Ante la emergencia que viven cientos de familias que debieron ser evacuadas por graves fallas estructurales sus edificios y casas, continúan las reuniones para encontrar soluciones para quienes se encuentran, literalmente,  en la calle.

Los últimos días hemos escuchado constantes reclamos de propietarios por los graves daños que han sufrido departamentos y viviendas luego del terremoto y maremoto que afectó al país el 27 de febrero.

Anoche, los propietarios del edificio Emerald de la comuna de Ñuñoa, que tuvo que ser evacuado debido a problemas estructurales, recibieron tres propuestas de la inmobiliaria  a cargo, PAZ Corp. Ante la imposibilidad de habitar el edificio, los dueños de departamentos deben elegir entre la devolución del dinero al contado; la reubicación en cualquier comuna y proyecto de la empresa de las mismas características, o esperar la reparación de la torre.

Sin embargo, las opciones de reparación que entregó la empresa son un caso aislado  entre los propietarios de construcciones dañadas, que no han obtenido respuestas de las inmobiliarias y están alojando en las calles, mientras sus departamentos peligran.

En estos  casos,  la Asociación de Consumidores Inmobiliarios y Chile Ciudadano llamó a las personas a acercarse a ambas organizaciones para iniciar acciones legales en contra de las empresas responsables. En este escenario ya se encuentra parte de los vecinos del edificio Don Luis que colapsó en la comuna de Maipú.

Tomás Fabres, director de Chile Ciudadano, criticó el actuar de las municipalidades que ya hablan de demoliciones, puesto que las estructuras dañadas son pruebas  esenciales en los juicios que se vayan a establecer en contra de las inmobiliarias.

“Los juicios sobre la calidad de la construcción son duros y caros, duran a lo menos tres años y la prueba esencial en ellos es un peritaje técnico, no la impresión del ingeniero de la constructora, no la impresión del ingeniero amigo de la víctima. Hay un tercero, un perito judicial que está llamado a dictaminar las razones por las cuales un edificio se deteriora, colapsa o sufre daño en su infraestructura. Por lo tanto, consideramos totalmente equivocada, desde el punto de vista de las víctimas, que algunos municipios se anticipen a demoler edificaciones, pues va a ser imposible identificar después cuál es la causa del colapso”, señaló Fabres.

En esta línea, Patricio Hermann,  presidente de la agrupación Defendamos la Ciudad, se reunió con representantes del ministerio de la Vivienda, para plantearles la necesidad de asumir un rol protector a los afectados.

“Nosotros estamos buscando que el Estado de Chile asuma sus responsabilidades legales y  apoye adhiriendo a todas las demandas civiles y penales que van a presentar los particulares que se han visto perjudicados por la irresponsabilidad del sector de la construcción. Hasta la fecha no hemos visto señales que el ministerio vaya a actuar en ese sentido, pero, personalmente le vamos a decir al ministerio lo que tiene que hacer”, aseguró Hermann.

Ley de la Calidad de la Construcción garantiza el buen funcionamiento de las viviendas por tres, cinco y diez años, dependiendo del tipo de daño ocasionado. También las fallas estructurales están garantizadas por diez años, a partir de la recepción de obras por parte de cada municipalidad. Por lo tanto, se recomienda a quienes se encuentren afectados por una situación similar que cada comité de administración de edificios o condominios presente el caso a la constructora, inmobiliaria o primera vendedora para evaluar las acciones a seguir.

En tanto, el abogado Alfredo Morgado también se reunió con propietarios del Edificio Don Luis en Maipú y del condominio Sol Oriente en Macul para estudiar otras alternativas a sus problemas de vivienda.

Un camino que será largo, pero que, según los abogados, merece andarlo hasta que los culpables asuman su responsabilidad.