Los conflictos de intereses han sido una piedra en el zapato del Presidente Sebastián Piñera desde antes que asumiera su cargo. El fallido traspaso de Chilevisión puso una vez más sobre el tapete el hecho que, como máxima autoridad del país, debe legislar o pronunciarse en materias que podrían beneficiar directamente a las empresas que posee.
Por lo mismo, y anticipándose a la polémica que podría generar el retraso de su desvinculación del canal de televisión, este martes el Mandatario envió a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados una serie de indicaciones sustitutivas para apurar la aprobación del proyecto de Fideicomiso Ciego enviado por la administración anterior.
“Hemos enviado un proyecto de ley al Congreso para establecer un sistema más transparente de declaración de patrimonio e intereses de las autoridades y para establecer el fideicomiso ciego. Este proyecto apunta a garantizar la regla de oro de la democracia: que todos los servidores públicos siempre y en toda ocasión privilegien el interés público por sobre el interés privado y el bien común por sobre el bien particular”, dijo Piñera.
Según explicó el subsecretario de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado, los principales cambios que se introducen tienen que ver con definir claramente qué clase de autoridades tienen que desprenderse de su patrimonio cuando asuman cargos públicos; establecer para un segundo grupo de autoridades, como los subsecretarios, ciertas condiciones en las cuales deben entregar en administración su cartera de valores y designa a las instituciones validadas para administrar el fideicomiso.
Sin embargo, una de las mayores novedades que consagra la iniciativa es la obligación explícita de que el Presidente debe desprenderse de la propiedad de empresas que exploten la concesión de un canal de televisión.
“Se trata de dejar claramente establecido y con precisión la solución a los problemas de conflictos de intereses. Este proyecto es la culminación de un proceso que durante los gobiernos de la Concertación tardó más de la cuenta y que esta administración pretende zanjar de forma definitiva”, sostuvo Alvarado.
De esta forma, el Presidente de la República, Contralor, Diputados, Senadores y otras autoridades de primer nivel como los subsecretarios deberán traspasar la administración de sus bienes a terceros cuando las funciones propias de sus cargos tengan relación directa o indirecta con empresas que sean sujetas de fiscalización, tal como LAN o Chilevisión.
Las indicaciones buscan además especificar los activos a los que se aplica, definiendo qué tipo de patrimonio es el que genera conflicto de interés. En este sentido, el foco no es el monto, sino los intereses que afecta.
El texto también elimina el monto tope que establecía la obligatoriedad del fideicomiso a las autoridades que registraran un patrimonio mayor a las
470.000 UF. Este cambio ya se había aplicado a través de una indicación enviada por el Gobierno anterior en enero pasado.
Para el director ejecutivo de ProAcceso, Moisés Sánchez, todos los avances que se hagan en este sentido son positivos, sin embargo, subrayó que se podría utilizar esta oportunidad para delimitar mejor ciertos aspectos que aún no están claros en la legislación chilena y que tienen que ver, por ejemplo, con el traspaso de bienes a cónyuges. La normativa sólo obliga a trasparentar la información en caso de uniones de sociedad coyungal y no así aquellas con separación de bienes, subterfugio que se utiliza generalmente para mantener el patrimonio en la misma familia.
Sánchez indicó también que “con el sistema actual no se pueden saber las relaciones de parentesco que existen entre los distintos funcionarios públicos que están en funciones críticas o los lazos familiares entre autoridades de alto nivel y los proveedores del Estado y eso es algo que en la experiencia internacional siempre se considera”.
El proyecto da la posibilidad de entregar los bienes en un fideicomiso ciego completo o en uno mixto donde la persona puede indicar los instrumentos en los que se deben manejar los recursos.
Revise el proyecto completo aquí: Fideicomiso
Los conflictos de intereses han sido una piedra en el zapato del Presidente Sebastián Piñera desde antes que asumiera su cargo. El fallido traspaso de Chilevisión puso una vez más sobre el tapete el hecho que, como máxima autoridad del país, debe legislar o pronunciarse en materias que podrían beneficiar directamente a las empresas que posee.
Por lo mismo, y anticipándose a la polémica que podría generar el retraso de su desvinculación del canal de televisión, este martes el Mandatario envió a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados una serie de indicaciones sustitutivas para apurar la aprobación del proyecto de Fideicomiso Ciego enviado por la administración anterior.
“Hemos enviado un proyecto de ley al Congreso para establecer un sistema más transparente de declaración de patrimonio e intereses de las autoridades y para establecer el fideicomiso ciego. Este proyecto apunta a garantizar la regla de oro de la democracia: que todos los servidores públicos siempre y en toda ocasión privilegien el interés público por sobre el interés privado y el bien común por sobre el bien particular”, dijo Piñera.
Según explicó el subsecretario de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado, los principales cambios que se introducen tienen que ver con definir claramente qué clase de autoridades tienen que desprenderse de su patrimonio cuando asuman cargos públicos; establecer para un segundo grupo de autoridades, como los subsecretarios, ciertas condiciones en las cuales deben entregar en administración su cartera de valores y designa a las instituciones validadas para administrar el fideicomiso.
Sin embargo, una de las mayores novedades que consagra la iniciativa es la obligación explícita de que el Presidente debe desprenderse de la propiedad de empresas que exploten la concesión de un canal de televisión.
“Se trata de dejar claramente establecido y con precisión la solución a los problemas de conflictos de intereses. Este proyecto es la culminación de un proceso que durante los gobiernos de la Concertación tardó más de la cuenta y que esta administración pretende zanjar de forma definitiva”, sostuvo Alvarado.
De esta forma, el Presidente de la República, Contralor, Diputados, Senadores y otras autoridades de primer nivel como los subsecretarios deberán traspasar la administración de sus bienes a terceros cuando las funciones propias de sus cargos tengan relación directa o indirecta con empresas que sean sujetas de fiscalización, tal como LAN o Chilevisión.
Las indicaciones buscan además especificar los activos a los que se aplica, definiendo qué tipo de patrimonio es el que genera conflicto de interés. En este sentido, el foco no es el monto, sino los intereses que afecta.
El texto también elimina el monto tope que establecía la obligatoriedad del fideicomiso a las autoridades que registraran un patrimonio mayor a las
470.000 UF. Este cambio ya se había aplicado a través de una indicación enviada por el Gobierno anterior en enero pasado.
Para el director ejecutivo de ProAcceso, Moisés Sánchez, todos los avances que se hagan en este sentido son positivos, sin embargo, subrayó que se podría utilizar esta oportunidad para delimitar mejor ciertos aspectos que aún no están claros en la legislación chilena y que tienen que ver, por ejemplo, con el traspaso de bienes a cónyuges. La normativa sólo obliga a trasparentar la información en caso de uniones de sociedad coyungal y no así aquellas con separación de bienes, subterfugio que se utiliza generalmente para mantener el patrimonio en la misma familia.
Sánchez indicó también que “con el sistema actual no se pueden saber las relaciones de parentesco que existen entre los distintos funcionarios públicos que están en funciones críticas o los lazos familiares entre autoridades de alto nivel y los proveedores del Estado y eso es algo que en la experiencia internacional siempre se considera”.
El proyecto da la posibilidad de entregar los bienes en un fideicomiso ciego completo o en uno mixto donde la persona puede indicar los instrumentos en los que se deben manejar los recursos.
Revise el proyecto completo aquí: Fideicomiso
Los conflictos de intereses han sido una piedra en el zapato del Presidente Sebastián Piñera desde antes que asumiera su cargo. El fallido traspaso de Chilevisión puso una vez más sobre el tapete el hecho que, como máxima autoridad del país, debe legislar o pronunciarse en materias que podrían beneficiar directamente a las empresas que posee.
Por lo mismo, y anticipándose a la polémica que podría generar el retraso de su desvinculación del canal de televisión, este martes el Mandatario envió a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados una serie de indicaciones sustitutivas para apurar la aprobación del proyecto de Fideicomiso Ciego enviado por la administración anterior.
“Hemos enviado un proyecto de ley al Congreso para establecer un sistema más transparente de declaración de patrimonio e intereses de las autoridades y para establecer el fideicomiso ciego. Este proyecto apunta a garantizar la regla de oro de la democracia: que todos los servidores públicos siempre y en toda ocasión privilegien el interés público por sobre el interés privado y el bien común por sobre el bien particular”, dijo Piñera.
Según explicó el subsecretario de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado, los principales cambios que se introducen tienen que ver con definir claramente qué clase de autoridades tienen que desprenderse de su patrimonio cuando asuman cargos públicos; establecer para un segundo grupo de autoridades, como los subsecretarios, ciertas condiciones en las cuales deben entregar en administración su cartera de valores y designa a las instituciones validadas para administrar el fideicomiso.
Sin embargo, una de las mayores novedades que consagra la iniciativa es la obligación explícita de que el Presidente debe desprenderse de la propiedad de empresas que exploten la concesión de un canal de televisión.
“Se trata de dejar claramente establecido y con precisión la solución a los problemas de conflictos de intereses. Este proyecto es la culminación de un proceso que durante los gobiernos de la Concertación tardó más de la cuenta y que esta administración pretende zanjar de forma definitiva”, sostuvo Alvarado.
De esta forma, el Presidente de la República, Contralor, Diputados, Senadores y otras autoridades de primer nivel como los subsecretarios deberán traspasar la administración de sus bienes a terceros cuando las funciones propias de sus cargos tengan relación directa o indirecta con empresas que sean sujetas de fiscalización, tal como LAN o Chilevisión.
Las indicaciones buscan además especificar los activos a los que se aplica, definiendo qué tipo de patrimonio es el que genera conflicto de interés. En este sentido, el foco no es el monto, sino los intereses que afecta.
El texto también elimina el monto tope que establecía la obligatoriedad del fideicomiso a las autoridades que registraran un patrimonio mayor a las
470.000 UF. Este cambio ya se había aplicado a través de una indicación enviada por el Gobierno anterior en enero pasado.
Para el director ejecutivo de ProAcceso, Moisés Sánchez, todos los avances que se hagan en este sentido son positivos, sin embargo, subrayó que se podría utilizar esta oportunidad para delimitar mejor ciertos aspectos que aún no están claros en la legislación chilena y que tienen que ver, por ejemplo, con el traspaso de bienes a cónyuges. La normativa sólo obliga a trasparentar la información en caso de uniones de sociedad coyungal y no así aquellas con separación de bienes, subterfugio que se utiliza generalmente para mantener el patrimonio en la misma familia.
Sánchez indicó también que “con el sistema actual no se pueden saber las relaciones de parentesco que existen entre los distintos funcionarios públicos que están en funciones críticas o los lazos familiares entre autoridades de alto nivel y los proveedores del Estado y eso es algo que en la experiencia internacional siempre se considera”.
El proyecto da la posibilidad de entregar los bienes en un fideicomiso ciego completo o en uno mixto donde la persona puede indicar los instrumentos en los que se deben manejar los recursos.
Revise el proyecto completo aquí: Fideicomiso
