Es por eso que desde el mundo empresarial reciben con cautela las primeras estimaciones  sobre la cantidad de recursos que requerirá este proceso y que, según informó el Presidente, Sebastián Piñera, bordearía los treinta mil millones de dólares.

En conversación con el periodista Juan Pablo Cárdenas, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, indicó que “es muy precipitado dar una cifra. Sin embargo, es muy importante conocer el número porque eso da cuenta de la magnitud de los fondos que se van a necesitar para la fase de la reconstrucción. A eso hay que restarle los seguros comprometidos. No es lo mismo treinta mil, que veinte mil o quince mil, pero deberíamos tener la cuantía real en poco tiempo”.

En este sentido, el empresario precisó que “la magnitud del daño es bastante grande. Si uno analiza los procesos productivos, se producen muchos trastornos y cuellos de botellas, lo que hace que los tiempos de recuperación sean más largos”.

Y es que de acuerdo a la información que manejan en el gremio, la mayoría de las actividades productivas del país, exceptuando la minería, presentan cuantiosas pérdidas a nivel patrimonial, que implican una gran cantidad de inversión comprometida. Los sectores más afectados serían el forestal, tanto en aserraderos como en plantas de celulosa, el agrícola, el petroquímico y el pesquero, ya sea artesanal e industrial.

Por lo mismo, Guilisasti se mostró cauto ante las eventuales alzas de impuesto que se podrían implementar para costear esta etapa.

“Si uno lee la historia, de los terremotos siempre ha surgido una réplica tributaria por la necesidad de financiamiento. Pero hay ciertos principios básicos tributarios que se deben mantener. Yo prefiero impuestos parejos. Debe haber un gravamen que tiene que se asumido por una mayor magnitud de actores. Pero está claro que no se puede afectar de ninguna manera a las pymes, a las personas y en eso se incluye el IVA. Yo no lo encuentro tan regresivo porque también penaliza al mayor consumo”, comentó el dirigente.

Sobre la posibilidad de implementar un royalty a las actividad minera, Guilisasti explicó que éste “tiene un inconveniente no menor que es que se han firmado acuerdos internacionales de invariabilidad tributaria. Esto no es sólo un capricho, sino que tiene que ver con que un stock muy importante de los proyectos futuros de inversión en Chile son mineros y las empresas que han acometido la faena de la minería en Chile, son extranjeras y están acogidos a eso”.

Sanciones para los culpables

Otro de los aspectos por los que el sector privado ha estado bajo la lupa es por las fallas que se presentaron en la infraestructura de proyectos relativamente nuevos. La polémica ha tenido en el ojo del huracán a inmobiliarias y constructoras, pero también a los organismos encargados de fiscalizar la correcta ejecución de estos trabajos.

“El que cometió delito, dolo o negligencia, ya sea por usar material no especificado o por tratar de abaratar la obra con materiales de menor calidad, para el que cometió negligencias en la inspección o en la recepción, debería haber un proceso judicial relativamente rápido en el que se dicten las medidas civiles o penales que correspondan. Aquí no hay defensa corporativa. La sociedad no sólo se basa en la buena fe sino que en las sanciones a quienes no cumplan la norma”, sentenció el ejecutivo vitivinícola.

Sobre posibles sanciones gremiales para quienes resulten responsables, Guilisasti aseguró que “nosotros no sustituimos a los tribunales de justicia, pero sí hay reprensiones desde la organización”

El futuro rol del Estado

Ciertamente que este terremoto y posterior maremoto, puso a prueba la capacidad de respuesta del Estado ante la emergencia. En este sentido, el líder de uno de los gremios empresariales más importantes del país afirmó que “es temprano para evaluar las falencias del Estado. Sin duda que hubo instituciones que fallaron. Hay un episodio trágico respecto del aviso oportuno del maremoto y eso habrá que dilucidarlo”

Por lo mismo aseguró que más que tener la necesidad de más o menos Estado, se requiere uno mejor y más eficiente, sobre todo, en las próximas labores de fiscalización. Pero además subrayó que la tragedia develó el centralismo de nuestro país y que dentro de las tareas que se avecinan está el reforzar la autonomía regional y la independencia de las autoridades provinciales.

Sin embargo, el historiador y empresario destacó que esta coyuntura podría ser la una opción  para reparar las cosas que fallaron y levantar mejor país.  “Hay pérdidas. Somos más pobres que antes y hubiese preferido dar el salto al desarrollo sin el terremoto. Pero sí hay una oportunidad que tiene que ver con el buen diseño de la reconstrucción, con la eficacia, con la cantidad de recursos comprometidos, con el clima político, donde más allá de unidad nacional hay acuerdos básicos en torno a los pilares en los que vamos a llevar a cabo esta tarea, la magnitud de los fondos y el tiempo de la ejecución”.