Casi insostenible es la situación de un centenar de pescadores artesanales de la caleta Sudamericana que, día a día, deben enfrentarse a la pérdida de sus productos y a la disminución de sus ingresos por la baja afluencia de público que implica trabajar en una zona entre rejas.
“Guantánamo Chileno” es el apodo que los pescadores de la zona dieron a la caleta Sudamericana de Valparaíso para graficar el encierro en el que se encuentra el recinto, que impide un acceso libre al público.
El problema comenzó en 1998, cuando a raíz de la modernización de los puertos, este enclave quedó bajo la administración de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), lo que restringió el paso para que las personas concurrieran a ese lugar.
Esta situación se ha vuelto cada vez más compleja para los pescadores artesanales que ven como día a día deben perder parte de sus productos e ingresos por esta situación. Hace más de diez años que se ha tratado de buscar una solución, pero las negociaciones con el puerto y las autoridades de gobierno han resultado infructuosas.
“Durante mucho tiempo hemos estado cerrados y no nos han dejado vender nuestros productos. En varias ocasiones hemos tenido que botar los pescados al agua, vendemos poco y sufrimos de un monopolio donde dos o tres comerciantes no permiten que nos instalemos, no dejan a la gente que venga a comprar nuestros productos. Nos cerraron el acceso”, aseguró David Ojeda, uno de los afectados.
Quienes trabajan en la explotación marítima artesanal argumentan que producto de este encierro, la caleta Sudamericana vende una menor cantidad de productos que el resto y a un menor precio. De hecho, lo que en otros lados se puede adquirir por ocho mil pesos aquí se tiene que rematar en dos.
Pero el panorama se volvió aún más difícil cuando a los propios pescadores se les cobraba por desarrollar sus labores allí, ya que existía un cargo por ingresar a la zona.
“Somos discriminados, no podemos vender y nadie nos ayuda. Los abusos tienen que parar. El gobierno no ha hecho nada. Hemos peleado mucho por el ingreso y, finalmente, pusieron el torniquete y nos comenzaron a cobrar por entrar”, contó Ojeda.
Los pescadores exigen que se abra un acceso libre y expedito hacia la caleta Sudamericana, que se está negociando durante años con el gobierno regional y la EPV para dar solución a este conflicto, pero hasta la fecha no han tenido una respuesta positiva.
Incluso quienes viven de esta actividad protestaron el martes pasado regalando cinco mil jureles a todas las personas que llegaron al recinto, pesca que equivale aproximadamente a un millón de pesos.
Casi insostenible es la situación de un centenar de pescadores artesanales de la caleta Sudamericana que, día a día, deben enfrentarse a la pérdida de sus productos y a la disminución de sus ingresos por la baja afluencia de público que implica trabajar en una zona entre rejas.
“Guantánamo Chileno” es el apodo que los pescadores de la zona dieron a la caleta Sudamericana de Valparaíso para graficar el encierro en el que se encuentra el recinto, que impide un acceso libre al público.
El problema comenzó en 1998, cuando a raíz de la modernización de los puertos, este enclave quedó bajo la administración de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), lo que restringió el paso para que las personas concurrieran a ese lugar.
Esta situación se ha vuelto cada vez más compleja para los pescadores artesanales que ven como día a día deben perder parte de sus productos e ingresos por esta situación. Hace más de diez años que se ha tratado de buscar una solución, pero las negociaciones con el puerto y las autoridades de gobierno han resultado infructuosas.
“Durante mucho tiempo hemos estado cerrados y no nos han dejado vender nuestros productos. En varias ocasiones hemos tenido que botar los pescados al agua, vendemos poco y sufrimos de un monopolio donde dos o tres comerciantes no permiten que nos instalemos, no dejan a la gente que venga a comprar nuestros productos. Nos cerraron el acceso”, aseguró David Ojeda, uno de los afectados.
Quienes trabajan en la explotación marítima artesanal argumentan que producto de este encierro, la caleta Sudamericana vende una menor cantidad de productos que el resto y a un menor precio. De hecho, lo que en otros lados se puede adquirir por ocho mil pesos aquí se tiene que rematar en dos.
Pero el panorama se volvió aún más difícil cuando a los propios pescadores se les cobraba por desarrollar sus labores allí, ya que existía un cargo por ingresar a la zona.
“Somos discriminados, no podemos vender y nadie nos ayuda. Los abusos tienen que parar. El gobierno no ha hecho nada. Hemos peleado mucho por el ingreso y, finalmente, pusieron el torniquete y nos comenzaron a cobrar por entrar”, contó Ojeda.
Los pescadores exigen que se abra un acceso libre y expedito hacia la caleta Sudamericana, que se está negociando durante años con el gobierno regional y la EPV para dar solución a este conflicto, pero hasta la fecha no han tenido una respuesta positiva.
Incluso quienes viven de esta actividad protestaron el martes pasado regalando cinco mil jureles a todas las personas que llegaron al recinto, pesca que equivale aproximadamente a un millón de pesos.
Casi insostenible es la situación de un centenar de pescadores artesanales de la caleta Sudamericana que, día a día, deben enfrentarse a la pérdida de sus productos y a la disminución de sus ingresos por la baja afluencia de público que implica trabajar en una zona entre rejas.
“Guantánamo Chileno” es el apodo que los pescadores de la zona dieron a la caleta Sudamericana de Valparaíso para graficar el encierro en el que se encuentra el recinto, que impide un acceso libre al público.
El problema comenzó en 1998, cuando a raíz de la modernización de los puertos, este enclave quedó bajo la administración de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), lo que restringió el paso para que las personas concurrieran a ese lugar.
Esta situación se ha vuelto cada vez más compleja para los pescadores artesanales que ven como día a día deben perder parte de sus productos e ingresos por esta situación. Hace más de diez años que se ha tratado de buscar una solución, pero las negociaciones con el puerto y las autoridades de gobierno han resultado infructuosas.
“Durante mucho tiempo hemos estado cerrados y no nos han dejado vender nuestros productos. En varias ocasiones hemos tenido que botar los pescados al agua, vendemos poco y sufrimos de un monopolio donde dos o tres comerciantes no permiten que nos instalemos, no dejan a la gente que venga a comprar nuestros productos. Nos cerraron el acceso”, aseguró David Ojeda, uno de los afectados.
Quienes trabajan en la explotación marítima artesanal argumentan que producto de este encierro, la caleta Sudamericana vende una menor cantidad de productos que el resto y a un menor precio. De hecho, lo que en otros lados se puede adquirir por ocho mil pesos aquí se tiene que rematar en dos.
Pero el panorama se volvió aún más difícil cuando a los propios pescadores se les cobraba por desarrollar sus labores allí, ya que existía un cargo por ingresar a la zona.
“Somos discriminados, no podemos vender y nadie nos ayuda. Los abusos tienen que parar. El gobierno no ha hecho nada. Hemos peleado mucho por el ingreso y, finalmente, pusieron el torniquete y nos comenzaron a cobrar por entrar”, contó Ojeda.
Los pescadores exigen que se abra un acceso libre y expedito hacia la caleta Sudamericana, que se está negociando durante años con el gobierno regional y la EPV para dar solución a este conflicto, pero hasta la fecha no han tenido una respuesta positiva.
Incluso quienes viven de esta actividad protestaron el martes pasado regalando cinco mil jureles a todas las personas que llegaron al recinto, pesca que equivale aproximadamente a un millón de pesos.
