A más de un mes de la instalación de la mesa que discutirá el reajuste del salario mínimo, el gobierno anunció la creación de una comisión técnica de expertos con el fin de alcanzar una cifra conciliadora de incremento remuneracional.
En el marco de este debate, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, aspira a elevar el actual sueldo mínimo de 165 mil pesos a 180 mil pesos, propuesta que evaluará la instancia técnica que se espera esté lista en mayo.
El subsecretario del Trabajo, Marcelo Soto, precisó que esta comisión no significará una innovación radical del modelo de negociación que han sostenido en los últimos veinte años la multisindical y los ministerios de Trabajo y Hacienda.
“Más que reemplaza le agrega valor previo a la discusión política. Un insumo técnico que esperamos que sea muy fundado que nos permita ver con claridad cuál es realmente la cifra que concilia los derechos laborales de los trabajadores con los equilibrios macroeconómicos de la economía del país”, indicó Soto.
El presidente de la CUT, Arturo Martínez, rechazó de manera categórica participar en la comisión de expertos que creará el Ejecutivo, enfatizando que la discusión de salario mínimo es un debate político y no técnico.
“Se trata de una mesa técnica en la que nosotros no tenemos porque ser convocados. Yo creo que la discusión del salario mínimo no es un tema técnico, sino que es un tema político laboral y que hay que abordarlo de esa manera. El gobierno tiene todo el derecho a poner las mesas que quiera que pierdan el tiempo como quieran, pero cuando discuta con nosotros vamos a exponer nuestros puntos de vista”, aseveró Martínez.
La autoridad laboral dijo, asimismo, que tiene contemplada la creación de una comisión de especialistas, similar a la instancia de Equidad y Trabajo que funcionó en el gobierno de Michelle Bachelet, para estudiar cambios al sistema de indemnizaciones por años de servicios.
Al mismo tiempo, la cartera de Trabajo anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para regularizar las desvinculaciones por caso fortuito o fuerza mayor, por la cual se vieron afectadas más de nueve mil personas en las zonas afectadas por el terremoto.
En tanto, la Dirección del Trabajo informó que luego del dictamen emitido por la institución, se han realizado casi dos mil setecientas retractaciones de despidos por esta medida excepcional que contempla finiquitos sin derecho a indemnización.
La titular del ente fiscalizador, la abogada María Cecilia Sánchez, explicó que en la mayoría de los casos los empleadores verificaron los alcances del dictamen emitido por la Dirección del Trabajo luego del gran número de desvinculaciones que se habían producido en las regiones de El Maule y Bío Bío.
“Nosotros emitimos un dictamen que fue muy potente y dimos una idea de cuándo y cómo se podría aplicar la causal del artículo 159, número 6 y después de ello muchos se retractaron de la aplicación, otros no la aplicaron, otros llegaron a acuerdos a través de la conciliación y, por lo tanto, cada vez va bajando más la aplicación de la causal por fuerza mayor”, afirmó Sánchez.
El hecho más emblemático en la capital lo protagonizó la Clínica Providencia que despidió a 200 de sus trabajadores justificando que luego de los daños provocados por el terremoto debieron paralizar funciones. Este caso motivó el inicio de un juicio laboral ordinario contra la empresa.
A más de un mes de la instalación de la mesa que discutirá el reajuste del salario mínimo, el gobierno anunció la creación de una comisión técnica de expertos con el fin de alcanzar una cifra conciliadora de incremento remuneracional.
En el marco de este debate, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, aspira a elevar el actual sueldo mínimo de 165 mil pesos a 180 mil pesos, propuesta que evaluará la instancia técnica que se espera esté lista en mayo.
El subsecretario del Trabajo, Marcelo Soto, precisó que esta comisión no significará una innovación radical del modelo de negociación que han sostenido en los últimos veinte años la multisindical y los ministerios de Trabajo y Hacienda.
“Más que reemplaza le agrega valor previo a la discusión política. Un insumo técnico que esperamos que sea muy fundado que nos permita ver con claridad cuál es realmente la cifra que concilia los derechos laborales de los trabajadores con los equilibrios macroeconómicos de la economía del país”, indicó Soto.
El presidente de la CUT, Arturo Martínez, rechazó de manera categórica participar en la comisión de expertos que creará el Ejecutivo, enfatizando que la discusión de salario mínimo es un debate político y no técnico.
“Se trata de una mesa técnica en la que nosotros no tenemos porque ser convocados. Yo creo que la discusión del salario mínimo no es un tema técnico, sino que es un tema político laboral y que hay que abordarlo de esa manera. El gobierno tiene todo el derecho a poner las mesas que quiera que pierdan el tiempo como quieran, pero cuando discuta con nosotros vamos a exponer nuestros puntos de vista”, aseveró Martínez.
La autoridad laboral dijo, asimismo, que tiene contemplada la creación de una comisión de especialistas, similar a la instancia de Equidad y Trabajo que funcionó en el gobierno de Michelle Bachelet, para estudiar cambios al sistema de indemnizaciones por años de servicios.
Al mismo tiempo, la cartera de Trabajo anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para regularizar las desvinculaciones por caso fortuito o fuerza mayor, por la cual se vieron afectadas más de nueve mil personas en las zonas afectadas por el terremoto.
En tanto, la Dirección del Trabajo informó que luego del dictamen emitido por la institución, se han realizado casi dos mil setecientas retractaciones de despidos por esta medida excepcional que contempla finiquitos sin derecho a indemnización.
La titular del ente fiscalizador, la abogada María Cecilia Sánchez, explicó que en la mayoría de los casos los empleadores verificaron los alcances del dictamen emitido por la Dirección del Trabajo luego del gran número de desvinculaciones que se habían producido en las regiones de El Maule y Bío Bío.
“Nosotros emitimos un dictamen que fue muy potente y dimos una idea de cuándo y cómo se podría aplicar la causal del artículo 159, número 6 y después de ello muchos se retractaron de la aplicación, otros no la aplicaron, otros llegaron a acuerdos a través de la conciliación y, por lo tanto, cada vez va bajando más la aplicación de la causal por fuerza mayor”, afirmó Sánchez.
El hecho más emblemático en la capital lo protagonizó la Clínica Providencia que despidió a 200 de sus trabajadores justificando que luego de los daños provocados por el terremoto debieron paralizar funciones. Este caso motivó el inicio de un juicio laboral ordinario contra la empresa.
A más de un mes de la instalación de la mesa que discutirá el reajuste del salario mínimo, el gobierno anunció la creación de una comisión técnica de expertos con el fin de alcanzar una cifra conciliadora de incremento remuneracional.
En el marco de este debate, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, aspira a elevar el actual sueldo mínimo de 165 mil pesos a 180 mil pesos, propuesta que evaluará la instancia técnica que se espera esté lista en mayo.
El subsecretario del Trabajo, Marcelo Soto, precisó que esta comisión no significará una innovación radical del modelo de negociación que han sostenido en los últimos veinte años la multisindical y los ministerios de Trabajo y Hacienda.
“Más que reemplaza le agrega valor previo a la discusión política. Un insumo técnico que esperamos que sea muy fundado que nos permita ver con claridad cuál es realmente la cifra que concilia los derechos laborales de los trabajadores con los equilibrios macroeconómicos de la economía del país”, indicó Soto.
El presidente de la CUT, Arturo Martínez, rechazó de manera categórica participar en la comisión de expertos que creará el Ejecutivo, enfatizando que la discusión de salario mínimo es un debate político y no técnico.
“Se trata de una mesa técnica en la que nosotros no tenemos porque ser convocados. Yo creo que la discusión del salario mínimo no es un tema técnico, sino que es un tema político laboral y que hay que abordarlo de esa manera. El gobierno tiene todo el derecho a poner las mesas que quiera que pierdan el tiempo como quieran, pero cuando discuta con nosotros vamos a exponer nuestros puntos de vista”, aseveró Martínez.
La autoridad laboral dijo, asimismo, que tiene contemplada la creación de una comisión de especialistas, similar a la instancia de Equidad y Trabajo que funcionó en el gobierno de Michelle Bachelet, para estudiar cambios al sistema de indemnizaciones por años de servicios.
Al mismo tiempo, la cartera de Trabajo anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para regularizar las desvinculaciones por caso fortuito o fuerza mayor, por la cual se vieron afectadas más de nueve mil personas en las zonas afectadas por el terremoto.
En tanto, la Dirección del Trabajo informó que luego del dictamen emitido por la institución, se han realizado casi dos mil setecientas retractaciones de despidos por esta medida excepcional que contempla finiquitos sin derecho a indemnización.
La titular del ente fiscalizador, la abogada María Cecilia Sánchez, explicó que en la mayoría de los casos los empleadores verificaron los alcances del dictamen emitido por la Dirección del Trabajo luego del gran número de desvinculaciones que se habían producido en las regiones de El Maule y Bío Bío.
“Nosotros emitimos un dictamen que fue muy potente y dimos una idea de cuándo y cómo se podría aplicar la causal del artículo 159, número 6 y después de ello muchos se retractaron de la aplicación, otros no la aplicaron, otros llegaron a acuerdos a través de la conciliación y, por lo tanto, cada vez va bajando más la aplicación de la causal por fuerza mayor”, afirmó Sánchez.
El hecho más emblemático en la capital lo protagonizó la Clínica Providencia que despidió a 200 de sus trabajadores justificando que luego de los daños provocados por el terremoto debieron paralizar funciones. Este caso motivó el inicio de un juicio laboral ordinario contra la empresa.
