El manto de duda que cubre el financiamiento estatal a las ONGs
La entrega directa de tres mil ciento seis millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil en los últimos meses del gobierno anterior abrió el debate sobre la forma de solventar estas instituciones y las intenciones que pueden haber detrás. Desde las ONGs aseguran que es un proceso poco transparente e injusto.
Domingo 4 de abril 2010 23:16 hrs.
Durante los últimos tres meses del gobierno de Michelle Bachelet, el ministerio de Hacienda realizó giros por tres mil 106 millones de pesos para organizaciones de la sociedad civil, como ONGs y fundaciones. Esto, en contraste con los 665 millones de pesos entregados, en promedio, a estos mismos organismos durante los tres años anteriores.
Según un informe publicado en El Mercurio, en nueve semanas aproximadamente, la subsecretaría del Interior ejecutó el traspaso a diferentes fundaciones y proyectos del 25 por ciento del Fondo Social correspondiente a todo 2010.
De hecho, durante este periodo el gobierno publicó una transferencia de mil millones de pesos para la Fundación Festival Internacional Santiago a Mil; una cifra equivalente a la mitad de todos los dineros que el Estado le donó a esta entidad en cuatro años: $2310 millones.
En tanto, la Subsecretaría del Trabajo, a través del Fondo de Diálogo Social, entregó $221 millones a la CUT en cuatro años para fomentar la sindicalización. Mientras que la Fundación Justicia y Democracia, que lidera el ex Presidente Patricio Aylwin recibió $188 millones.
En este último caso, gran parte de los recursos se gastaron en la organización del Foro Biarritz, que es una instancia que reúne a líderes políticos y gremiales.
Este fuerte aumento en el gasto de gobierno despertó las alarmas de las nuevas autoridades y de los partidos que hoy componen al oficialismo, los que durante la campaña presidencial acusaban de intervencionismo electoral.
El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que esta amplia entrega de dinero amerita “investigarlo a fondo, para ver quienes se beneficiaron con esos miles de millones de pesos”.
Fulvio Rossi, presidente del Partido Socialista, respondió a estos cuestionamientos acusando una campaña para desprestigiar la imagen de la ex Presidenta Bachelet con denuncias infundadas. Además, aseveró que los fondos fueron destinados principalmente a “Un techo para Chile” y la fundación que organiza el Festival de Teatro Santiago a Mil.
“Habría que preguntarle a la ‘Pequeña Gigante’ si realmente esa plata estuvo bien invertida o no”, ironizó el senador PS.
El parlamentario hizo una especial “recomendación” a los dirigentes de la UDI, para que “se informaran primero en qué se gastó la plata antes de señalar que gastó la plata en amigos de la Concertación”.
Pero más allá de esta polémica entre dirigentes políticos, ahora la preocupación surge en torno a la forma en que el gobierno de turno financia a diferentes organizaciones sociales.
El presidente de la Asociación Chilena de ONG, Álvaro Ramis, confirmó que los montos que manejan las organizaciones sin fines de lucro son mucho menores a los que el gobierno entregó directamente a otros organismos. Por tanto, esto genera “sentimientos de injusticia, ya que nosotros aspiramos a que existan criterios de paridad y justicia a la hora del financiamiento público”.
Si bien la entrega de estos fondos desde el gobierno es legal, las ONG cuestionan la falta de una metodología que asegure un proceso transparente.
Sin embargo, Álvaro Ramis indicó que este no es un mal exclusivo de la administración Bachelet, acusando que hay discrecionalidad en el financiamiento de ONG en varios países del continente.
“Hay que analizar la historia completa de Chile y América Latina, porque no hay ningún país que tenga un mecanismo de designación donde no esté presente la discrecionalidad”, señaló Ramis, para quien son los partidos políticos los que procuran “mantener el sartén por el mango para en el futuro poder tener control sobre esos recursos”.
Así se configura un escenario que supera la polémica actual y habla de una crisis estructural en el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. No obstante, Álvaro Ramis es optimista e indica que, a pesar “de que esta institucionalidad es aún muy precaria”, estamos en el momento propicio para legislar respecto de esta materia, pues “la ley de participación ciudadana en la gestión pública ha demorado años y esperamos que el nuevo gobierno lo haga”.
Según la legislación actual, los gobiernos tienen facultades para donar dineros a organizaciones afines sin que exista una contraprestación, como una consultoría o estudio, siendo el único requisito para ello el estar inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y no tener fines de lucro.
Durante los últimos tres meses del gobierno de Michelle Bachelet, el ministerio de Hacienda realizó giros por tres mil 106 millones de pesos para organizaciones de la sociedad civil, como ONGs y fundaciones. Esto, en contraste con los 665 millones de pesos entregados, en promedio, a estos mismos organismos durante los tres años anteriores.
Según un informe publicado en El Mercurio, en nueve semanas aproximadamente, la subsecretaría del Interior ejecutó el traspaso a diferentes fundaciones y proyectos del 25 por ciento del Fondo Social correspondiente a todo 2010.
De hecho, durante este periodo el gobierno publicó una transferencia de mil millones de pesos para la Fundación Festival Internacional Santiago a Mil; una cifra equivalente a la mitad de todos los dineros que el Estado le donó a esta entidad en cuatro años: $2310 millones.
En tanto, la Subsecretaría del Trabajo, a través del Fondo de Diálogo Social, entregó $221 millones a la CUT en cuatro años para fomentar la sindicalización. Mientras que la Fundación Justicia y Democracia, que lidera el ex Presidente Patricio Aylwin recibió $188 millones.
En este último caso, gran parte de los recursos se gastaron en la organización del Foro Biarritz, que es una instancia que reúne a líderes políticos y gremiales.
Este fuerte aumento en el gasto de gobierno despertó las alarmas de las nuevas autoridades y de los partidos que hoy componen al oficialismo, los que durante la campaña presidencial acusaban de intervencionismo electoral.
El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que esta amplia entrega de dinero amerita “investigarlo a fondo, para ver quienes se beneficiaron con esos miles de millones de pesos”.
Fulvio Rossi, presidente del Partido Socialista, respondió a estos cuestionamientos acusando una campaña para desprestigiar la imagen de la ex Presidenta Bachelet con denuncias infundadas. Además, aseveró que los fondos fueron destinados principalmente a “Un techo para Chile” y la fundación que organiza el Festival de Teatro Santiago a Mil.
“Habría que preguntarle a la ‘Pequeña Gigante’ si realmente esa plata estuvo bien invertida o no”, ironizó el senador PS.
El parlamentario hizo una especial “recomendación” a los dirigentes de la UDI, para que “se informaran primero en qué se gastó la plata antes de señalar que gastó la plata en amigos de la Concertación”.
Pero más allá de esta polémica entre dirigentes políticos, ahora la preocupación surge en torno a la forma en que el gobierno de turno financia a diferentes organizaciones sociales.
El presidente de la Asociación Chilena de ONG, Álvaro Ramis, confirmó que los montos que manejan las organizaciones sin fines de lucro son mucho menores a los que el gobierno entregó directamente a otros organismos. Por tanto, esto genera “sentimientos de injusticia, ya que nosotros aspiramos a que existan criterios de paridad y justicia a la hora del financiamiento público”.
Si bien la entrega de estos fondos desde el gobierno es legal, las ONG cuestionan la falta de una metodología que asegure un proceso transparente.
Sin embargo, Álvaro Ramis indicó que este no es un mal exclusivo de la administración Bachelet, acusando que hay discrecionalidad en el financiamiento de ONG en varios países del continente.
“Hay que analizar la historia completa de Chile y América Latina, porque no hay ningún país que tenga un mecanismo de designación donde no esté presente la discrecionalidad”, señaló Ramis, para quien son los partidos políticos los que procuran “mantener el sartén por el mango para en el futuro poder tener control sobre esos recursos”.
Así se configura un escenario que supera la polémica actual y habla de una crisis estructural en el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. No obstante, Álvaro Ramis es optimista e indica que, a pesar “de que esta institucionalidad es aún muy precaria”, estamos en el momento propicio para legislar respecto de esta materia, pues “la ley de participación ciudadana en la gestión pública ha demorado años y esperamos que el nuevo gobierno lo haga”.
Según la legislación actual, los gobiernos tienen facultades para donar dineros a organizaciones afines sin que exista una contraprestación, como una consultoría o estudio, siendo el único requisito para ello el estar inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y no tener fines de lucro.
Durante los últimos tres meses del gobierno de Michelle Bachelet, el ministerio de Hacienda realizó giros por tres mil 106 millones de pesos para organizaciones de la sociedad civil, como ONGs y fundaciones. Esto, en contraste con los 665 millones de pesos entregados, en promedio, a estos mismos organismos durante los tres años anteriores.
Según un informe publicado en El Mercurio, en nueve semanas aproximadamente, la subsecretaría del Interior ejecutó el traspaso a diferentes fundaciones y proyectos del 25 por ciento del Fondo Social correspondiente a todo 2010.
De hecho, durante este periodo el gobierno publicó una transferencia de mil millones de pesos para la Fundación Festival Internacional Santiago a Mil; una cifra equivalente a la mitad de todos los dineros que el Estado le donó a esta entidad en cuatro años: $2310 millones.
En tanto, la Subsecretaría del Trabajo, a través del Fondo de Diálogo Social, entregó $221 millones a la CUT en cuatro años para fomentar la sindicalización. Mientras que la Fundación Justicia y Democracia, que lidera el ex Presidente Patricio Aylwin recibió $188 millones.
En este último caso, gran parte de los recursos se gastaron en la organización del Foro Biarritz, que es una instancia que reúne a líderes políticos y gremiales.
Este fuerte aumento en el gasto de gobierno despertó las alarmas de las nuevas autoridades y de los partidos que hoy componen al oficialismo, los que durante la campaña presidencial acusaban de intervencionismo electoral.
El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que esta amplia entrega de dinero amerita “investigarlo a fondo, para ver quienes se beneficiaron con esos miles de millones de pesos”.
Fulvio Rossi, presidente del Partido Socialista, respondió a estos cuestionamientos acusando una campaña para desprestigiar la imagen de la ex Presidenta Bachelet con denuncias infundadas. Además, aseveró que los fondos fueron destinados principalmente a “Un techo para Chile” y la fundación que organiza el Festival de Teatro Santiago a Mil.
“Habría que preguntarle a la ‘Pequeña Gigante’ si realmente esa plata estuvo bien invertida o no”, ironizó el senador PS.
El parlamentario hizo una especial “recomendación” a los dirigentes de la UDI, para que “se informaran primero en qué se gastó la plata antes de señalar que gastó la plata en amigos de la Concertación”.
Pero más allá de esta polémica entre dirigentes políticos, ahora la preocupación surge en torno a la forma en que el gobierno de turno financia a diferentes organizaciones sociales.
El presidente de la Asociación Chilena de ONG, Álvaro Ramis, confirmó que los montos que manejan las organizaciones sin fines de lucro son mucho menores a los que el gobierno entregó directamente a otros organismos. Por tanto, esto genera “sentimientos de injusticia, ya que nosotros aspiramos a que existan criterios de paridad y justicia a la hora del financiamiento público”.
Si bien la entrega de estos fondos desde el gobierno es legal, las ONG cuestionan la falta de una metodología que asegure un proceso transparente.
Sin embargo, Álvaro Ramis indicó que este no es un mal exclusivo de la administración Bachelet, acusando que hay discrecionalidad en el financiamiento de ONG en varios países del continente.
“Hay que analizar la historia completa de Chile y América Latina, porque no hay ningún país que tenga un mecanismo de designación donde no esté presente la discrecionalidad”, señaló Ramis, para quien son los partidos políticos los que procuran “mantener el sartén por el mango para en el futuro poder tener control sobre esos recursos”.
Así se configura un escenario que supera la polémica actual y habla de una crisis estructural en el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. No obstante, Álvaro Ramis es optimista e indica que, a pesar “de que esta institucionalidad es aún muy precaria”, estamos en el momento propicio para legislar respecto de esta materia, pues “la ley de participación ciudadana en la gestión pública ha demorado años y esperamos que el nuevo gobierno lo haga”.
Según la legislación actual, los gobiernos tienen facultades para donar dineros a organizaciones afines sin que exista una contraprestación, como una consultoría o estudio, siendo el único requisito para ello el estar inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y no tener fines de lucro.
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