Tal como hace veinte años, cuando Chile retornó a la democracia, el discurso presidencial del pasado 21 de mayo mantuvo expectantes a todos los sectores políticos de la ciudadanía, desde la derecha más extrema del oficialismo hasta la izquierda más radical de la oposición.

Y no porque estemos en presencia de un cambio de régimen político (no al menos desde una óptica formal), sino porque desde 1964 que no se presentaba ante el Congreso pleno un Presidente de derecha elegido democráticamente.

Entre todos los anuncios que el gobierno hizo en materia de acceso a la educación, mejoramiento de las condiciones de salud, reformas políticas democráticas, reconstrucción tras el terremoto, indemnidad del matrimonio a cambio de un bono, etc., un tema que me llamó particularmente la atención fue el de la “batalla contra la delincuencia”. Aquí, junto con proclamar un incremento de la dotación policial en diez mil carabineros y mil detectives, sumado al registro nacional de condenados, anunció también la creación de una “defensoría” para las víctimas de delitos, vale decir, un organismo estatal encargado de nombrarle a éstas un abogado querellante que represente sus intereses.

Claro, si el Estado, a través de una Defensoría Penal Pública, les designa un abogado defensor a aquellos “delincuentes” que no disponen de capital suficiente para contratar a uno de su confianza, no es posible que las víctimas de escasos recursos permanezcan indefensas. ¿Cómo es posible que el Estado se ponga al servicio de la delincuencia y desproteja a quienes diariamente son objeto de los más infames delitos?
Sin embargo, tal como lo señala Carlos Peña en su columna dominical de “El Mercurio”, es un error sostener que el Estado se pone del lado de la delincuencia por el hecho de financiar la defensa de los imputados. Lo que hace la administración estatal es costear el funcionamiento de la justicia, que incluye tanto a los tribunales que juzgan a los “delincuentes” como a los fiscales que los investigan, y no solamente a los abogados que los defienden.

Porque una de las garantías básicas del Estado democrático constitucional es, precisamente, el derecho a un juicio justo, que consiste no sólo en garantizar el derecho a ser juzgado por un juez natural, independiente e imparcial dentro de un marco de reglas transparentes, sino también el derecho a una defensa jurídica. Garantía que la Constitución y las leyes, tanto nacionales como internacionales, reconocen a toda persona que pueda ser encausada como partícipe de un delito, y no sólo a quien efectivamente lo cometió.

En este sentido, el derecho a la defensa en un proceso penal es una garantía del ciudadano frente al Estado, que por tener el monopolio de la fuerza socialmente organizada, tiene la facultad exclusiva de aplicar sanciones. Por lo tanto, como bien dice Peña, lo que hace el poder estatal es simplemente legitimar el castigo y ponerse del lado de la ley.

Sostener que el financiamiento estatal para la defensa legal de los imputados es poner al Estado al servicio de los “delincuentes”, significa no entender, e incluso desdeñar, una garantía que asiste a todos los ciudadanos en una sociedad democrática y que nació en el seno de la misma tradición política liberal con que este gobierno declara sentirse identificado. Cuestión que nos muestra que para el conservadurismo democrático pro capitalista (malamente llamado “neoliberalismo”), la democracia y los derechos fundamentales no son más que un corolario de los derechos de propiedad y de libre empresa que conforman el eje central de su ideología reduccionista.

Eduardo Saavedra Díaz es abogado y alumno de magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Talca. Dimplomado en Reforma Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica de Chile.