El sistema de Alta Dirección Pública constituye uno de los hitos fundamentales del proceso de modernización del Estado, el cual fue alcanzado en virtud de un acuerdo político entre el gobierno de Ricardo Lagos y la Alianza, en el año 2003.
Sin embargo, el mecanismo que fue creado para dotar de transparencia y profesionalismo al reclutamiento de personal en la administración pública ha sido cuestionado en las últimas semanas, luego que el gobierno de Sebastián Piñera pidiera la renuncia a la plana superior del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) y al director nacional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), quienes fueron elegidos por concurso público.
Esta situación fue abordada este miércoles en una sesión especial del Senado convocada por legisladores de la Concertación.
A juicio de los parlamentarios opositores, la exoneración de directores de servicios públicos lo único que demuestra es que el Ejecutivo está optando por el cuoteo político, yendo en contra de los objetivos primordiales del sistema.
Durante el debate de la sesión, el senador PS Camilo Escalona se dio el tiempo de criticar la política de recursos humanos que ha aplicado la autoridad gubernamental en sus primeros dos meses de gestión.
“El cuarenta por ciento de los jefes de servicio han presentado su denuncia, no el siete. Respecto al segundo nivel jerárquico no hay información disponible del servicio civil, de manera que no se presenten datos que no son. Además, un ministro muy respetable de este gobierno ha informado que ha solicitado la renuncia de 150 funcionarios, el ministro Lavín en Educación”, afirmó Escalona.
La reacción inmediata vino por parte del senador UDI Pablo Longueira, quien cuestionó el uso político que dio la Concertación al mecanismo de reclutamiento de personal en el sector fiscal.
“Si hay algo que ha quedado claro y que creo que era impensado en Chile, que después de veinte años de un gobierno se solicite la renuncia, hasta este momento, a al siete por ciento de las personas que están en cargos de la Alta Dirección Pública. Después que ustedes usaron y abusaron de la ADP, la politizaron, adecuaron los requisitos para ir poniendo los operados políticos que aquí ha quedado claro y evidente”, denunció Escalona.
En medio de esta discusión, el gobierno ha planteado una reestructuración del sistema. En ese sentido, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, sostuvo que el proyecto que se envió a la Cámara de Diputados propone una profundización de los principios de transparencia del Consejo de Alta Dirección Pública.
“No necesariamente con la misma institucionalidad que tiene hoy, sino con los principios: velar porque no haya cuoteo político, sino que los funcionarios públicos que se intrigan a este servicio sean personas que cumplan los requisitos técnicos y profesionales que se requieren para darle un mejor servicio a cada uno de los chilenos”, indicó Larroulet.
En tanto, el consejero de Alta Dirección Pública, Mario Waissbluth, si bien destacó las virtudes del sistema, respaldó la moción presentada por legisladores de la Alianza y de la oposición para modificar las atribuciones del Consejo respecto de la política de despidos.
“Debiéramos avanzar hacia un sistema legislativo en que la remoción, como ocurre en otros países de la OCD, de un directivo publico pueda seguir siendo potestad del poder Ejecutivo, pero con informes al sistema de ADP, que no sea un acto unilateral sino cl consejo pueda conocer las L
En tanto, la iniciativa que envió el ministerio de Secretaría General de la Presidencia al Congreso intenta extender el proceso de selección de personal en la administración pública a los gobiernos regionales y a los municipios bajo un nuevo estándar de transparencia.
El sistema de Alta Dirección Pública constituye uno de los hitos fundamentales del proceso de modernización del Estado, el cual fue alcanzado en virtud de un acuerdo político entre el gobierno de Ricardo Lagos y la Alianza, en el año 2003.
Sin embargo, el mecanismo que fue creado para dotar de transparencia y profesionalismo al reclutamiento de personal en la administración pública ha sido cuestionado en las últimas semanas, luego que el gobierno de Sebastián Piñera pidiera la renuncia a la plana superior del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) y al director nacional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), quienes fueron elegidos por concurso público.
Esta situación fue abordada este miércoles en una sesión especial del Senado convocada por legisladores de la Concertación.
A juicio de los parlamentarios opositores, la exoneración de directores de servicios públicos lo único que demuestra es que el Ejecutivo está optando por el cuoteo político, yendo en contra de los objetivos primordiales del sistema.
Durante el debate de la sesión, el senador PS Camilo Escalona se dio el tiempo de criticar la política de recursos humanos que ha aplicado la autoridad gubernamental en sus primeros dos meses de gestión.
“El cuarenta por ciento de los jefes de servicio han presentado su denuncia, no el siete. Respecto al segundo nivel jerárquico no hay información disponible del servicio civil, de manera que no se presenten datos que no son. Además, un ministro muy respetable de este gobierno ha informado que ha solicitado la renuncia de 150 funcionarios, el ministro Lavín en Educación”, afirmó Escalona.
La reacción inmediata vino por parte del senador UDI Pablo Longueira, quien cuestionó el uso político que dio la Concertación al mecanismo de reclutamiento de personal en el sector fiscal.
“Si hay algo que ha quedado claro y que creo que era impensado en Chile, que después de veinte años de un gobierno se solicite la renuncia, hasta este momento, a al siete por ciento de las personas que están en cargos de la Alta Dirección Pública. Después que ustedes usaron y abusaron de la ADP, la politizaron, adecuaron los requisitos para ir poniendo los operados políticos que aquí ha quedado claro y evidente”, denunció Escalona.
En medio de esta discusión, el gobierno ha planteado una reestructuración del sistema. En ese sentido, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, sostuvo que el proyecto que se envió a la Cámara de Diputados propone una profundización de los principios de transparencia del Consejo de Alta Dirección Pública.
“No necesariamente con la misma institucionalidad que tiene hoy, sino con los principios: velar porque no haya cuoteo político, sino que los funcionarios públicos que se intrigan a este servicio sean personas que cumplan los requisitos técnicos y profesionales que se requieren para darle un mejor servicio a cada uno de los chilenos”, indicó Larroulet.
En tanto, el consejero de Alta Dirección Pública, Mario Waissbluth, si bien destacó las virtudes del sistema, respaldó la moción presentada por legisladores de la Alianza y de la oposición para modificar las atribuciones del Consejo respecto de la política de despidos.
“Debiéramos avanzar hacia un sistema legislativo en que la remoción, como ocurre en otros países de la OCD, de un directivo publico pueda seguir siendo potestad del poder Ejecutivo, pero con informes al sistema de ADP, que no sea un acto unilateral sino cl consejo pueda conocer las L
En tanto, la iniciativa que envió el ministerio de Secretaría General de la Presidencia al Congreso intenta extender el proceso de selección de personal en la administración pública a los gobiernos regionales y a los municipios bajo un nuevo estándar de transparencia.
El sistema de Alta Dirección Pública constituye uno de los hitos fundamentales del proceso de modernización del Estado, el cual fue alcanzado en virtud de un acuerdo político entre el gobierno de Ricardo Lagos y la Alianza, en el año 2003.
Sin embargo, el mecanismo que fue creado para dotar de transparencia y profesionalismo al reclutamiento de personal en la administración pública ha sido cuestionado en las últimas semanas, luego que el gobierno de Sebastián Piñera pidiera la renuncia a la plana superior del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) y al director nacional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), quienes fueron elegidos por concurso público.
Esta situación fue abordada este miércoles en una sesión especial del Senado convocada por legisladores de la Concertación.
A juicio de los parlamentarios opositores, la exoneración de directores de servicios públicos lo único que demuestra es que el Ejecutivo está optando por el cuoteo político, yendo en contra de los objetivos primordiales del sistema.
Durante el debate de la sesión, el senador PS Camilo Escalona se dio el tiempo de criticar la política de recursos humanos que ha aplicado la autoridad gubernamental en sus primeros dos meses de gestión.
“El cuarenta por ciento de los jefes de servicio han presentado su denuncia, no el siete. Respecto al segundo nivel jerárquico no hay información disponible del servicio civil, de manera que no se presenten datos que no son. Además, un ministro muy respetable de este gobierno ha informado que ha solicitado la renuncia de 150 funcionarios, el ministro Lavín en Educación”, afirmó Escalona.
La reacción inmediata vino por parte del senador UDI Pablo Longueira, quien cuestionó el uso político que dio la Concertación al mecanismo de reclutamiento de personal en el sector fiscal.
“Si hay algo que ha quedado claro y que creo que era impensado en Chile, que después de veinte años de un gobierno se solicite la renuncia, hasta este momento, a al siete por ciento de las personas que están en cargos de la Alta Dirección Pública. Después que ustedes usaron y abusaron de la ADP, la politizaron, adecuaron los requisitos para ir poniendo los operados políticos que aquí ha quedado claro y evidente”, denunció Escalona.
En medio de esta discusión, el gobierno ha planteado una reestructuración del sistema. En ese sentido, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, sostuvo que el proyecto que se envió a la Cámara de Diputados propone una profundización de los principios de transparencia del Consejo de Alta Dirección Pública.
“No necesariamente con la misma institucionalidad que tiene hoy, sino con los principios: velar porque no haya cuoteo político, sino que los funcionarios públicos que se intrigan a este servicio sean personas que cumplan los requisitos técnicos y profesionales que se requieren para darle un mejor servicio a cada uno de los chilenos”, indicó Larroulet.
En tanto, el consejero de Alta Dirección Pública, Mario Waissbluth, si bien destacó las virtudes del sistema, respaldó la moción presentada por legisladores de la Alianza y de la oposición para modificar las atribuciones del Consejo respecto de la política de despidos.
“Debiéramos avanzar hacia un sistema legislativo en que la remoción, como ocurre en otros países de la OCD, de un directivo publico pueda seguir siendo potestad del poder Ejecutivo, pero con informes al sistema de ADP, que no sea un acto unilateral sino cl consejo pueda conocer las L
En tanto, la iniciativa que envió el ministerio de Secretaría General de la Presidencia al Congreso intenta extender el proceso de selección de personal en la administración pública a los gobiernos regionales y a los municipios bajo un nuevo estándar de transparencia.
