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La evasión del Transantiago

Columna de opinión por Julio Hurtado
Lunes 19 de abril 2010 19:01 hrs.


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Nuevamente ha aparecido en la palestra de la discusión nacional el tema del Transantiago. Al parecer, una vez pasado los efectos mediáticos más escandalosos del olvido centralista a las víctimas del terremoto, los santiaguinos nuevamente comenzamos a mirarnos el ombligo.

Esta vez, con respecto al Transantiago, el tema se centra en el déficit enorme, debido  a la evasión del pago del pasaje, de casi 80 millones de dólares al año, según estimaciones de las autoridades.

Recordemos que las autoridades, al diseñar el nuevo sistema de transporte público optaron por no generar un control estricto en el ingreso a los buses, y así basar el pago en la buena fe y responsabilidad del pasajero. Es así que la evasión, si bien ha disminuido ostensiblemente al compararla con el inicio del sistema, sigue siendo alta.

Según las autoridades, supongo que basadas en estimaciones, especialmente en la zona sur de Santiago los que no pagan constituyen un tercio de los pasajeros, lo cual explica los 80 millones de pérdidas al año.

El hecho que pagar el pasaje sea en la práctica un acto casi voluntario del pasajero (como ocurre en muchas ciudades europeas, en las que el pago del pasaje es una obligación y deber ciudadanos), el ejemplo que dan  las elites y los medios pasa a ser un aspecto fundamental. Por lo tanto, es difícil pedirle al pasajero que sea honesto, cuando en la cúpula de nuestra sociedad vemos un relativismo ético que tiende a promover, sin restricciones, la ganancia fácil, el irrespeto de las formas, y a restar importancia al cruce de intereses (¿qué diferencia hay con aquellos tiempos en que los encargados de las privatizaciones de las empresas estatales se quedaron con ellas?).

El anuncio para enfrentar esta demoledora evasión, consecuente con los nuevos tiempos, estuvo compuesto por dos amenazas. La primera es una multa de 400 veces el valor del pasaje no pagado. Cabe hacer notar que el monto de esta multa equivale casi a un sueldo mínimo. La segunda medida anunciada es eliminar al infractor de los beneficios sociales que entrega el Estado. Además de la posible inconstitucionalidad de estas medidas, vemos que se pretende castigar al que no paga, seguramente personas de bajísimos ingresos, con una multa que seguramente supera su salario y quitándole los escuálidos subsidios sociales.

Visto aisladamente, las mejoras del Transantiago ya llegaron a su máximo nivel posible con la gestión del ministro Cortazar. Se optimizó todo lo referido al transporte de superficie. Por lo tanto, el desafío es enfrentar el transporte urbano en su totalidad. Es decir, extender el metro (Santiago tiene 100 kilómetros, debería tener 300), y enfrentar realmente el problema del uso del automóvil privado, que es ineficiente, caro, contaminador y congestionador.

Es difícil que una autoridad tenga la voluntad política para enfrentar radicalmente este tema. Sobre todo aquellos que piensan que el mercado es el único asignador de recursos en la construcción de la ciudad.

Quizás el pecado original venga de cuando se implementó el Transantiago. Ocasión en que además se duplicó la extensión del metro (lo que iba en la dirección correcta), pero respondiendo tal vez a importantes intereses, además se fomentó el uso del automóvil a través de las concesiones de autopistas urbanas, lo cual va en contra de un arreglo definitivo, eficiente y democrático del transporte público.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.