Ramis advirtió que es probable que las relaciones entre la actual administración y las agrupaciones representantes de la sociedad civil sean, en general, más complejas que durante el período anterior.
El panorama de las organizaciones no gubernamentales en Chile se ve difícil luego de la reunión que sostuvieron algunos de sus representantes con José Ignacio Pinochet, director de la División de Organizaciones Sociales, donde éste sostuvo que era probable que disminuyera el financiamiento estatal para dichos fines.
Actualmente el Estado otorga mil 200 millones de pesos para todas las ONGs de nuestro país, lo que a juicio de Álvaro Ramis, presidente de la agrupación gremial Acción, es ya bastante precario.
En el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Ramis recordó que el año pasado fueron beneficiadas sólo 300 organizaciones entre juntas de vecinos, organismos sociales, clubes culturales, entre otras, pero 800 postularon y quedaron fuera.
Por ello, el representante de la asociación de ONGs advirtió que recortar los recursos estatales no sería una decisión correcta: “Se dice que es por el terremoto y no me parece una excusa realmente aceptable porque justamente la catástrofe debería incrementar estos recursos, no restringirlos. Lo que sí hay que decir es que el gobierno ha anunciado que un 50 por ciento de ellos será destinado a la Séptima y Octava regiones, para reparar infraestructuras, pero a costa de otras regiones. Debieron incrementarse los recursos y haberse creado un concurso especial para la zona afectada”, dijo.
Álvaro Ramis enfatizó que hay que mirar estos temas con perspectiva, porque la relación entre Estado y sociedad civil en América Latina por lo general está ligada a un concepto patrimonialista del primero, donde el gobierno siente que es dueño de los recursos y por ello los asigna como quiere.
Otras tradiciones latinoamericanas, añadió Ramis, serían el “clientelismo”, es decir, la idea de ganar electorado a través de los recursos que se destinan y la desconfianza en la sociedad civil.
Por estas razones, el presidente de Acción manifestó que tendrán que pasar varios años para afianzar la idea de que ambos sectores deben trabajar en conjunto, garantizando su propia autonomía y que se beneficie a organizaciones incluso opositoras al gobierno de turno.
Si bien reconoció que el fondo de mil 200 millones ha funcionado autónomamente, Álvaro Ramis recalcó que no ocurre lo mismo con concursos u otras prestaciones de servicio, situación que se hace más compleja considerando factores políticos.
“Esto se va a acentuar durante este gobierno debido a que buena parte de la sociedad civil o la ciudadanía más organizada ha tenido posiciones críticas en la historia contra los regímenes autoritarios y por lo tanto con la tradición de la dictadura militar chilena. No va a ser fácil la colaboración con el gobierno y, sin embargo, debiéramos hacerlo en función de objetivos de Estado”, advirtió.
El dirigente gremial criticó además que el trabajo de la ciudadanía para colaborar a la reconstrucción no ha sido igualmente visibilizado como los aportes de las grandes empresas, algo que ocurría igualmente durante el gobierno de la Concertación.
Álvaro Ramis hizo un llamado a informarse de las iniciativas que surgen de las organizaciones sociales, tales como la campaña para sacar de Dicom a los deudores que no estén en situaciones de delito, en la página web www.levantemosciudadanía.cl
Ramis advirtió que es probable que las relaciones entre la actual administración y las agrupaciones representantes de la sociedad civil sean, en general, más complejas que durante el período anterior.
El panorama de las organizaciones no gubernamentales en Chile se ve difícil luego de la reunión que sostuvieron algunos de sus representantes con José Ignacio Pinochet, director de la División de Organizaciones Sociales, donde éste sostuvo que era probable que disminuyera el financiamiento estatal para dichos fines.
Actualmente el Estado otorga mil 200 millones de pesos para todas las ONGs de nuestro país, lo que a juicio de Álvaro Ramis, presidente de la agrupación gremial Acción, es ya bastante precario.
En el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Ramis recordó que el año pasado fueron beneficiadas sólo 300 organizaciones entre juntas de vecinos, organismos sociales, clubes culturales, entre otras, pero 800 postularon y quedaron fuera.
Por ello, el representante de la asociación de ONGs advirtió que recortar los recursos estatales no sería una decisión correcta: “Se dice que es por el terremoto y no me parece una excusa realmente aceptable porque justamente la catástrofe debería incrementar estos recursos, no restringirlos. Lo que sí hay que decir es que el gobierno ha anunciado que un 50 por ciento de ellos será destinado a la Séptima y Octava regiones, para reparar infraestructuras, pero a costa de otras regiones. Debieron incrementarse los recursos y haberse creado un concurso especial para la zona afectada”, dijo.
Álvaro Ramis enfatizó que hay que mirar estos temas con perspectiva, porque la relación entre Estado y sociedad civil en América Latina por lo general está ligada a un concepto patrimonialista del primero, donde el gobierno siente que es dueño de los recursos y por ello los asigna como quiere.
Otras tradiciones latinoamericanas, añadió Ramis, serían el “clientelismo”, es decir, la idea de ganar electorado a través de los recursos que se destinan y la desconfianza en la sociedad civil.
Por estas razones, el presidente de Acción manifestó que tendrán que pasar varios años para afianzar la idea de que ambos sectores deben trabajar en conjunto, garantizando su propia autonomía y que se beneficie a organizaciones incluso opositoras al gobierno de turno.
Si bien reconoció que el fondo de mil 200 millones ha funcionado autónomamente, Álvaro Ramis recalcó que no ocurre lo mismo con concursos u otras prestaciones de servicio, situación que se hace más compleja considerando factores políticos.
“Esto se va a acentuar durante este gobierno debido a que buena parte de la sociedad civil o la ciudadanía más organizada ha tenido posiciones críticas en la historia contra los regímenes autoritarios y por lo tanto con la tradición de la dictadura militar chilena. No va a ser fácil la colaboración con el gobierno y, sin embargo, debiéramos hacerlo en función de objetivos de Estado”, advirtió.
El dirigente gremial criticó además que el trabajo de la ciudadanía para colaborar a la reconstrucción no ha sido igualmente visibilizado como los aportes de las grandes empresas, algo que ocurría igualmente durante el gobierno de la Concertación.
Álvaro Ramis hizo un llamado a informarse de las iniciativas que surgen de las organizaciones sociales, tales como la campaña para sacar de Dicom a los deudores que no estén en situaciones de delito, en la página web www.levantemosciudadanía.cl
Ramis advirtió que es probable que las relaciones entre la actual administración y las agrupaciones representantes de la sociedad civil sean, en general, más complejas que durante el período anterior.
El panorama de las organizaciones no gubernamentales en Chile se ve difícil luego de la reunión que sostuvieron algunos de sus representantes con José Ignacio Pinochet, director de la División de Organizaciones Sociales, donde éste sostuvo que era probable que disminuyera el financiamiento estatal para dichos fines.
Actualmente el Estado otorga mil 200 millones de pesos para todas las ONGs de nuestro país, lo que a juicio de Álvaro Ramis, presidente de la agrupación gremial Acción, es ya bastante precario.
En el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Ramis recordó que el año pasado fueron beneficiadas sólo 300 organizaciones entre juntas de vecinos, organismos sociales, clubes culturales, entre otras, pero 800 postularon y quedaron fuera.
Por ello, el representante de la asociación de ONGs advirtió que recortar los recursos estatales no sería una decisión correcta: “Se dice que es por el terremoto y no me parece una excusa realmente aceptable porque justamente la catástrofe debería incrementar estos recursos, no restringirlos. Lo que sí hay que decir es que el gobierno ha anunciado que un 50 por ciento de ellos será destinado a la Séptima y Octava regiones, para reparar infraestructuras, pero a costa de otras regiones. Debieron incrementarse los recursos y haberse creado un concurso especial para la zona afectada”, dijo.
Álvaro Ramis enfatizó que hay que mirar estos temas con perspectiva, porque la relación entre Estado y sociedad civil en América Latina por lo general está ligada a un concepto patrimonialista del primero, donde el gobierno siente que es dueño de los recursos y por ello los asigna como quiere.
Otras tradiciones latinoamericanas, añadió Ramis, serían el “clientelismo”, es decir, la idea de ganar electorado a través de los recursos que se destinan y la desconfianza en la sociedad civil.
Por estas razones, el presidente de Acción manifestó que tendrán que pasar varios años para afianzar la idea de que ambos sectores deben trabajar en conjunto, garantizando su propia autonomía y que se beneficie a organizaciones incluso opositoras al gobierno de turno.
Si bien reconoció que el fondo de mil 200 millones ha funcionado autónomamente, Álvaro Ramis recalcó que no ocurre lo mismo con concursos u otras prestaciones de servicio, situación que se hace más compleja considerando factores políticos.
“Esto se va a acentuar durante este gobierno debido a que buena parte de la sociedad civil o la ciudadanía más organizada ha tenido posiciones críticas en la historia contra los regímenes autoritarios y por lo tanto con la tradición de la dictadura militar chilena. No va a ser fácil la colaboración con el gobierno y, sin embargo, debiéramos hacerlo en función de objetivos de Estado”, advirtió.
El dirigente gremial criticó además que el trabajo de la ciudadanía para colaborar a la reconstrucción no ha sido igualmente visibilizado como los aportes de las grandes empresas, algo que ocurría igualmente durante el gobierno de la Concertación.
Álvaro Ramis hizo un llamado a informarse de las iniciativas que surgen de las organizaciones sociales, tales como la campaña para sacar de Dicom a los deudores que no estén en situaciones de delito, en la página web www.levantemosciudadanía.cl
