a un acuerdo político, del que hizo oídos sordos la bancada de parlamentarios del Partido Socialista, el gobierno logró destrabar en el Senado la discusión de la nueva ley de pesca y acuicultura.
El proyecto que, eventualmente, permitiría “salvar” la industria salmonera afectada por propagación del virus Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), fue aprobado en segundo trámite constitucional en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
Para ello, el Ejecutivo debió introducir algunas indicaciones, especialmente referidas al artículo que indicaba la caducidad de la concesión si alguna empresa recibía tres sentencias condenatorias por prácticas antisindicales y abusos a los derechos del trabajador.
El texto indica que ahora las empresas que infrinjan la ley laboral serán multadas entre 50 y 150 Unidades Tributarias Mensuales y sólo se les impedirá renovar la concesión una vez terminado el período de concesión de 25 años.
La presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Evelyn Matthei, señaló que las modificaciones introducidas en la normativa permitirán enfrentar la alta desocupación que hay en la industria.
“Me parece bien que haya una pena grave para ese tipo de conductas, pero también me parece bien que no se le quite la concesión como venía originalmente el proyecto desde la comisión de pesca. En el fondo ningún banco nunca le va a prestar a una concesionaria y nunca se van a constituir hipotecas y, por lo tanto, no vamos a recuperar el empleo en la X Región. Sencillamente nadie va a estar dispuesto a prestarle plata a ese proyecto”, señaló Matthei.
Por su parte, la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Sylvia Aguilar, manifestó su descontento con la indicación del gobierno para atenuar la caducidad de las concesiones por infracciones reiteradas a los derechos laborales.
“Al dejarlo sujeto a una multa, hoy todo el empresariado prefiere pagar la multa y así siguen cometiendo faltas con los trabajadores. Me parece grave porque esto fue impulsado por la derecha, que se oponía rotundamente que esto fuera un requisito para poder tener las concesiones. Creo que una vez más nos golpean a los trabajadores, porque con esto el empresariado salmonero va a seguir haciendo lo que quiere”, afirmó Aguilar.
En la misma línea, el director del Observatorio de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, afirmó que las nuevas modificaciones a la legislación pesquera desprotegen el medio ambiente y leyes laborales.
“El gobierno y los parlamentarios, finalmente, han accedido a las presiones del sector salmonero y han sacado esas medidas, lo que hace aún más vulnerable, desde el punto de vista de la conservación, de la protección de los ecosistemas, de las comunidades y de los trabajadores del sector, pero también le otorga muchas más garantías y un rango de acción mucho más amplio a las mismas empresas, que hasta hoy han tenido bastante libertad y han hecho lo que han querido tanto en el tema ambiental como laboral”, manifestó Cuenca.
Respecto de las normativas fitosanitarias que tiene el proyecto, el experto en salmonicultura de la Fundación Oceana, Cristián Gutiérrez, dijo que estas disposiciones deberán ir acompañadas por una fuerte fiscalización.
“Nos parece importante que establezca en la ley la apropiación de uso profiláctico de antibióticos o que se incorpore una indicación respecto a que el servicios de subsecretaria de pesca tenga que elaborar un nuevo reglamento, para prevenir y mitigar los escapes de salmonivia. Esto es un avance y nosotros lo valoramos, pero todo esto implica un nuevo marco normativo tiene que ir a acompañado de un mayor grado de fiscalización por parte de los servicios públicos competentes”, sostuvo Gutiérrez.
El proyecto de ley será revisado la próxima semana en la sala del Senado para luego pasar a la Cámara de Diputados.
Gracias a un acuerdo político, del que hizo oídos sordos la bancada de parlamentarios del Partido Socialista, el gobierno logró destrabar en el Senado la discusión de la nueva ley de pesca y acuicultura.
El proyecto que, eventualmente, permitiría “salvar” la industria salmonera afectada por propagación del virus Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), fue aprobado en segundo trámite constitucional en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
Para ello, el Ejecutivo debió introducir algunas indicaciones, especialmente referidas al artículo que indicaba la caducidad de la concesión si alguna empresa recibía tres sentencias condenatorias por prácticas antisindicales y abusos a los derechos del trabajador.
El texto indica que ahora las empresas que infrinjan la ley laboral serán multadas entre 50 y 150 Unidades Tributarias Mensuales y sólo se les impedirá renovar la concesión una vez terminado el período de concesión de 25 años.
La presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Evelyn Matthei, señaló que las modificaciones introducidas en la normativa permitirán enfrentar la alta desocupación que hay en la industria.
“Me parece bien que haya una pena grave para ese tipo de conductas, pero también me parece bien que no se le quite la concesión como venía originalmente el proyecto desde la comisión de pesca. En el fondo ningún banco nunca le va a prestar a una concesionaria y nunca se van a constituir hipotecas y, por lo tanto, no vamos a recuperar el empleo en la X Región. Sencillamente nadie va a estar dispuesto a prestarle plata a ese proyecto”, señaló Matthei.
Por su parte, la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Sylvia Aguilar, manifestó su descontento con la indicación del gobierno para atenuar la caducidad de las concesiones por infracciones reiteradas a los derechos laborales.
“Al dejarlo sujeto a una multa, hoy todo el empresariado prefiere pagar la multa y así siguen cometiendo faltas con los trabajadores. Me parece grave porque esto fue impulsado por la derecha, que se oponía rotundamente que esto fuera un requisito para poder tener las concesiones. Creo que una vez más nos golpean a los trabajadores, porque con esto el empresariado salmonero va a seguir haciendo lo que quiere”, afirmó Aguilar.
En la misma línea, el director del Observatorio de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, afirmó que las nuevas modificaciones a la legislación pesquera desprotegen el medio ambiente y leyes laborales.
“El gobierno y los parlamentarios, finalmente, han accedido a las presiones del sector salmonero y han sacado esas medidas, lo que hace aún más vulnerable, desde el punto de vista de la conservación, de la protección de los ecosistemas, de las comunidades y de los trabajadores del sector, pero también le otorga muchas más garantías y un rango de acción mucho más amplio a las mismas empresas, que hasta hoy han tenido bastante libertad y han hecho lo que han querido tanto en el tema ambiental como laboral”, manifestó Cuenca.
Respecto de las normativas fitosanitarias que tiene el proyecto, el experto en salmonicultura de la Fundación Oceana, Cristián Gutiérrez, dijo que estas disposiciones deberán ir acompañadas por una fuerte fiscalización.
“Nos parece importante que establezca en la ley la apropiación de uso profiláctico de antibióticos o que se incorpore una indicación respecto a que el servicios de subsecretaria de pesca tenga que elaborar un nuevo reglamento, para prevenir y mitigar los escapes de salmonivia. Esto es un avance y nosotros lo valoramos, pero todo esto implica un nuevo marco normativo tiene que ir a acompañado de un mayor grado de fiscalización por parte de los servicios públicos competentes”, sostuvo Gutiérrez.
El proyecto de ley será revisado la próxima semana en la sala del Senado para luego pasar a la Cámara de Diputados.
Gracias a un acuerdo político, del que hizo oídos sordos la bancada de parlamentarios del Partido Socialista, el gobierno logró destrabar en el Senado la discusión de la nueva ley de pesca y acuicultura.
El proyecto que, eventualmente, permitiría “salvar” la industria salmonera afectada por propagación del virus Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), fue aprobado en segundo trámite constitucional en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
Para ello, el Ejecutivo debió introducir algunas indicaciones, especialmente referidas al artículo que indicaba la caducidad de la concesión si alguna empresa recibía tres sentencias condenatorias por prácticas antisindicales y abusos a los derechos del trabajador.
El texto indica que ahora las empresas que infrinjan la ley laboral serán multadas entre 50 y 150 Unidades Tributarias Mensuales y sólo se les impedirá renovar la concesión una vez terminado el período de concesión de 25 años.
La presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Evelyn Matthei, señaló que las modificaciones introducidas en la normativa permitirán enfrentar la alta desocupación que hay en la industria.
“Me parece bien que haya una pena grave para ese tipo de conductas, pero también me parece bien que no se le quite la concesión como venía originalmente el proyecto desde la comisión de pesca. En el fondo ningún banco nunca le va a prestar a una concesionaria y nunca se van a constituir hipotecas y, por lo tanto, no vamos a recuperar el empleo en la X Región. Sencillamente nadie va a estar dispuesto a prestarle plata a ese proyecto”, señaló Matthei.
Por su parte, la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Sylvia Aguilar, manifestó su descontento con la indicación del gobierno para atenuar la caducidad de las concesiones por infracciones reiteradas a los derechos laborales.
“Al dejarlo sujeto a una multa, hoy todo el empresariado prefiere pagar la multa y así siguen cometiendo faltas con los trabajadores. Me parece grave porque esto fue impulsado por la derecha, que se oponía rotundamente que esto fuera un requisito para poder tener las concesiones. Creo que una vez más nos golpean a los trabajadores, porque con esto el empresariado salmonero va a seguir haciendo lo que quiere”, afirmó Aguilar.
En la misma línea, el director del Observatorio de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, afirmó que las nuevas modificaciones a la legislación pesquera desprotegen el medio ambiente y leyes laborales.
“El gobierno y los parlamentarios, finalmente, han accedido a las presiones del sector salmonero y han sacado esas medidas, lo que hace aún más vulnerable, desde el punto de vista de la conservación, de la protección de los ecosistemas, de las comunidades y de los trabajadores del sector, pero también le otorga muchas más garantías y un rango de acción mucho más amplio a las mismas empresas, que hasta hoy han tenido bastante libertad y han hecho lo que han querido tanto en el tema ambiental como laboral”, manifestó Cuenca.
Respecto de las normativas fitosanitarias que tiene el proyecto, el experto en salmonicultura de la Fundación Oceana, Cristián Gutiérrez, dijo que estas disposiciones deberán ir acompañadas por una fuerte fiscalización.
“Nos parece importante que establezca en la ley la apropiación de uso profiláctico de antibióticos o que se incorpore una indicación respecto a que el servicios de subsecretaria de pesca tenga que elaborar un nuevo reglamento, para prevenir y mitigar los escapes de salmonivia. Esto es un avance y nosotros lo valoramos, pero todo esto implica un nuevo marco normativo tiene que ir a acompañado de un mayor grado de fiscalización por parte de los servicios públicos competentes”, sostuvo Gutiérrez.
El proyecto de ley será revisado la próxima semana en la sala del Senado para luego pasar a la Cámara de Diputados.
