El terremoto del pasado 27 de febrero ya está dejando ver sus efectos en la economía chilena y uno de los sectores más afectados en este sentido es el empleo. Por lo mismo, el gobierno y los empresarios hicieron un llamado a conservar los empleos en las zonas afectadas.
Esto porque hace algunas semanas salió a la luz pública que muchas de las compañías que operaban en las regiones asoladas por cataclismo terminaron relaciones con sus trabajadores invocando el concepto de “fuerza mayor”.
La ministra del Trabajo, Camila Merino, sin embargo, advierte que estas cifras deberían ir a la baja, ya que son varios los empleadores que han dejado sin efecto la polémica causal.
“Las notificaciones que hemos recibido son de ocho mil 400 casos, pero también tenemos algunas empresas que ya se han desistido y esa cifra habría que revisar. Las empresas por desconocimiento pueden haber hecho un mal uso de la causal y no podemos hablar de cuáles son las motivaciones”, aseguró la secretaria de Estado.
Por lo mismo, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el que se precisa que el despido por fuerza mayor debe aplicarse sólo cuando las instalaciones de la empresa han quedado totalmente inhabilitadas por un hecho fortuito.
“Esta especificación fue muy útil para aclarar cuándo se podía usar realmente la fuerza mayor, ya que, debían tener en realidad una situación de emergencia y sus instalaciones debían estar completamente destruidas”, agregó Merino.
Dicho argumentó fue reforzado por el ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, quien explicó que la desvinculación por esta razón sólo se ajusta a situaciones que no pudieron ser previstas por el empleador.
“No es imputable al actuar humano, tiene que ser impredecible, insuperable, es decir, aplacar el daño que va a provocar”, precisó.
Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, reiteró el llamado a no abusar de este instrumento legal y reconoció que la aplicación del despido por fuerza mayor sería en casos excepcionales.
“Hemos hecho un llamado a los empresarios a que se use este mecanismo para aquellos que están en una situación en extremo precarias. Sabemos de empresas que en la práctica desaparecieron completamente, no hay recursos de capital y al empresario le va a costar muchos años reconstituir su empresa, pero son minoría”, sostuvo Guilisasti.
En tanto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, insistió que algunos empresarios están abusando en la utilización de esta medida.
“Respecto de la aplicación del 159 hay dos aspectos. Por un lado las zonas de catástrofe que son la Séptima y Octava regiones y lo otro es que puede pasar con la aplicación de ese artículo en otras regiones que no está calificada como zona de catástrofe. El artículo 159 se refiere a situaciones no predecibles y es predecible que puede haber un sismo y me parece que puede haber gente aprovechándose”, indicó el líder sindical.
Para hacer frente a este panorama el gobierno llamó a los trabajadores que se sientan afectados a recurrir a la Dirección del Trabajo y anunció la entrega de bonos para retención y contratación de trabajadores en las zonas afectadas por el sismo. El costo fiscal de estas medidas será de doce mil millones de pesos.
El terremoto del pasado 27 de febrero ya está dejando ver sus efectos en la economía chilena y uno de los sectores más afectados en este sentido es el empleo. Por lo mismo, el gobierno y los empresarios hicieron un llamado a conservar los empleos en las zonas afectadas.
Esto porque hace algunas semanas salió a la luz pública que muchas de las compañías que operaban en las regiones asoladas por cataclismo terminaron relaciones con sus trabajadores invocando el concepto de “fuerza mayor”.
La ministra del Trabajo, Camila Merino, sin embargo, advierte que estas cifras deberían ir a la baja, ya que son varios los empleadores que han dejado sin efecto la polémica causal.
“Las notificaciones que hemos recibido son de ocho mil 400 casos, pero también tenemos algunas empresas que ya se han desistido y esa cifra habría que revisar. Las empresas por desconocimiento pueden haber hecho un mal uso de la causal y no podemos hablar de cuáles son las motivaciones”, aseguró la secretaria de Estado.
Por lo mismo, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el que se precisa que el despido por fuerza mayor debe aplicarse sólo cuando las instalaciones de la empresa han quedado totalmente inhabilitadas por un hecho fortuito.
“Esta especificación fue muy útil para aclarar cuándo se podía usar realmente la fuerza mayor, ya que, debían tener en realidad una situación de emergencia y sus instalaciones debían estar completamente destruidas”, agregó Merino.
Dicho argumentó fue reforzado por el ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, quien explicó que la desvinculación por esta razón sólo se ajusta a situaciones que no pudieron ser previstas por el empleador.
“No es imputable al actuar humano, tiene que ser impredecible, insuperable, es decir, aplacar el daño que va a provocar”, precisó.
Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, reiteró el llamado a no abusar de este instrumento legal y reconoció que la aplicación del despido por fuerza mayor sería en casos excepcionales.
“Hemos hecho un llamado a los empresarios a que se use este mecanismo para aquellos que están en una situación en extremo precarias. Sabemos de empresas que en la práctica desaparecieron completamente, no hay recursos de capital y al empresario le va a costar muchos años reconstituir su empresa, pero son minoría”, sostuvo Guilisasti.
En tanto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, insistió que algunos empresarios están abusando en la utilización de esta medida.
“Respecto de la aplicación del 159 hay dos aspectos. Por un lado las zonas de catástrofe que son la Séptima y Octava regiones y lo otro es que puede pasar con la aplicación de ese artículo en otras regiones que no está calificada como zona de catástrofe. El artículo 159 se refiere a situaciones no predecibles y es predecible que puede haber un sismo y me parece que puede haber gente aprovechándose”, indicó el líder sindical.
Para hacer frente a este panorama el gobierno llamó a los trabajadores que se sientan afectados a recurrir a la Dirección del Trabajo y anunció la entrega de bonos para retención y contratación de trabajadores en las zonas afectadas por el sismo. El costo fiscal de estas medidas será de doce mil millones de pesos.
El terremoto del pasado 27 de febrero ya está dejando ver sus efectos en la economía chilena y uno de los sectores más afectados en este sentido es el empleo. Por lo mismo, el gobierno y los empresarios hicieron un llamado a conservar los empleos en las zonas afectadas.
Esto porque hace algunas semanas salió a la luz pública que muchas de las compañías que operaban en las regiones asoladas por cataclismo terminaron relaciones con sus trabajadores invocando el concepto de “fuerza mayor”.
La ministra del Trabajo, Camila Merino, sin embargo, advierte que estas cifras deberían ir a la baja, ya que son varios los empleadores que han dejado sin efecto la polémica causal.
“Las notificaciones que hemos recibido son de ocho mil 400 casos, pero también tenemos algunas empresas que ya se han desistido y esa cifra habría que revisar. Las empresas por desconocimiento pueden haber hecho un mal uso de la causal y no podemos hablar de cuáles son las motivaciones”, aseguró la secretaria de Estado.
Por lo mismo, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el que se precisa que el despido por fuerza mayor debe aplicarse sólo cuando las instalaciones de la empresa han quedado totalmente inhabilitadas por un hecho fortuito.
“Esta especificación fue muy útil para aclarar cuándo se podía usar realmente la fuerza mayor, ya que, debían tener en realidad una situación de emergencia y sus instalaciones debían estar completamente destruidas”, agregó Merino.
Dicho argumentó fue reforzado por el ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, quien explicó que la desvinculación por esta razón sólo se ajusta a situaciones que no pudieron ser previstas por el empleador.
“No es imputable al actuar humano, tiene que ser impredecible, insuperable, es decir, aplacar el daño que va a provocar”, precisó.
Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, reiteró el llamado a no abusar de este instrumento legal y reconoció que la aplicación del despido por fuerza mayor sería en casos excepcionales.
“Hemos hecho un llamado a los empresarios a que se use este mecanismo para aquellos que están en una situación en extremo precarias. Sabemos de empresas que en la práctica desaparecieron completamente, no hay recursos de capital y al empresario le va a costar muchos años reconstituir su empresa, pero son minoría”, sostuvo Guilisasti.
En tanto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, insistió que algunos empresarios están abusando en la utilización de esta medida.
“Respecto de la aplicación del 159 hay dos aspectos. Por un lado las zonas de catástrofe que son la Séptima y Octava regiones y lo otro es que puede pasar con la aplicación de ese artículo en otras regiones que no está calificada como zona de catástrofe. El artículo 159 se refiere a situaciones no predecibles y es predecible que puede haber un sismo y me parece que puede haber gente aprovechándose”, indicó el líder sindical.
Para hacer frente a este panorama el gobierno llamó a los trabajadores que se sientan afectados a recurrir a la Dirección del Trabajo y anunció la entrega de bonos para retención y contratación de trabajadores en las zonas afectadas por el sismo. El costo fiscal de estas medidas será de doce mil millones de pesos.
