La llegada de un nuevo Gobierno develó varios problemas en la administración del Estado, entre ellos, las falencias en el sistema de Alta Dirección pública.
Una crisis que detonó luego que el Gobierno decidiera solicitar la renuncia de varios funcionarios porque no congeniaban con sus colores políticos, a pesar de haber sido elegidos por concurso para ejercer su cargo.
De ahí que comienzó una ofensiva desde el Parlamento para mejorar el Sistema de Alta Dirección Pública. Un grupo de senadores de todas las colectividades se reunió con el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, para proponer un mecanismo que asegure máxima independencia posible del servicio civil y, a la vez, garantizar que los elegidos se mantengan en sus puestos, a pesar del gobierno de turno.
La reforma presentada por los legisladores pretende separar la función de diseño de políticas públicas de la ejecución de la misma, siendo esta última una tarea propia del alto directivo público.
Según el senador DC Ignacio Walker, en la actualidad se mezclan ambas funciones y, por tanto, se hace difícil la demanda por neutralidad política. Por eso, propone establecer convenios de desempeño para, desde allí, tener parámetros de evaluación.
“Que se amplíe el sistema de selección hacia esta profesionalización, disminuyendo la discrecionalidad, la confianza política y que ojalá tienda a la mayor neutralidad política como ocurre en los países más desarrollados. Que se pase al concepto de convenios de desempeño para que la ADP pueda asesorar a los ministros de cualquier gobierno con el objetivo de fijar metas muy precisas, con el objetivo de evaluar la labor de los altos directivos”, precisó Walker.
El sistema de Alta Dirección Pública se creó en 2003, en medio de la crisis que se detonó en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar con el denominado “caso coimas” y de un bullado acuerdo político entre la Concertación y la Alianza por Chile, para modernizar la administración del Estado.
Quien fuera el principal gestor de ese acuerdo, el senador UDI, Pablo Longueira, destacó la intención de todos los sectores políticos para avanzar en el mejoramiento de un organismo que, con el cambio de administración, quedó en entredicho.
“Es legítimo que la Concertación tenga reclamos porque hay gente que ganó por la Alta Dirección Pública que se le está solicitando la renuncia y personas de nuestro sector que sostienen que hay muchos que siguen en el Gobierno porque fue elegido por el mismo mecanismo. Hay que ver siempre las dos caras de la medalla. Creo que en términos generales el país ha tenido un avance enorme. Me alegro que nos hayamos podido reunir para dar un segundo salto hacia la modernización para que no sea botín de los partidos políticos y de coaliciones, sino que los mejores profesionales al servicio de Chile”, manifestó el parlamentario.
En tanto, el senador PPD Ricardo Lagos Weber afirmó que existen varios funcionarios despedidos que perfectamente podían ejercer sus funciones en el actual gobierno, pero que las distorsiones del actual sistema lo impidieron. De allí afirma que es urgente un cambio en el mecanismo.
“Hay muchos servicios en Chile que los funcionarios públicos podrían cumplir a cabalidad al margen de cuál sea su opción política. Para eso la Alta Dirección Pública fue un paso adelante, permitió tener gente de buen nivel, pero todavía queda la posibilidad legal de que se pueda pedir la renuncia y lo que estamos planteando es que en ciertas áreas debe ser irrelevante el color político para llevar a cabo lo que los chilenos requieren, pero sí la capacidad y el desempeño. Para eso se necesitan los convenios. Si no cumples tus metas se te pide la renuncia, no por tu color político”, explicó Lagos Weber.
Ahora comienza un trabajo en conjunto con el gobierno, en el que por el momento no existen plazos pero sí criterios de celeridad. Reuniones entre el Ejecutivo y los senadores de todos los partidos para generar modificaciones en la Alta Dirección Pública y aminorar el factor político en la elección de funcionarios públicos.
La llegada de un nuevo Gobierno develó varios problemas en la administración del Estado, entre ellos, las falencias en el sistema de Alta Dirección pública.
Una crisis que detonó luego que el Gobierno decidiera solicitar la renuncia de varios funcionarios porque no congeniaban con sus colores políticos, a pesar de haber sido elegidos por concurso para ejercer su cargo.
De ahí que comienzó una ofensiva desde el Parlamento para mejorar el Sistema de Alta Dirección Pública. Un grupo de senadores de todas las colectividades se reunió con el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, para proponer un mecanismo que asegure máxima independencia posible del servicio civil y, a la vez, garantizar que los elegidos se mantengan en sus puestos, a pesar del gobierno de turno.
La reforma presentada por los legisladores pretende separar la función de diseño de políticas públicas de la ejecución de la misma, siendo esta última una tarea propia del alto directivo público.
Según el senador DC Ignacio Walker, en la actualidad se mezclan ambas funciones y, por tanto, se hace difícil la demanda por neutralidad política. Por eso, propone establecer convenios de desempeño para, desde allí, tener parámetros de evaluación.
“Que se amplíe el sistema de selección hacia esta profesionalización, disminuyendo la discrecionalidad, la confianza política y que ojalá tienda a la mayor neutralidad política como ocurre en los países más desarrollados. Que se pase al concepto de convenios de desempeño para que la ADP pueda asesorar a los ministros de cualquier gobierno con el objetivo de fijar metas muy precisas, con el objetivo de evaluar la labor de los altos directivos”, precisó Walker.
El sistema de Alta Dirección Pública se creó en 2003, en medio de la crisis que se detonó en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar con el denominado “caso coimas” y de un bullado acuerdo político entre la Concertación y la Alianza por Chile, para modernizar la administración del Estado.
Quien fuera el principal gestor de ese acuerdo, el senador UDI, Pablo Longueira, destacó la intención de todos los sectores políticos para avanzar en el mejoramiento de un organismo que, con el cambio de administración, quedó en entredicho.
“Es legítimo que la Concertación tenga reclamos porque hay gente que ganó por la Alta Dirección Pública que se le está solicitando la renuncia y personas de nuestro sector que sostienen que hay muchos que siguen en el Gobierno porque fue elegido por el mismo mecanismo. Hay que ver siempre las dos caras de la medalla. Creo que en términos generales el país ha tenido un avance enorme. Me alegro que nos hayamos podido reunir para dar un segundo salto hacia la modernización para que no sea botín de los partidos políticos y de coaliciones, sino que los mejores profesionales al servicio de Chile”, manifestó el parlamentario.
En tanto, el senador PPD Ricardo Lagos Weber afirmó que existen varios funcionarios despedidos que perfectamente podían ejercer sus funciones en el actual gobierno, pero que las distorsiones del actual sistema lo impidieron. De allí afirma que es urgente un cambio en el mecanismo.
“Hay muchos servicios en Chile que los funcionarios públicos podrían cumplir a cabalidad al margen de cuál sea su opción política. Para eso la Alta Dirección Pública fue un paso adelante, permitió tener gente de buen nivel, pero todavía queda la posibilidad legal de que se pueda pedir la renuncia y lo que estamos planteando es que en ciertas áreas debe ser irrelevante el color político para llevar a cabo lo que los chilenos requieren, pero sí la capacidad y el desempeño. Para eso se necesitan los convenios. Si no cumples tus metas se te pide la renuncia, no por tu color político”, explicó Lagos Weber.
Ahora comienza un trabajo en conjunto con el gobierno, en el que por el momento no existen plazos pero sí criterios de celeridad. Reuniones entre el Ejecutivo y los senadores de todos los partidos para generar modificaciones en la Alta Dirección Pública y aminorar el factor político en la elección de funcionarios públicos.
La llegada de un nuevo Gobierno develó varios problemas en la administración del Estado, entre ellos, las falencias en el sistema de Alta Dirección pública.
Una crisis que detonó luego que el Gobierno decidiera solicitar la renuncia de varios funcionarios porque no congeniaban con sus colores políticos, a pesar de haber sido elegidos por concurso para ejercer su cargo.
De ahí que comienzó una ofensiva desde el Parlamento para mejorar el Sistema de Alta Dirección Pública. Un grupo de senadores de todas las colectividades se reunió con el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, para proponer un mecanismo que asegure máxima independencia posible del servicio civil y, a la vez, garantizar que los elegidos se mantengan en sus puestos, a pesar del gobierno de turno.
La reforma presentada por los legisladores pretende separar la función de diseño de políticas públicas de la ejecución de la misma, siendo esta última una tarea propia del alto directivo público.
Según el senador DC Ignacio Walker, en la actualidad se mezclan ambas funciones y, por tanto, se hace difícil la demanda por neutralidad política. Por eso, propone establecer convenios de desempeño para, desde allí, tener parámetros de evaluación.
“Que se amplíe el sistema de selección hacia esta profesionalización, disminuyendo la discrecionalidad, la confianza política y que ojalá tienda a la mayor neutralidad política como ocurre en los países más desarrollados. Que se pase al concepto de convenios de desempeño para que la ADP pueda asesorar a los ministros de cualquier gobierno con el objetivo de fijar metas muy precisas, con el objetivo de evaluar la labor de los altos directivos”, precisó Walker.
El sistema de Alta Dirección Pública se creó en 2003, en medio de la crisis que se detonó en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar con el denominado “caso coimas” y de un bullado acuerdo político entre la Concertación y la Alianza por Chile, para modernizar la administración del Estado.
Quien fuera el principal gestor de ese acuerdo, el senador UDI, Pablo Longueira, destacó la intención de todos los sectores políticos para avanzar en el mejoramiento de un organismo que, con el cambio de administración, quedó en entredicho.
“Es legítimo que la Concertación tenga reclamos porque hay gente que ganó por la Alta Dirección Pública que se le está solicitando la renuncia y personas de nuestro sector que sostienen que hay muchos que siguen en el Gobierno porque fue elegido por el mismo mecanismo. Hay que ver siempre las dos caras de la medalla. Creo que en términos generales el país ha tenido un avance enorme. Me alegro que nos hayamos podido reunir para dar un segundo salto hacia la modernización para que no sea botín de los partidos políticos y de coaliciones, sino que los mejores profesionales al servicio de Chile”, manifestó el parlamentario.
En tanto, el senador PPD Ricardo Lagos Weber afirmó que existen varios funcionarios despedidos que perfectamente podían ejercer sus funciones en el actual gobierno, pero que las distorsiones del actual sistema lo impidieron. De allí afirma que es urgente un cambio en el mecanismo.
“Hay muchos servicios en Chile que los funcionarios públicos podrían cumplir a cabalidad al margen de cuál sea su opción política. Para eso la Alta Dirección Pública fue un paso adelante, permitió tener gente de buen nivel, pero todavía queda la posibilidad legal de que se pueda pedir la renuncia y lo que estamos planteando es que en ciertas áreas debe ser irrelevante el color político para llevar a cabo lo que los chilenos requieren, pero sí la capacidad y el desempeño. Para eso se necesitan los convenios. Si no cumples tus metas se te pide la renuncia, no por tu color político”, explicó Lagos Weber.
Ahora comienza un trabajo en conjunto con el gobierno, en el que por el momento no existen plazos pero sí criterios de celeridad. Reuniones entre el Ejecutivo y los senadores de todos los partidos para generar modificaciones en la Alta Dirección Pública y aminorar el factor político en la elección de funcionarios públicos.
