Los problemas que los conservadores suelen tener por no sintonizar con los cambios en el mundo llegan a ser letales a escala política. Es lo que ocurrió al ahora ex embajador de Chile en Argentina, Miguel Otero, con el agravante de que su ámbito de acción era el diplomático y allí las representaciones de ciertos sectores de la sociedad no sirven.

Improvisado en estas lides, el abogado de 80 años demostró seguir anclado a un pasado, pero también –a diferencia de otras personas públicas de su edad- que no estaba capacitado para descifrar los códigos de la nueva actividad que emprendió.

El fue entrevistado por el diario local más importante, Clarín, como el enviado de Piñera, eso es cierto, pero, más allá de esa curiosidad periodística, como el nuevo encargado de implementar la siempre compleja y difícil interlocución entre Santiago y Buenos Aires.

Fue ahí donde Otero se perdió, porque en un momento del extenso diálogo dejó aflorar su condición de militante de un sector político de su país y no de representante del Estado en su conjunto. Se desubicó también geográficamente, porque estaba una nación que igualmente sufrió -y cuantitativamente más- los rigores de una cruenta dictadura militar, y en la misma época que la chilena. Es decir, en su defensa de esta última, el embajador  agravió al mismo tiempo a las víctimas y deudos de ambos regímenes.

Él no supo medir lo que se le venía encima: su gestión sería de ahora en adelante muy difícil, no tanto porque estaba ante un gobierno que recién honraba al Presidente Allende –en presencia del Presidente Piñera- y que siempre ha declarado adherir a los ideales de izquierda. Principalmente por la existencia de un ambiente ciudadano en que dejaron su impronta el activismo de las madres de Plaza de Mayo y el prestigio del Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El conservatismo de Otero no le permitió darse cuenta que después del fin de ambas dictaduras cambió la percepción de los DDHH y que su atropello ya no es tolerado por la conciencia mundial, aunque en el momento en que se violaron hubiese sectores que los ignorasen o los consideraran daños colaterales inevitables.

El abogado dejó establecido que él estaba entre estos últimos. Eso le ocasionaba daño, además, al gobierno que lo designó, cuyo líder, que ha reivindicado siempre su oposición al régimen de Pinochet, debió puntualizar, ante el problema creado, su defensa irrestricta, dentro y fuera del país, de los derechos humanos.

Dejando a un lado los balbuceos iniciales de que se habían emitido opiniones sólo personales y las aclaraciones posteriores de que un embajador habla siempre como tal, el episodio refleja que, expresadas o no, las opiniones en favor de la dictadura son parte del pensamiento de la derecha chilena. Es tanta la adhesión que un parlamentario de la región de Los Ríos, militante de Renovación Nacional, llegó a decir, al revelarse las exacciones del dictador al erario nacional, que nos salió “barato”.

Hay un pinochetismo sociológico en el país y, por la tanto, existe un pinochetismo político y ese lo representan los adherentes a la Alianza por Chile. Y Otero –quien fuera senador por accidente -al ocupar la plaza del asesinado Jaime Guzmán- desnudó eso ante los lectores  argentinos.

Por último, el senador Alberto Espina Otero, sobrino del caído embajador (la hermana de éste es madre del parlamentario), se quejó de que no se pueda disentir de la versión oficial dictada por la izquierda en el mundo. Pero no hay que confundir historias oficiales con verdades históricas y eso muchos chilenos que estuvieron con el golpe lo tuvieron claro con el Informe Rettig si no después, con el Informe Valech.

Espina acusó también a quienes “participaron y usufructuaron del régimen militar que hoy guardan un riguroso y cobarde silencio”. Pero ése es un problema de conducta política que deberá resolver internamente la derecha. El otro –el de la representación diplomática chilena en Argentina- ya lo dilucidó él peso de la opinión informada de ambos países.