El comité de reconstrucción del gobierno aprobó una reasignación de recursos fiscales para asumir parte de los costos del plan de reedificación en las regiones más devastadas por el sismo.
El Ejecutivo estimó en unos treinta mil millones de dólares los daños ocasionados por la catástrofe, de los cuales unos ocho mil millones estarían cubiertos por seguros y otros diez mil corresponderían a daños del sector privado, por lo que el fisco deberá solventar la reparación y/o reconstrucción de infraestructura por unos doce mil millones.
En ese plano, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó que en la actualidad hay comprometidos setecientos millones de dólares para los costos que dejó el terremoto, a los que se suman los doscientos millones que se han gastado en los primeros treinta días de la emergencia.
El desglose de las reasignaciones considera recursos en Vivienda por 144 millones de dólares, en Salud por 184 millones, en Educación por 100 millones, mientras que en Trabajo por 63 millones.
Según el decreto supremo del ministerio de Hacienda, que fue aprobado el martes por la Contraloría, los mayores recortes provienen de las carteras de Obras Públicas (US$265 millones) y del Interior (US$235 millones).
Es por eso que al dar a conocer el detalle de los recortes presupuestarios, el ministro Larraín hizo un llamado a la solidaridad a todos los sectores del país y enfatizó que la postergación de algunos proyectos en regiones no implicará su eliminación definitiva.
Respecto de las críticas de los alcaldes y de algunos parlamentarios de oposición, el titular de Hacienda señaló que la reasignación de recursos para las provincias será recompensada en las próximas discusiones de presupuesto.
“Todos los ministerios y reparticiones públicas están reajustándose y las regiones como un todo van a recibir bastante más de lo que se ha hecho en materia de reasignación solidaria. No todas van a recibir más, pero tenemos el Presupuesto 2011 y muchas otras maneras para apoyarlas”, dijo el secretario de Estado.
Pese a ello, el senador DC de la Región de Aysén, Patricio Walker, lamentó la decisión del Ejecutivo de recortar el presupuesto, que en el caso de la zona que él representa se reduce en cerca de un treinta por ciento. “Le queremos pedir que no recurra al mecanismo más fácil, sino que use los recursos que tiene disponible”, sostuvo el parlamentario.
En tanto, el director del Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo (CENDA) Hugo Fazio, rechazó esta vía de financiamiento y advirtió que existen otras opciones para el plan de reconstrucción como la utilización de los dineros de la Ley Reservada del Cobre.
“No sólo se requiere reasignar el Presupuesto, es decir, determinar sus partidas de manera diferente, sino que hay que hacer un plan de reconstrucción real y hay medidas que se pueden tomar. Está el hecho de que siga funcionando la Ley Reservada del Cobre que le asigna a las Fuerzas Armadas el diez por ciento de las ventas de Codelco. Ese es un monto muy superior a lo que se está destinando. Más allá de la discusión de si eso es necesario o incorrecto se van a juntar muchos más recursos por ese ítem de lo que se está considerado en la Ley de Presupuesto”, afirmó el experto.
De esta manera, el Ejecutivo está ocupando las atribuciones que dispone para reasignar partidas de la Ley de Presupuesto sin necesidad de recurrir al Congreso, para así evitar que algunos legisladores pongan trabas a los eventuales cambios y retrasen un proceso en que el Presidente ha pedido celeridad.
El comité de reconstrucción del gobierno aprobó una reasignación de recursos fiscales para asumir parte de los costos del plan de reedificación en las regiones más devastadas por el sismo.
El Ejecutivo estimó en unos treinta mil millones de dólares los daños ocasionados por la catástrofe, de los cuales unos ocho mil millones estarían cubiertos por seguros y otros diez mil corresponderían a daños del sector privado, por lo que el fisco deberá solventar la reparación y/o reconstrucción de infraestructura por unos doce mil millones.
En ese plano, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó que en la actualidad hay comprometidos setecientos millones de dólares para los costos que dejó el terremoto, a los que se suman los doscientos millones que se han gastado en los primeros treinta días de la emergencia.
El desglose de las reasignaciones considera recursos en Vivienda por 144 millones de dólares, en Salud por 184 millones, en Educación por 100 millones, mientras que en Trabajo por 63 millones.
Según el decreto supremo del ministerio de Hacienda, que fue aprobado el martes por la Contraloría, los mayores recortes provienen de las carteras de Obras Públicas (US$265 millones) y del Interior (US$235 millones).
Es por eso que al dar a conocer el detalle de los recortes presupuestarios, el ministro Larraín hizo un llamado a la solidaridad a todos los sectores del país y enfatizó que la postergación de algunos proyectos en regiones no implicará su eliminación definitiva.
Respecto de las críticas de los alcaldes y de algunos parlamentarios de oposición, el titular de Hacienda señaló que la reasignación de recursos para las provincias será recompensada en las próximas discusiones de presupuesto.
“Todos los ministerios y reparticiones públicas están reajustándose y las regiones como un todo van a recibir bastante más de lo que se ha hecho en materia de reasignación solidaria. No todas van a recibir más, pero tenemos el Presupuesto 2011 y muchas otras maneras para apoyarlas”, dijo el secretario de Estado.
Pese a ello, el senador DC de la Región de Aysén, Patricio Walker, lamentó la decisión del Ejecutivo de recortar el presupuesto, que en el caso de la zona que él representa se reduce en cerca de un treinta por ciento. “Le queremos pedir que no recurra al mecanismo más fácil, sino que use los recursos que tiene disponible”, sostuvo el parlamentario.
En tanto, el director del Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo (CENDA) Hugo Fazio, rechazó esta vía de financiamiento y advirtió que existen otras opciones para el plan de reconstrucción como la utilización de los dineros de la Ley Reservada del Cobre.
“No sólo se requiere reasignar el Presupuesto, es decir, determinar sus partidas de manera diferente, sino que hay que hacer un plan de reconstrucción real y hay medidas que se pueden tomar. Está el hecho de que siga funcionando la Ley Reservada del Cobre que le asigna a las Fuerzas Armadas el diez por ciento de las ventas de Codelco. Ese es un monto muy superior a lo que se está destinando. Más allá de la discusión de si eso es necesario o incorrecto se van a juntar muchos más recursos por ese ítem de lo que se está considerado en la Ley de Presupuesto”, afirmó el experto.
De esta manera, el Ejecutivo está ocupando las atribuciones que dispone para reasignar partidas de la Ley de Presupuesto sin necesidad de recurrir al Congreso, para así evitar que algunos legisladores pongan trabas a los eventuales cambios y retrasen un proceso en que el Presidente ha pedido celeridad.
El comité de reconstrucción del gobierno aprobó una reasignación de recursos fiscales para asumir parte de los costos del plan de reedificación en las regiones más devastadas por el sismo.
El Ejecutivo estimó en unos treinta mil millones de dólares los daños ocasionados por la catástrofe, de los cuales unos ocho mil millones estarían cubiertos por seguros y otros diez mil corresponderían a daños del sector privado, por lo que el fisco deberá solventar la reparación y/o reconstrucción de infraestructura por unos doce mil millones.
En ese plano, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó que en la actualidad hay comprometidos setecientos millones de dólares para los costos que dejó el terremoto, a los que se suman los doscientos millones que se han gastado en los primeros treinta días de la emergencia.
El desglose de las reasignaciones considera recursos en Vivienda por 144 millones de dólares, en Salud por 184 millones, en Educación por 100 millones, mientras que en Trabajo por 63 millones.
Según el decreto supremo del ministerio de Hacienda, que fue aprobado el martes por la Contraloría, los mayores recortes provienen de las carteras de Obras Públicas (US$265 millones) y del Interior (US$235 millones).
Es por eso que al dar a conocer el detalle de los recortes presupuestarios, el ministro Larraín hizo un llamado a la solidaridad a todos los sectores del país y enfatizó que la postergación de algunos proyectos en regiones no implicará su eliminación definitiva.
Respecto de las críticas de los alcaldes y de algunos parlamentarios de oposición, el titular de Hacienda señaló que la reasignación de recursos para las provincias será recompensada en las próximas discusiones de presupuesto.
“Todos los ministerios y reparticiones públicas están reajustándose y las regiones como un todo van a recibir bastante más de lo que se ha hecho en materia de reasignación solidaria. No todas van a recibir más, pero tenemos el Presupuesto 2011 y muchas otras maneras para apoyarlas”, dijo el secretario de Estado.
Pese a ello, el senador DC de la Región de Aysén, Patricio Walker, lamentó la decisión del Ejecutivo de recortar el presupuesto, que en el caso de la zona que él representa se reduce en cerca de un treinta por ciento. “Le queremos pedir que no recurra al mecanismo más fácil, sino que use los recursos que tiene disponible”, sostuvo el parlamentario.
En tanto, el director del Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo (CENDA) Hugo Fazio, rechazó esta vía de financiamiento y advirtió que existen otras opciones para el plan de reconstrucción como la utilización de los dineros de la Ley Reservada del Cobre.
“No sólo se requiere reasignar el Presupuesto, es decir, determinar sus partidas de manera diferente, sino que hay que hacer un plan de reconstrucción real y hay medidas que se pueden tomar. Está el hecho de que siga funcionando la Ley Reservada del Cobre que le asigna a las Fuerzas Armadas el diez por ciento de las ventas de Codelco. Ese es un monto muy superior a lo que se está destinando. Más allá de la discusión de si eso es necesario o incorrecto se van a juntar muchos más recursos por ese ítem de lo que se está considerado en la Ley de Presupuesto”, afirmó el experto.
De esta manera, el Ejecutivo está ocupando las atribuciones que dispone para reasignar partidas de la Ley de Presupuesto sin necesidad de recurrir al Congreso, para así evitar que algunos legisladores pongan trabas a los eventuales cambios y retrasen un proceso en que el Presidente ha pedido celeridad.
