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Positivo balance de cuarto año de Reforma Procesal Penal

A cuatro años de la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal la cuenta pública 2009 reveló que existen grandes avances en materia de justicia, como el incremento en las denuncias y una mayor rapidez en la tramitación de las causas. Sin embargo temas como corrupción, violencia intrafamiliar y delitos del tránsito exigen mayores recursos.

Ninoska Leiva

  Jueves 14 de enero 2010 10:58 hrs. 
Radio-Uchile

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Delitos económicos, de tránsito e intrafamiliares son los de mayor alza en los últimos cuatro años. Así lo dieron a conocer los fiscales regionales en la rendición de la cuenta pública del año 2009. Instancia donde aprovecharon de plantear la necesidad de utilizar nuevas herramientas para combatir los ilícitos.

A juicio del fiscal Nacional, Sabas Chaguan, falta dotar de mayores atribuciones a la Fiscalía, por lo que criticó que el proyecto de ley que ideó hace más de un año “este durmiendo en el ministerio de Hacienda”.

Las cifras son alarmantes. En materia de violencia intrafamiliar los casos han aumentado considerablemente desde el año 2006 a la fecha. Según estudios entregadas por la fiscal de la zona Occidente, Solange Huerta,  las denuncias por violencia doméstica  llegaron a 49.049 casos en 2009, aumentando un 13 por ciento respecto al año anterior.

Ante ello el subsecretario del interior, Patricio Rosende, indicó que el aumento de casos se debe a la mayor capacidad de denuncias y no a un aumento de los delitos.

“No hay un aumento de violencia intrafamiliar. No hay que olvidar que todos estos casos se producen puertas adentro en el lugar en donde uno más seguro debería sentirse y tras esos delitos había en nuestra sociedad una especie de tabú, de secreto. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante por develar una realidad muy terrible, fortaleciendo los mecanismos de protección de la denuncia”, aseguró Rosende.

En tanto, otro de los delitos en aumento fue el de tipo económico, en donde se encuentran la corrupción estatal y privada, siendo una de las principales preocupaciones de los cuatro fiscales regionales.

A criterio de la fiscal regional Centro Norte, Sonia Rojas, quien ha supervisado casos como el de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), la municipalidad de Recoleta y Huechuraba, GMA, entre otros, los delitos de corrupción aunque se presentan en menor proporción, no hay que descuidarlos, por lo que todas las instituciones deben prevenir su ocurrencia.

“No podemos quedarnos en los laureles y tenemos que seguir  trabajando en temas como la corrupción que si bien representa una parte menor dentro de nuestra sociedad son demasiado importantes. La corrupción socava las raíces de cualquier Estado democrático y social de derecho. Y todas las instituciones deben cooperar con este tema tan fundamental para la sociedad”, señaló Rojas.

Respecto al crimen organizado, el fiscal de la zona Sur, Alejandro Peña, criticó el secreto bancario y exigió mayores herramientas para terminar con el microtráfico y generar información que permitan atacar el tráfico y el lavado de dinero.

“Es de vital importancia dotar a las fiscalías para la investigación el crimen organizado de herramientas realmente eficaces y eficientes que permitan la oportuna detección de los movimientos financieros que realicen las organizaciones criminales y es por ello que es indispensable que los fiscales tengan acceso al secreto bancario en este tipo de delitos”, afirmó Peña.

En este sentido el fiscal regional de la zona Oriente, Xavier Armendáriz, solicitó que se realicen modificaciones legales, que permitan dotar herramientas efectivas a la Fiscalía, advirtiendo que en caso contrario se terminará con la eficiencia en materia judicial.

“No hemos planteado un descontento, estimamos que el trabajo de la fiscalía ha sido exitoso, pero siempre queremos mejorarlo. Y nuestras palabras apuntaron a consolidar el recurso más importante que tiene el Ministerio Público, sus fiscales. La institución no puede pensarse para hoy, para mañana ni para un mes, tiene que pensarse en su consolidación institucional permanente. Hemos hecho un llamado a reconocer que los fiscales deben ser atendidos en ciertas condiciones de trabajo”, aseguró Armendáriz.

Desde que se inició la reforma procesal penal en el año 2006, las sentencias judiciales han aumentado en un 26,4 por ciento, lo que refleja eficiencia del sistema. Sin embargo todavía hay que perfeccionar áreas tecnológicas como posicionamiento satelital o GPS, para el monitoreo efectivo de los imputados que están sujetos a medidas cautelares en libertad.

 

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