Caso Anfrus
Corte de Apelaciones reabre caso de menor asesinado en la dictadura
La cuarta sala del Tribubal de Alzada decidió revocar la decisión del juez Manuel Valderrama, quien había cerrado el caso el año pasado, y solicitaron nuevas diligencias entre las que se incluye un interrogatorio a Manuel Contreras, Álvaro Corbalán y Carlos Herrera. Según los magistrados existirían evidentes contradicciones en las declaraciones y careos practicados a los funcionarios policiales que participaron en las diligencias del proceso.
Jueves 1 de abril 2010 18:01 hrs.
Un nuevo giro dio uno de los casos judiciales más emblemáticos de la dictadura militar. Este jueves la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reabrir la investigación del asesinato del menor Rodrigo Anfruns, quien fue encontrado muerto el 14 de junio de 1979 en un terreno baldío.
El tribunal de Alzada solicitó una serie de nuevas diligencias, entre las que se incluye instruir un sumario por asociación ilícita donde se tomarán declaraciones a Carlos Herrera Jiménez, ex jefe operativo de la CNI, al jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Álvaro Corbalan y a Manuel Contreras quien en la actualidad cumple condena en el penal Cordillera por crímenes de lesa humanidad.
Pese a que el año pasado el juez Manuel Valderrama había cerrado el caso al ratificar la versión oficial que indicaba que el autor del homicidio había sido un joven de 16 años – quien está declarado sin discernimiento – existen una serie de contradicciones que determinaron que la Corte revocara la decisión.
De acuerdo a investigaciones periodísticas, una primera autopsia -desestimada en el proceso- señalaba que, por el estado del cuerpo, el niño no llevaba más de dos o tres días sin vida, que su estómago tenía evidencias de haber pasado por un largo período de inanición y que había sido torturado. Tenía marcas de ataduras en las piernas, golpes y quemaduras de cigarrillos en diversas partes de su cuerpo, incluido el rostro. La causa de muerte fue asfixia por sofocación.
Datos que apuntaban más al proceder de los servicios de inteligencia de la dictadura que a la suposición de que un joven lo habría asfixiado hasta morir en la tierra.
Además, de acuerdo al testimonio que dieron Carabineros que participaron en las pesquisas, el sitio donde fue encontrado ya había sido recorrido previamente a que apareciera el cuerpo y no se había encontrado nada.
La razón del ataque al menor aún no es clara y dentro de las tesis que se barajan en el libro “Una verdad pendiente, la desaparición de Rodrigo Anfruns Papi”, de la periodista Soledad Pino, se incluye un supuesto “ajuste de cuentas” entre el personal de las Fuerzas Armadas.
Por lo mismo, el abogado querellante de la causa, Roberto Celedón, se mostró satisfecho con la resolución dada la trascendencia que tiene el mundo de los derechos humanos.
En el fallo se pronunciaron los magistrados Adelita Ravanales, Pilar Aguayo Pino y el abogado integrante Rodrigo Asenjo.
Un nuevo giro dio uno de los casos judiciales más emblemáticos de la dictadura militar. Este jueves la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reabrir la investigación del asesinato del menor Rodrigo Anfruns, quien fue encontrado muerto el 14 de junio de 1979 en un terreno baldío.
El tribunal de Alzada solicitó una serie de nuevas diligencias, entre las que se incluye instruir un sumario por asociación ilícita donde se tomarán declaraciones a Carlos Herrera Jiménez, ex jefe operativo de la CNI, al jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Álvaro Corbalan y a Manuel Contreras quien en la actualidad cumple condena en el penal Cordillera por crímenes de lesa humanidad.
Pese a que el año pasado el juez Manuel Valderrama había cerrado el caso al ratificar la versión oficial que indicaba que el autor del homicidio había sido un joven de 16 años – quien está declarado sin discernimiento – existen una serie de contradicciones que determinaron que la Corte revocara la decisión.
De acuerdo a investigaciones periodísticas, una primera autopsia -desestimada en el proceso- señalaba que, por el estado del cuerpo, el niño no llevaba más de dos o tres días sin vida, que su estómago tenía evidencias de haber pasado por un largo período de inanición y que había sido torturado. Tenía marcas de ataduras en las piernas, golpes y quemaduras de cigarrillos en diversas partes de su cuerpo, incluido el rostro. La causa de muerte fue asfixia por sofocación.
Datos que apuntaban más al proceder de los servicios de inteligencia de la dictadura que a la suposición de que un joven lo habría asfixiado hasta morir en la tierra.
Además, de acuerdo al testimonio que dieron Carabineros que participaron en las pesquisas, el sitio donde fue encontrado ya había sido recorrido previamente a que apareciera el cuerpo y no se había encontrado nada.
La razón del ataque al menor aún no es clara y dentro de las tesis que se barajan en el libro “Una verdad pendiente, la desaparición de Rodrigo Anfruns Papi”, de la periodista Soledad Pino, se incluye un supuesto “ajuste de cuentas” entre el personal de las Fuerzas Armadas.
Por lo mismo, el abogado querellante de la causa, Roberto Celedón, se mostró satisfecho con la resolución dada la trascendencia que tiene el mundo de los derechos humanos.
En el fallo se pronunciaron los magistrados Adelita Ravanales, Pilar Aguayo Pino y el abogado integrante Rodrigo Asenjo.
Un nuevo giro dio uno de los casos judiciales más emblemáticos de la dictadura militar. Este jueves la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reabrir la investigación del asesinato del menor Rodrigo Anfruns, quien fue encontrado muerto el 14 de junio de 1979 en un terreno baldío.
El tribunal de Alzada solicitó una serie de nuevas diligencias, entre las que se incluye instruir un sumario por asociación ilícita donde se tomarán declaraciones a Carlos Herrera Jiménez, ex jefe operativo de la CNI, al jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Álvaro Corbalan y a Manuel Contreras quien en la actualidad cumple condena en el penal Cordillera por crímenes de lesa humanidad.
Pese a que el año pasado el juez Manuel Valderrama había cerrado el caso al ratificar la versión oficial que indicaba que el autor del homicidio había sido un joven de 16 años – quien está declarado sin discernimiento – existen una serie de contradicciones que determinaron que la Corte revocara la decisión.
De acuerdo a investigaciones periodísticas, una primera autopsia -desestimada en el proceso- señalaba que, por el estado del cuerpo, el niño no llevaba más de dos o tres días sin vida, que su estómago tenía evidencias de haber pasado por un largo período de inanición y que había sido torturado. Tenía marcas de ataduras en las piernas, golpes y quemaduras de cigarrillos en diversas partes de su cuerpo, incluido el rostro. La causa de muerte fue asfixia por sofocación.
Datos que apuntaban más al proceder de los servicios de inteligencia de la dictadura que a la suposición de que un joven lo habría asfixiado hasta morir en la tierra.
Además, de acuerdo al testimonio que dieron Carabineros que participaron en las pesquisas, el sitio donde fue encontrado ya había sido recorrido previamente a que apareciera el cuerpo y no se había encontrado nada.
La razón del ataque al menor aún no es clara y dentro de las tesis que se barajan en el libro “Una verdad pendiente, la desaparición de Rodrigo Anfruns Papi”, de la periodista Soledad Pino, se incluye un supuesto “ajuste de cuentas” entre el personal de las Fuerzas Armadas.
Por lo mismo, el abogado querellante de la causa, Roberto Celedón, se mostró satisfecho con la resolución dada la trascendencia que tiene el mundo de los derechos humanos.
En el fallo se pronunciaron los magistrados Adelita Ravanales, Pilar Aguayo Pino y el abogado integrante Rodrigo Asenjo.
