Este jueves los diez integrantes del Tribunal Constitucional deberán definir si finalmente declararán admisible el recurso presentado por un grupo de parlamentarios en contra de la Ley de Concesiones Acuícolas.
La petición busca dejar sin efecto el articulado legal que para estos legisladores y organismos ambientalistas privatiza el mar chileno a favor de las empresas salmoneras afectadas por la crisis económica y el virus ISA.
Ahora la inadmisibilidad planteada el 1 de abril recién pasado por el Tribunal Constitucional fue por los plazos ya que, a juicio de los ministros, se presentó un día después al periodo establecido en la ley, situación que es completamente falsa a juicio del abogado que presentó la solicitud, Lorenzo Soto.
“Siendo así el requerimiento está dentro de lo legal. Eso nosotros lo tenemos certificado acompañado con el libro de despacho, con un timbre y con la fecha que así lo establece. En consecuencia, con ese antecedente que es de hecho, el Tribunal tiene que resolver y esperamos rectificar ese grave error sobre una fecha”, precisó el jurista.
Uno de los integrantes del Tribunal Constitucional que votó a favor de la inadmisibilidad por el plazo fue el ex ministro Secretario General de la Presidencia del gobierno de Michelle Bachelet, José Antonio Viera Gallo, quien es visto como uno de los impulsores del proyecto de ley de concesiones acuícolas.
Por eso el diputado René Alinco, reiteró que el ex secretario de Estado debería mantenerse fuera de este debate, aunque ya ha votado en dos ocasiones sobre esta solicitud hecha por los parlamentarios.
“Espero que Viera Gallo no mezcle sus intereses y el Tribunal Constitucional no se derechice. Eso quiere decir que no debe proteger sólo los intereses de los industriales y esta ley, que es la que privatiza el mar chileno, indudablemente favorece a los grandes industriales del sector pesquero”, sostuvo Alinco.
Otro tema que está incluido en el debate presentado por la inconstitucionalidad de la ley de concesiones acuícolas es la situación jurídica en que quedará el borde costero, ya que al entregar la propiedad del mar a privados para conseguir préstamos en la banca se afecta también la costa.
A juicio del presidente de los trabajadores de la pesca artesanal, Cosme Caracciolo, esto debe ser discutido ampliamente y de cara a quienes a lo largo del litoral chileno se ganan la vida gracias al mar.
“Este proyecto tiene efecto, justamente, sobre ese territorio. Nosotros decimos que los bienes nacionales de uso público son de todos los chilenos y no pueden ser privatizados. Le pedimos al Tribunal Constitucional que no por secretaría se deje de discutir este proyecto e insistimos en que el ministro Viera Gallo, por una cuestión ética y moral debería abstenerse de opinar sobre este proyecto”, manifestó el dirigente.
A juicio de quienes presentaron la solicitud ante el Tribunal Constitucional, este jueves se debería revertir la declaración de inadmisibilidad que decretaron la semana pasada los integrantes del organismo, debate al que a juicio de los recurrentes, debería estar ajeno el ex ministro del pasado gobierno y hoy integrante de la instancia, José Antonio Viera Gallo.
Este jueves los diez integrantes del Tribunal Constitucional deberán definir si finalmente declararán admisible el recurso presentado por un grupo de parlamentarios en contra de la Ley de Concesiones Acuícolas.
La petición busca dejar sin efecto el articulado legal que para estos legisladores y organismos ambientalistas privatiza el mar chileno a favor de las empresas salmoneras afectadas por la crisis económica y el virus ISA.
Ahora la inadmisibilidad planteada el 1 de abril recién pasado por el Tribunal Constitucional fue por los plazos ya que, a juicio de los ministros, se presentó un día después al periodo establecido en la ley, situación que es completamente falsa a juicio del abogado que presentó la solicitud, Lorenzo Soto.
“Siendo así el requerimiento está dentro de lo legal. Eso nosotros lo tenemos certificado acompañado con el libro de despacho, con un timbre y con la fecha que así lo establece. En consecuencia, con ese antecedente que es de hecho, el Tribunal tiene que resolver y esperamos rectificar ese grave error sobre una fecha”, precisó el jurista.
Uno de los integrantes del Tribunal Constitucional que votó a favor de la inadmisibilidad por el plazo fue el ex ministro Secretario General de la Presidencia del gobierno de Michelle Bachelet, José Antonio Viera Gallo, quien es visto como uno de los impulsores del proyecto de ley de concesiones acuícolas.
Por eso el diputado René Alinco, reiteró que el ex secretario de Estado debería mantenerse fuera de este debate, aunque ya ha votado en dos ocasiones sobre esta solicitud hecha por los parlamentarios.
“Espero que Viera Gallo no mezcle sus intereses y el Tribunal Constitucional no se derechice. Eso quiere decir que no debe proteger sólo los intereses de los industriales y esta ley, que es la que privatiza el mar chileno, indudablemente favorece a los grandes industriales del sector pesquero”, sostuvo Alinco.
Otro tema que está incluido en el debate presentado por la inconstitucionalidad de la ley de concesiones acuícolas es la situación jurídica en que quedará el borde costero, ya que al entregar la propiedad del mar a privados para conseguir préstamos en la banca se afecta también la costa.
A juicio del presidente de los trabajadores de la pesca artesanal, Cosme Caracciolo, esto debe ser discutido ampliamente y de cara a quienes a lo largo del litoral chileno se ganan la vida gracias al mar.
“Este proyecto tiene efecto, justamente, sobre ese territorio. Nosotros decimos que los bienes nacionales de uso público son de todos los chilenos y no pueden ser privatizados. Le pedimos al Tribunal Constitucional que no por secretaría se deje de discutir este proyecto e insistimos en que el ministro Viera Gallo, por una cuestión ética y moral debería abstenerse de opinar sobre este proyecto”, manifestó el dirigente.
A juicio de quienes presentaron la solicitud ante el Tribunal Constitucional, este jueves se debería revertir la declaración de inadmisibilidad que decretaron la semana pasada los integrantes del organismo, debate al que a juicio de los recurrentes, debería estar ajeno el ex ministro del pasado gobierno y hoy integrante de la instancia, José Antonio Viera Gallo.
Este jueves los diez integrantes del Tribunal Constitucional deberán definir si finalmente declararán admisible el recurso presentado por un grupo de parlamentarios en contra de la Ley de Concesiones Acuícolas.
La petición busca dejar sin efecto el articulado legal que para estos legisladores y organismos ambientalistas privatiza el mar chileno a favor de las empresas salmoneras afectadas por la crisis económica y el virus ISA.
Ahora la inadmisibilidad planteada el 1 de abril recién pasado por el Tribunal Constitucional fue por los plazos ya que, a juicio de los ministros, se presentó un día después al periodo establecido en la ley, situación que es completamente falsa a juicio del abogado que presentó la solicitud, Lorenzo Soto.
“Siendo así el requerimiento está dentro de lo legal. Eso nosotros lo tenemos certificado acompañado con el libro de despacho, con un timbre y con la fecha que así lo establece. En consecuencia, con ese antecedente que es de hecho, el Tribunal tiene que resolver y esperamos rectificar ese grave error sobre una fecha”, precisó el jurista.
Uno de los integrantes del Tribunal Constitucional que votó a favor de la inadmisibilidad por el plazo fue el ex ministro Secretario General de la Presidencia del gobierno de Michelle Bachelet, José Antonio Viera Gallo, quien es visto como uno de los impulsores del proyecto de ley de concesiones acuícolas.
Por eso el diputado René Alinco, reiteró que el ex secretario de Estado debería mantenerse fuera de este debate, aunque ya ha votado en dos ocasiones sobre esta solicitud hecha por los parlamentarios.
“Espero que Viera Gallo no mezcle sus intereses y el Tribunal Constitucional no se derechice. Eso quiere decir que no debe proteger sólo los intereses de los industriales y esta ley, que es la que privatiza el mar chileno, indudablemente favorece a los grandes industriales del sector pesquero”, sostuvo Alinco.
Otro tema que está incluido en el debate presentado por la inconstitucionalidad de la ley de concesiones acuícolas es la situación jurídica en que quedará el borde costero, ya que al entregar la propiedad del mar a privados para conseguir préstamos en la banca se afecta también la costa.
A juicio del presidente de los trabajadores de la pesca artesanal, Cosme Caracciolo, esto debe ser discutido ampliamente y de cara a quienes a lo largo del litoral chileno se ganan la vida gracias al mar.
“Este proyecto tiene efecto, justamente, sobre ese territorio. Nosotros decimos que los bienes nacionales de uso público son de todos los chilenos y no pueden ser privatizados. Le pedimos al Tribunal Constitucional que no por secretaría se deje de discutir este proyecto e insistimos en que el ministro Viera Gallo, por una cuestión ética y moral debería abstenerse de opinar sobre este proyecto”, manifestó el dirigente.
A juicio de quienes presentaron la solicitud ante el Tribunal Constitucional, este jueves se debería revertir la declaración de inadmisibilidad que decretaron la semana pasada los integrantes del organismo, debate al que a juicio de los recurrentes, debería estar ajeno el ex ministro del pasado gobierno y hoy integrante de la instancia, José Antonio Viera Gallo.
