Visitando a la pequeña Francisca Ovalle de 11 años, quien en noviembre del año pasado se sometió a un trasplante de corazón y al sacerdote Osvaldo Barría quien recibió un hígado en 2004, el ministro de Salud, Álvaro Erazo, alabó la aprobación de la Ley sobre Trasplantes y Donación de Órganos en la Cámara de Diputados.

La ley establece que todos los chilenos mayores de 18 años son donantes de órganos a menos que, en vida, dejen estipulado lo contrario. La decisión de cada persona además tendrá que quedar especificada en las cédulas de identidad y las licencias de conducir.

Pero Erazo no se quedó en eso y manifestó que los principales desafíos que coloca esta nueva normativa tienen que ver con la inyección de recursos económicos y humanos, además de equipamiento médico para satisfacer la demanda.

En este sentido, el titular de salud indicó que la prioridad para el próximo año será el aumento de establecimientos clínicos acreditados para efectuar trasplantes, por lo que a los 12 ya existentes, se sumarían otros seis en todo el país.

“Tenemos que considerar que es un paso muy importante y que ha sido una discusión muy seria, pero debo ser categórico al señalar que con esto no se resuelven los problemas que existen en este tema en el país.  De aquí en adelante, el desafío será tener las condiciones para que cada vez que haya un donante universal, el sistema privado y público esté en condiciones para recibirlo”, afirmó el secretario de Estado.

Actualmente, el ministerio de Salud maneja una lista de espera por trasplantes que alcanza los mil 700 casos, por lo que el secretario de Estado enfatizó la necesidad de educar a la ciudadanía y que el tema se debata en familia y en sociedad.

Uno de los más entusiastas impulsores del debate para legislar acerca del tema en nuestro país fue Gonzalo Cruzat, padre del menor Felipe Cruzat, quien en abril pasado murió esperando un trasplante de corazón.

Y pese a que se manifestó feliz por el triunfo en el Congreso, agregó que la lucha continúa para cambiar la institucionalidad en torno a temas de salud y sumar cada vez más recursos, debido a la tibia respuesta que ha tenido el tema en la sociedad hasta ahora.

“Estoy feliz por esa noticia, en especial, por todos aquellos que están esperando órganos y por los que van a necesitarlos en los próximos años, pero tampoco soy ingenuo al pensar que una modificación de este tipo vaya a solucionar el problema. Los números indican que, en este momento, estamos peor que el año pasado, con toda la conciencia que hay sobre el tema y eso hay que revertirlo”, sentenció Cruzat.

Por su parte, Nicolás Jarufe, uno de los médicos de la unidad de Trasplantes del Hospital Clínico de la Universidad Católica se mostró más crítico y  afirmó que los sistemas de salud no están preparados para recibir los efectos de la nueva legislación.

“Se ha trabajado y avanzado mucho, pero queda bastante por hacer. Hay que contratar más gente, coordinadores en cada centro que faciliten el proceso de donación y hay que aumentar los recursos, sobre todo, de los días camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De todas formas, este es un gran paso porque la presión hace que las cosas se vayan desarrollando”, dijo el médico.

Jarufe agregó además que la situación no cambiará mucho respecto de hoy, puesto que si la familia de un donante se opone al trasplante, éste no se podría realizar.

Para el doctor Ricardo Quezada, coordinador del Programa de Trasplantes del Ministerio de Salud, este problema fue previsto por los especialistas que trabajaron en el proyecto de ley, y aseguró la idea es subir los porcentajes de donantes, lo que minimizaría esos casos puntuales.

“El mejor sistema del mundo, que es el español, tiene un 20 por ciento de negativa a la donación y Chile tiene un 30. Probablemente, la ley va a apuntar a que ganemos esa diferencia, pero el tema es que esto no soluciona por sí solo. Uno puede tener el mejor mecanismo implementado, pero si no hay un especialista o una cama todo eso se cae”, aseveró.

Hoy existen siete donantes por cada un millón de chileno y  para el 2012, los especialistas esperan tener una tasa de 20 por cada un millón, con lo que prácticamente desaparecerían las listas de espera.