La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los distintos de sindicatos de empresas sanitarias, organizaciones de iglesias, indígenas y ambientalistas, rechazaron de manera categórica la decisión que ha tomado el gobierno de vender la participación del Estado en las empresas sanitarias.
Consideran que el anuncio de deshacerse de las acciones que CORFO posee en Aguas Andinas, Esval, Essbio y Esal, atenta contra los intereses de todos los chilenos y afecta el derecho al agua y el libre acceso a ella.
“Se está justificando vender las acciones de las empresas de agua potable para resolver el tema de la catástrofe e iniciar la reconstrucción, pero no han sido capaces de informar a la ciudadanía cómo se han gastado las platas que se han recibido desde afuera y cómo se ha gastado el dinero que las personas donaron en el proceso de la Teletón. El gobierno comete un error al tratar de vender las acciones que el Estado tiene en las sanitarias y entregarle la poca agua que va a quedar a los privados para que especulen como lo han hecho hasta ahora. El agua es un bien público que debe ser administrado por el Estado y no por los privados”, señaló el presidente de la CUT, Arturo Martínez.
La autoridad ha declarado que la venta de las acciones reportará mil 300 millones de dólares, es decir, un 13 por ciento de los diez mil millones que requiere el plan de reconstrucción.
Sin embargo, la suma del ingreso de las cuatro empresas fue de 63 mil 600 millones de pesos el 2009, dato ante el que las organizaciones se preguntan ¿por qué el Estado no invierte ese capital en la reconstrucción en lugar de venderlas?
La ecologista Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, advirtió que aquí se está ocupando la misma estructura de las privatizaciones en la dictadura. Esta fórmula consiste en privatizar primero las empresas de mayor envergadura, privatización que luego se expande hasta las empresas más pequeñas.
Teresa Sarmiento, representante de Agua Potable Rural, advirtió que esta ola privatizadora podría llegar incluso a las empresas que suministran el vital elemento en zonas no urbanas de regiones.
“Si esto llega a pasar se abre una puerta para que los APR también sean privatizados, nosotros somos vulnerables, somos pequeñas organizaciones, pero que entregamos agua de buena calidad, damos un buen servicio y estamos en contacto con la comunidad. Tenemos que defender lo que es de Chile para los chilenos. Nunca se tendría que haber privatizado el agua y los APR los vamos a defender hasta dar la vida por ellos”, señaló la dirigente.
Distintos grupos sociales, desde el mundo indígena hasta el religioso, manifestaron también su apoyo a la defensa del agua, elemento que, recordemos, en la actualidad está en manos principalmente de la empresa española Endesa.
“Sentimos que éste propuesta del gobierno es un disparo a la democracia y a la soberanía porque las aguas no son un elemento más, sino que son un elemento esencial para la vida humana, por eso lo proclamamos como un derecho humano, un bien nacional de uso público y si es que continúa este afán privatizador y, por lo tanto, mercantil con las aguas se está comerciando con un pueblo, con personas, especialmente las más desprotegidas”, subrayó Luis Infanti del Vicariato Apostólico de Aysén.
Los dirigentes hicieron un llamado al gobierno a tomar conciencia del riesgo que implica privatizar las empresas cuando ya es sabido que el futuro estará marcado por una gran escasez de agua y llamaron a la ciudadanía a organizarse para defender este vital elemento.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los distintos de sindicatos de empresas sanitarias, organizaciones de iglesias, indígenas y ambientalistas, rechazaron de manera categórica la decisión que ha tomado el gobierno de vender la participación del Estado en las empresas sanitarias.
Consideran que el anuncio de deshacerse de las acciones que CORFO posee en Aguas Andinas, Esval, Essbio y Esal, atenta contra los intereses de todos los chilenos y afecta el derecho al agua y el libre acceso a ella.
“Se está justificando vender las acciones de las empresas de agua potable para resolver el tema de la catástrofe e iniciar la reconstrucción, pero no han sido capaces de informar a la ciudadanía cómo se han gastado las platas que se han recibido desde afuera y cómo se ha gastado el dinero que las personas donaron en el proceso de la Teletón. El gobierno comete un error al tratar de vender las acciones que el Estado tiene en las sanitarias y entregarle la poca agua que va a quedar a los privados para que especulen como lo han hecho hasta ahora. El agua es un bien público que debe ser administrado por el Estado y no por los privados”, señaló el presidente de la CUT, Arturo Martínez.
La autoridad ha declarado que la venta de las acciones reportará mil 300 millones de dólares, es decir, un 13 por ciento de los diez mil millones que requiere el plan de reconstrucción.
Sin embargo, la suma del ingreso de las cuatro empresas fue de 63 mil 600 millones de pesos el 2009, dato ante el que las organizaciones se preguntan ¿por qué el Estado no invierte ese capital en la reconstrucción en lugar de venderlas?
La ecologista Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, advirtió que aquí se está ocupando la misma estructura de las privatizaciones en la dictadura. Esta fórmula consiste en privatizar primero las empresas de mayor envergadura, privatización que luego se expande hasta las empresas más pequeñas.
Teresa Sarmiento, representante de Agua Potable Rural, advirtió que esta ola privatizadora podría llegar incluso a las empresas que suministran el vital elemento en zonas no urbanas de regiones.
“Si esto llega a pasar se abre una puerta para que los APR también sean privatizados, nosotros somos vulnerables, somos pequeñas organizaciones, pero que entregamos agua de buena calidad, damos un buen servicio y estamos en contacto con la comunidad. Tenemos que defender lo que es de Chile para los chilenos. Nunca se tendría que haber privatizado el agua y los APR los vamos a defender hasta dar la vida por ellos”, señaló la dirigente.
Distintos grupos sociales, desde el mundo indígena hasta el religioso, manifestaron también su apoyo a la defensa del agua, elemento que, recordemos, en la actualidad está en manos principalmente de la empresa española Endesa.
“Sentimos que éste propuesta del gobierno es un disparo a la democracia y a la soberanía porque las aguas no son un elemento más, sino que son un elemento esencial para la vida humana, por eso lo proclamamos como un derecho humano, un bien nacional de uso público y si es que continúa este afán privatizador y, por lo tanto, mercantil con las aguas se está comerciando con un pueblo, con personas, especialmente las más desprotegidas”, subrayó Luis Infanti del Vicariato Apostólico de Aysén.
Los dirigentes hicieron un llamado al gobierno a tomar conciencia del riesgo que implica privatizar las empresas cuando ya es sabido que el futuro estará marcado por una gran escasez de agua y llamaron a la ciudadanía a organizarse para defender este vital elemento.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los distintos de sindicatos de empresas sanitarias, organizaciones de iglesias, indígenas y ambientalistas, rechazaron de manera categórica la decisión que ha tomado el gobierno de vender la participación del Estado en las empresas sanitarias.
Consideran que el anuncio de deshacerse de las acciones que CORFO posee en Aguas Andinas, Esval, Essbio y Esal, atenta contra los intereses de todos los chilenos y afecta el derecho al agua y el libre acceso a ella.
“Se está justificando vender las acciones de las empresas de agua potable para resolver el tema de la catástrofe e iniciar la reconstrucción, pero no han sido capaces de informar a la ciudadanía cómo se han gastado las platas que se han recibido desde afuera y cómo se ha gastado el dinero que las personas donaron en el proceso de la Teletón. El gobierno comete un error al tratar de vender las acciones que el Estado tiene en las sanitarias y entregarle la poca agua que va a quedar a los privados para que especulen como lo han hecho hasta ahora. El agua es un bien público que debe ser administrado por el Estado y no por los privados”, señaló el presidente de la CUT, Arturo Martínez.
La autoridad ha declarado que la venta de las acciones reportará mil 300 millones de dólares, es decir, un 13 por ciento de los diez mil millones que requiere el plan de reconstrucción.
Sin embargo, la suma del ingreso de las cuatro empresas fue de 63 mil 600 millones de pesos el 2009, dato ante el que las organizaciones se preguntan ¿por qué el Estado no invierte ese capital en la reconstrucción en lugar de venderlas?
La ecologista Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, advirtió que aquí se está ocupando la misma estructura de las privatizaciones en la dictadura. Esta fórmula consiste en privatizar primero las empresas de mayor envergadura, privatización que luego se expande hasta las empresas más pequeñas.
Teresa Sarmiento, representante de Agua Potable Rural, advirtió que esta ola privatizadora podría llegar incluso a las empresas que suministran el vital elemento en zonas no urbanas de regiones.
“Si esto llega a pasar se abre una puerta para que los APR también sean privatizados, nosotros somos vulnerables, somos pequeñas organizaciones, pero que entregamos agua de buena calidad, damos un buen servicio y estamos en contacto con la comunidad. Tenemos que defender lo que es de Chile para los chilenos. Nunca se tendría que haber privatizado el agua y los APR los vamos a defender hasta dar la vida por ellos”, señaló la dirigente.
Distintos grupos sociales, desde el mundo indígena hasta el religioso, manifestaron también su apoyo a la defensa del agua, elemento que, recordemos, en la actualidad está en manos principalmente de la empresa española Endesa.
“Sentimos que éste propuesta del gobierno es un disparo a la democracia y a la soberanía porque las aguas no son un elemento más, sino que son un elemento esencial para la vida humana, por eso lo proclamamos como un derecho humano, un bien nacional de uso público y si es que continúa este afán privatizador y, por lo tanto, mercantil con las aguas se está comerciando con un pueblo, con personas, especialmente las más desprotegidas”, subrayó Luis Infanti del Vicariato Apostólico de Aysén.
Los dirigentes hicieron un llamado al gobierno a tomar conciencia del riesgo que implica privatizar las empresas cuando ya es sabido que el futuro estará marcado por una gran escasez de agua y llamaron a la ciudadanía a organizarse para defender este vital elemento.
