Este año, Reporteros Sin Fronteras presentó a los Depredadores de la Libertad  2010 y aclaró que “sólo una prensa libre los puede herir”. Entre los cuarenta  nombres denunciados por la ONG, se cuentan políticos, dirigentes de instituciones del Estado, jefes religiosos y organizaciones criminales que atacan directamente a los periodistas, que hacen de la prensa su enemigo preferido, su bestia negra.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra cada 3 de mayo desde 1993. En esa fecha, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por iniciativa de los países miembros de la Unesco, proclamó la conmemoración para  “fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”.

Este 2010, la directora general de la Unesco, Irina Bokova, manifestó que “cada vez son más los países del mundo entero que adoptan leyes para garantizar la libertad de información. Estas medidas facilitan la supervisión de la acción gubernamental y refuerzan la rendición de cuentas al público”.

Pero Irina Bokova agregó que muchos obstáculos se mantienen para cumplir con el derecho a saber. Entre ellos, la carencia de recursos, una infraestructura insuficiente y donde “las restricciones y el hostigamiento constituyen la norma, e incluso agresiones”  forman parte de la labor cotidiana de los periodistas.

Estos obstáculos se transforman en deudas para el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. “Se gravan los periódicos con impuestos tan altos que estos resultan demasiado caros para la población. Se retira el derecho a transmitir a las estaciones de radio y televisión independientes que critican la política oficial. La censura interviene también en el ciberespacio y restringe el uso de Internet y de los nuevos medios de difusión”, enumeró en una carta el secretario general de la ONU.

La prensa libre está siendo herida, y de muerte. Según RSF, desde principios de 2010, nueve periodistas fueron asesinados por haber ejercido su trabajo, entre ellos seis únicamente en Honduras, y unos 300 profesionales de la prensa y de Internet están presos.

Además, numerosas investigaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre asesinaros de periodistas siguen en procesos judiciales donde en su mayoría se mantienen impunes. En esa lista, cinco son casos argentinos,  tres en Bolivia, 24 en Brasil, 16 en Colombia, 19 en México, cinco en Paraguay, entre muchos otros. Estas muertes abarcan desde finales de los años setenta hasta el año 2008.

Incluso la misma  SIP emplazó al actual Presidente de Honduras, Porfirio Lobo, a considerar cinco recomendaciones concretas para la adopción de “nuevos instrumentos legales y jurídicos” que permitirían mejorar el combate ante la ola de crímenes contra los periodistas que se han sucedido desde el golpe de Estado en ese país.

Julio Muñoz, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa dijo que “la violencia se convierte en uno de mayores atentados ante la libertad de expresión”, y en este lamentable escenario algunos gobiernos traspasan sus “deseos de impedir el libre flujo de noticias por tratar de boicotear o negar el acceso del público a la información”.

Por su parte, la propia Unesco condenó el asesinato de 77 periodistas el año pasado y destacó que la mayoría de ellos perdieron la vida no en guerras ni realizando labores riesgosas sino mientras cubrían noticias locales.

El caso chileno

En la lista del proyecto Impunidad de la SIP, crímenes contra periodistas, Chile aparece con el caso de la muerte en dictadura del periodista José Carrasco Tapia en el año 1986. En los últimos años no hay registros de  pérdidas de vidas, pero sí una larga lista de denuncias sobre abuso de poder y criminalización.

Ya el  año pasado el Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras reconocía casos de  “muchas agresiones, en ocasiones violentas, de las fuerzas del orden a periodistas, por ejemplo en el transcurso de las manifestaciones que marcaron el comienzo de la presidencia de Michelle Bachelet, quien tuvo que intervenir personalmente condenándolas”.

Un ejemplo de la violencia contra los profesionales de la información, es el caso del reportero gráfico de la agencia EFE, Víctor Salas, quien fue golpeado con una fusta en su ojo por un carabinero en el Parque Italia de Valparaíso, durante las manifestaciones que se realizaron el 21 de mayo de 2008.

En el documento también se cuestionaba a la prensa chilena “por una excesiva concentración de medios, en manos de los dos principales grupos de comunicación, Copesa y El Mercurio”.

La detención de diversos comunicadores relacionados con la reivindicación mapuche ha copado también la agenda. Incluso, el Colegio de Periodistas mostró su preocupación por el “hostigamiento” que vienen realizando funcionarios del Estado y que incluyen allanamientos en  lugares de trabajo y domicilios, como fue el caso de Richard Curinao.

Un proceso emblemático en este sentido fue el que vivió la documentalista Elena Varela, quien fue apresada mientras realizaba una investigación sobre la realidad del pueblo mapuche, su material fue requisado y luego de dos años la justicia la dejó en libertad y sin cargos.

Queda mucho camino por recorrer para demostrar que no es factible seguir cifrando cada año numerosas muertes de periodistas ni amenazando o censurando la labor informativa porque un grupo  prefiere “dejarnos a oscuras”.