Una de las consecuencias del terremoto fue que el gobierno decidiera interrumpir la aprobación de decretos que permitían la creación de una nueva institucionalidad ambiental.

En el programa Semáforo de Radio U. de Chile, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, dijo compartir la decisión del Ejecutivo en esta materia, puesto que estas disposiciones obligaban a implementar los cambios en sólo treinta días y porque gran parte de la planta de trabajadores de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama)  pasaba al Servicio de Evaluación Ambiental, en donde muchos no tenían ninguna experiencia.

Por ello se entiende, añadió  Flavia Liberona, que durante estos días el gobierno de Sebastián Piñera reordene estas plantas y que parte de los trabajadores sean destinados a las seremías y los demás, que conocen de evaluación ambiental, sean dirigidos a dicho servicio.

A juicio de la directora de Terram, esta situación da cuenta de que la institucionalidad ambiental que promovió la administración de Michelle Bachelet fue apresurada, que no se resolvieron los problemas de fondo y que la gestión de la ex ministra Ana Lya Uriarte fue “un desastre”.

La ambientalista recordó que la reforma sigue pendiente, además, porque aún no se ha aprobado el proyecto para crear el Tribunal Ambiental, entidad que surgió de una negociación al margen de la ciudadanía “entre los senadores de la Alianza y del Partido Socialista que facilitaron que no hubiera discusión sobre temas de fondo, porque cuando el proyecto llegó al senado tuvo 1350 indicaciones de los parlamentarios”.

Para Flavia Liberona, si bien muchos de los problemas se gestaron durante los gobiernos de la Concertación, el panorama tampoco se vería muy alentador a futuro, sobre todo por la construcción de termoeléctricas en zonas costeras, el avance de Hidroaysén, el apoyo a la energía nuclear y un debilitamiento en la fiscalización por conflictos de interés.

Respecto a la reconstrucción, la representante de Terram criticó que hasta hoy no existe ninguna evaluación sobre los daños ambientales provocados por el terremoto y que los pocos informes que han dado a conocer las autoridades provienen de las propias empresas de servicios básicos.

“La ministra de Medio Ambiente ha declarado que en Chile hay dificultad con el cloro y por lo tanto a las aguas servidas se les hace un tratamiento primario, es decir, se diluyen en agua con muy bajo de contenido de cloro, tanto en la Región Metropolitana como en el Bío Bío también (…) ¿Qué pasó con las plantas de celulosa, con los ductos, con las piscinas donde había licor negro? Nadie sabe ni nadie ha levantado ninguna información”, acusó.

La ambientalista cuestionó que la entrega de ayuda por parte del Ejecutivo se realice a través de grandes firmas y fundaciones y recalcó que las ONGs han optado por apoyar directamente a las comunidades locales, lo que puede ser conocido en la página web www.levantemosciudadania.cl